La Conselleria de Educación se ha propuesto atajar el absentismo escolar desde todos los frentes posibles, para que al menos durante la enseñanza obligatoria la totalidad del alumnado acuda a clase con normalidad. Con este propósito, y en el marco del nuevo protocolo global para la prevención del absentismo elaborado por la dirección general de Educación Inclusiva, el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà, quiere ir más allá y que se vincule la recepción de la renta de inclusión con la asistencia a clase.
Lo que plantea la conselleria es que «se estudie vincular el cobro de la Renta Valenciana de Inclusión al compromiso, por parte de las familias receptoras, de garantizar la asistencia a clase de sus hijos menores de edad», señalan desde Educación.
Esta medida implica un compromiso expreso por parte de las familias que obtienen esta ayuda de la Generalitat, para que sus hijos no falten a clase y, por lo mismo, se les podría retirar la subvención en caso de absentismo escolar no justificado.
Según los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad, que dirige la a su vez vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la provincia de Alicante son más de 4.000 los niños menores de edad que reciben la Renta de Inclusión Valenciana en alguna de las modalidades establecidas: de inclusión social, por ingresos mínimos y de prestación complementaria.
En su conjunto son 2.891 las familias beneficiarias de estas ayudas en la provincia, con un total de 5.597 menores de 18 años de edad a su cargo, aunque la propuesta de Educación afectaría a los que cursan estudios obligatorios hasta los 16 años, dato que ronda los más de 4.000 alumnos citados.
La dirección general de Educación Inclusiva, a cargo de Raquel Andrés, ha comunicado esta pretensión en el marco de una reunión mantenida con las direcciones generales de Infancia y Adolescencia, y de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, ambas pertenecientes a la Conselleria de Igualdad; así como con la de Administración Local, incluida en Presidencia de la Generalitat; y las Fiscalías de Menores de las tres provincias, junto al Consejo Escolar Valenciano y la Federación de Municipios y Provincias.
Técnicos
En palabras de la directora general, Raquel Andrés, «hemos desarrollado un marco general de colaboración interinstitucional para disminuir las tasas de absentismo escolar, fracaso escolar y abandono prematuro». Y es en este marco en el que solicita vincular el cobro de la renta de inclusión a la obligada asistencia a clase de los niños cuyas familias reciban las ayudas.
Raquel Andrés también propone al resto de organismos citados, ante los que ha presentado el nuevo protocolo de absentismo, «establecer recursos y medidas específicas», destinados tanto a las zonas de acción singular como a los barrios inclusivos.
En concreto se trata de dotarles de «un educador social o de un técnico especialista en integración social» -como señalan desde Educación- para que con el apoyo y acompañamiento directo del resto de las instituciones y de los centros educativos, el citado profesional pueda llevar a cabo «las tareas necesarias con las familias», para combatir el absentismo del alumnado de una forma más efectiva.
Finalmente, entre responsables del Consell, de la Fiscalía de Menores y de la Federación de Municipios se va a constituir a su vez una comisión mixta para facilitar «el consenso» y la puesta en prática de los «acuerdos y convenios» que coordinen todas las actuaciones previstas.
