Reclamar una ley estatal para regular la mediación penal en toda España, un protocolo para articular estas negociaciones en la Comunidad Valenciana y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitirla en casos leves de violencia de género. Éstas fueron las principales conclusiones de la jornada sobre mediación penal organizada ayer entre el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), la Fundación CAM la Universidad de Alicante (UA) y la UNED en un curso dirigido por el magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Procesal de la UNED, Vicente Gimeno Sendra y al que asistieron más de medio centenar de profesionales. La jornada iba dirigida a abogados, criminólogos y psicólogos, fundamentalmente, y profesionales del mundo del Derecho orientados a obtener la titulación de mediador.
La jornada estuvo orientada a dar respuesta a los profesionales a buscar en qué casos se puede aplicar la mediación penal, cómo ha evolucionado la Justicia restaurativa en España y qué trabajo queda todavía por hacer en esta materia.
El director general de Reformas Democráticas y acceso a la Justicia de la Conselleria de Justicia, José García Añón, junto al decano del ICALI Fernando Candela, así como el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luis Boyer fueron los encargados de inagurar la jornada; mientras que la clausura corrió a cargo del presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón, el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa y el catedrátrico de Derecho Procesal de la UA José María Asencio, entre otros.
Sin regulación
El director de la jornada Gimeno Sendra aseguró ayer este diario que el sentir unánime de los participantes era reclamar al Gobierno Central la elaboración de una ley que regule la mediación penal en toda España, una medida que se ha hecho más necesaria después de que en el año 2012, excluyera expresamente la vía penal de su ámbito de actuación. Aunque la mediación en la jurisdicción penal no está regulada, son los propios jueces de Instrucción quienes plantean enviar a las partes a esta vía si se dan las condiciones.
La mediación busca un acuerdo entre delincuente y víctima que pasa por el hecho de que el acusado reconozca su delito, se arrepienta y esté de acuerdo en reparar el daño al perjudicado. El objetivo es que las partes se sienten a hablar para lograr un acuerdo satisfactorio, sin necesidad de llegar al juicio.
En Alicante, se puso en marcha hace años un programa piloto en un juzgado de lo Penal por el Consejo General del Poder Judicial para que los mediadores pudieran poner de acuerdo a los delincuentes con sus víctimas. Un programa que se quedó en una mera experiencia piloto y que después no ha tenido continuidad.
Otra de las conclusiones fue urgir a la Comunidad Valenciana para que elabore un protocolo sobre la manera de poner en marcha este proceso en todo el territorio, tal y como ya funciona en otras comunidades como el País Vasco. Gimeno Sendra explicó que allí se derivan cerca de 1.300 asuntos con un porcentaje de acuerdo entre las partes en el sesenta por ciento de los casos que se derivaron a esta vía.
Otra de las conclusiones fue el reclamar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial después de que en el año 2004 que excluyera expresamente los delitos de violencia de género del ámbito de la mediación penal. «Los jueces y los fiscales son capaces de diferenciar perfectamente en qué casos estamos ante un maltratador que es un psicópata peligroso de otros casos que son leves y que sí que podrían reconducirse por la vía del acuerdo», explicó ayer a este diario el magistrado emérito del Constitucional. En el actual panorama legal, cualquier maltratador no puede acogerse a la mediación penal. En opinión de Gimeno Sendra, «no debe meterse todo en el mismo saco» y poder permitir mediaciones en aquellas situaciones en las que sí sería posibles la vía del acuerdo.
