La Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por colectivos vecinales y, entre otros, ecologistas de la ciudad de Alicante, ha trasladado a José María Ángel, director general de Emergencias de la Generalitat, las razones por las que se oponen al proyecto para la construcción de un complejo con seis macrodepósitos en el puerto de Alicante. Entre los motivos, la peligrosidad de unas instalaciones para mover cien mil toneladas de combustible todos los años y el propio proyecto que, según subraya Carmen Sánchez Brufal, miembro del plataforma, va en contra de la propia estrategia ambiental 20/30 del Gobierno.

Los afectados también trasladaron a Ángel el peligro que provocará la propia operativa de esta actividad, ya que los barcos fondearán próximos a un Lugar de Interés Comunitario como es la reserva marina de Tabarca y "después el intenso tráfico de camiones cisterna cargados de combustible", señala Carmen Sánchez Brufal. Por su parte, el director general de Emergencias, aparte de tomar nota de las explicaciones, les remitió a una próxima consulta, una vez que el proyecto llegue a su despacho, ya que antes debe superar los requisitos impuestos por el Ayuntamiento y Medio Ambiente.

Recordar, en este sentido, que el Ayuntamiento de Alicante acaba de dar un paso adelante al exigir que la promotora Business 90 debe obtener, previa a la petición de la licencia, la Declaración Estratégica Ambiental de la Generalitat. Requisito planteado por el servicio jurídico municipal que, no obstante, no ven claro otras fuentes cercanas al proceso. La tramitación de la construcción de los polémicos seis macrodepósitos para mover combusible ha quedado aplazada hasta conocerse el dictamen de la Conselleria de Medio Ambiente. Los letrados municipales consideran que no existe silencio administrativo en la concesión de la licencia y, en el caso de que lo habría, éste hubiera sido desestimatorio. Algo que, por otro lado, ya dejó claro en entonces edi de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, cuando se negó a firmar en 2016 el decreto que hubiera dado la licencia de los depósitos en base a un informe ambiental favorable de los técnicos, al considerar que debía revisarse si podía ser necesario un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, entre otros procedimientos exigibles que no son municipales.

La promotora de los macrodepósitos mantiene abierta una reclamación de la licencia por la vía de lo contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Alicante, al entender que el silencio municipal le da derecho contar con la licencia, algo descartado por Urbanismo desde el pasado verano, Terminales Marítimas del Sureste, viera aprobada la modificación de la concesión en el muelle 19.

En cuanto a los problemas de seguridad que la planta podría provocar en las viviendas, colegios y la reserva marina de Tabarca en caso de producirse un accidente, al margen de la denuncia sobre el aumento del tráfico de camiones cisterna, una de las alegaciones más potentes presentadas al proyecto, la Autoridad Portuaria de Alicante, sostuvo en su respuesta en julio de 2019 que no existen razones fundadas para se considerara viable la alegación, ya que correspondía «a otras administraciones establecer los requisitos necesarios para garantizar y determinar su viabilidad. Cada instalación tiene que cumplir unos condicionados en materia de seguridad industrial en función de su emplazamiento, capacidad, tipología de producto de la misma forma que una gasolinera integrada en la trama urbana de Alicante». La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat.