La quinta sesión de la comisión de limpieza de colegios, que investiga posibles irregularidades en la prestación del servicio, sirvió para escuchar, de nuevo, el testimonio del primer responsable del servicio, que fue cesado en su cargo un año después de arrancar el contrato. Tras su intervención en una comisión anterior y después de escuchar el jefe de servicio de Infraestructuras, el técnico municipal pidió ayer de nuevo la palabra. Y lo hizo para señalar directamente al citado jefe de servicio y al concejal del área entre abril de 2018 y junio de 2019, el popular Israel Cortés, a los que acusó de «injerencias» en su labor de control a la UTE formada por Clece y Fissa, cuyos responsables rechazaron participar en la comisión al tener carácter político: «La supervisión y control del servicio por parte del Ayuntamiento debe ajustarse al procedimiento que consta en las condiciones por las que se rige el contrato».
En una intervención que se prolongo unas tres horas, el funcionario habló de «injerencias externas», en alusión por ejemplo a supuestas reuniones que mantuvieron el jefe de servicio y el entonces edil del área con representantes de la adjudicataria al margen de su labor de control. «Interfirieron en el control [del servicio] y dieron oxígeno a la contratista. Crearon un canal de comunicación oficioso», afirmó el funcionario, quien defendió de nuevo que la UTE no cumplió con el contrato en el verano de 2018, al no disponer de la plantilla que se exigía en el pliego y en la incluida también en la oferta con la que se impuso en el concurso. Además, también resaltó de nuevo que la negativa de la empresa de instalar los mecanismos de control del personal -que también figuraban en el pliego y en la oferta- le «hurtaban» herramientas en su labor de supervisión de la prestación de un contrato con un presupuesto anual de 17 millones.
También, en su intervención a petición propia («por alusiones»), reiteró sus intentos para realizar descuentos a los pagos mensuales a la adjudicataria en el primer año de vigencia del contrato (fue cesado en abril de 2019) que, según su opinión, contaron siempre con la oposición del jefe de servicio y también del concejal Israel Cortés.
También un informe
Tras la comparecencia del funcionario, la comisión acordó invitar a la próxima sesión (prevista para el lunes 9 de marzo) al concejal señalado por el funcionario, además de a su antecesora (la socialista Gloria Vara) y al actual responsable y presidente de la comisión, el popular José Ramón González.
Los representantes políticos en la comisión también pactaron solicitar un informe jurídico al Ayuntamiento para abordar la posibilidad de retener la fianza a la UTE ante posibles descuentos. El actual edil de Infraestructuras destacó ayer que el funcionario admitió que se adjudicó el contrato por 14,25 millones (más IVA) pese a que sólo el coste de la plantilla supone 14,5 millones (más IVA).
