Hace ya un año que el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación o LOMLOE, más conocida como «Ley Celaá», pero el proceso quedó truncado y no pudo llegar al Parlamento nacional por la inminencia de la convocatoria electoral pasada. Ahora, el Gobierno tiene previsto volver a aprobar ese mismo proyecto, para lo que ha convocado hoy al Consejo de Ministros y posteriormente debatirá las enmiendas en la Comisión de Educación, lo que puede prolongar su aprobación varios meses.
Los principales cambios que contempla la normativa con respecto a la anterior ya se han puesto en marcha en esta Comunidad, como afirman los directores de colegios e institutos consultados por este diario. No obstante, hacen hincapié en la necesidad de que equilibrar la admisión de alumnos con necesidades educativas especiales en centros públicos, donde ahora mismo están matriculados la mayoría de estos niños, como en concertados.
Para que esto sea posible, la comunidad educativa coincide de forma unánime en reclamar más recursos profesionales para los centros concertados, y que cualquier alumno que precise especialistas logopedas, de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica, disponga de la misma posibilidad que el resto de sus compañeros a la hora de escoger un colegio o instituto en su barrio, independientemente de que sea público o concertado.
Apoyo
«No es que los centros concertados no admitamos a estos alumnos, es que hacen falta recursos como en los centros públicos, y se han empezado a dotar a través del PAM o plan de mejora de cada centro», apunta la presidenta de las Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez. Es el plan por el que la Conselleria de Educación dota a los colegios de los profesionales que solicitan para impartir refuerzos educativos de todo tipo.
Rodríguez pone el acento de su crítica hacia la nueva ley en el hecho de que no se hayan dado a conocer resultados de la evaluación de la anterior legislación. «Es lo más grave, una ley más que desconcierte al profesorado y descentre a las familias, con la sensación de un cambio continuo e inseguridad, sin saber los resultados de las anteriores. Aunque no cambie radicalmente aspectos del currículo, me preocupa que se cambie por cuestiones ideológicas», subraya la representante de las Escuelas Católicas.
Al igual que el resto de representantes consultados admite que en la Comunidad, el Gobierno del Botànic ya reparte al conjunto del alumnado en todos los centros independientemente de sus recursos económicos, algo que incluye la ley para otras autonomías. El proceso de admisión de alumnos en la Comunidad prima la renta per cápita de las familias para elegir centro, -y sube a 4 puntos este próximo curso-, además de la cercanía del domicilio y el número de hermanos. La «Ley Celaá» incluye el reparto de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos y evitar guetos.
Pero también los directores ponen el acento en la necesidad de que se dote de suficientes becas a alumnos carentes de recursos que elijan un centro concertado, porque sin ese apoyo los padres no van a escoger unos centros que a la hora de la verdad, por el precio del servicio del comedor escolar y de las extraescolares, se convierten en imposibles por su coste.
La ministra Celaá ha declarado repetidamente su intención de que la escuela pública no sea subsidiaria de la concertada y es el mismo argumento por el que la Conselleria de Educación revisa cada año la ratio de alumnos por aula en las localidades y, partiendo de los resultados en los centros públicos, aplica la medida en los concertados para aceptar o no la petición de subvención de aulas.
«Para que se concierten las aula en la Comunidad tienen que hacer falta de verdad, no parece que aquí se introduzcan grandes cambios, pero la asignatura en valores puede chocar con las familias que consideren que sus valores morales sean otros», deja caer Miguel Ángel Latorre, secretario general de la patronal de centros concertados en la provincia.
En los centros públicos, sin embargo, reciben con buenos ojos la nueva materia que quiere introducir el ministerio. Ginés Pérez, por los directores de colegios, destaca que transversalmente la imparten a diario en tutorías y proyectos de igualdad y convivencia, pero que prefiere que sea una asignatura. El representante de los institutos, Toni González Picornell, interpreta que sustituirá a la actual sobre Valores Éticos.
