«Un laberinto imposible de cumplir en los plazos previstos». Así calificó ayer el Síndic de Greuges, Ángel Luna, tanto las valoraciones de la Dependencia, a las que los ciudadanos tienen derecho por ley, como el sistema para obtener la Renta Valenciana de Inclusión o la acreditación como víctima de violencia de género para poder recibir las ayudas.

Luna, que ha sido conseller, diputado, senador y alcalde de Alicante a lo largo de su carrera y desde noviembre Síndic de Greuges, cargó con dureza contra la excesiva burocracia y el incumplimiento sistemático de unas leyes que «si no se creen quienes las promulgan, cómo se las van a creer los ciudadanos». Lo hizo en el Foro Alicante, organizado por INFORMACIÓN, con la colaboración de la Universidad de Alicante, Bankia y la CEV, que reunió a representantes políticos, académicos y empresariales de la provincia.

Luna aseguró que su «objetivo esencial» como Síndic de Greuges «va a ser la lucha por una buena administración como base para defender los derechos básicos y esenciales de los ciudadanos, sobre todo, de los más débiles». Y en esta línea «denunciar las ineficacias de la administración».

Por eso puso sobre la mesa sus principales preocupaciones que pasan por los servicios sociales citados, la atención a los menores, incluidos los extranjeros no acompañados ingresados en centros, y la transparencia de las administraciones públicas. «La Comunidad Valenciana tiene reconocidos unos derechos equiparables a los de cualquier estado del bienestar, pero no puede presumir de tener una buena administración desde el punto de vista de la eficacia de los derechos», denunció.

Como ejemplo de esta ineficacia y para concretar sus críticas explicó de manera pormenorizada los trámites cruzados entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, y los ayuntamientos para la valoración de los casos de la Dependencia. Un sistema que además «está colapsando los servicios sociales municipales», añadió Luna. El Síndic señaló que la institución ya advirtió en 2016, cuando la conselleria puso en marcha en la provincia de Alicante el proyecto piloto para la valoración de las situaciones de dependencia descargando en los ayuntamientos la función de realizar esa valoración, que el sistema no funcionaría. «Realizamos una resolución contundente alertando de que ese sistema no iba a funcionar y no solo no se corrigió, sino que se amplió a toda la Comunidad. Y se extendió a la Renta Valenciana de Exclusión», lamentó.

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta, según destacó el Síndic, que la Ley 9/16 de Procedimientos de Emergencia Ciudadana declaró procedimientos de urgencia las ayudas de carácter social de emergencia, a la violencia de género, la discapacidad o la dependencia. Los expedientes se debían tramitar de urgencia y por lo tanto los plazos se reducían a la mitad, cuando ni siquiera se estaban cumpliendo los plazos ordinarios. La ley recoge que si los plazos no se respetan se obtendrán los derechos por silencio administrativo. Pero «cuando le decimos a la administración que una persona lleva dos años esperando una valoración de discapacidad a la que tiene derecho nos dice que no es posible hacerla». Al final, «concluimos que es mejor que cambien la ley pero que no creen falsas expectativas», argumentó.

Del mismo modo habló sobre la Ley de Función Social de la Vivienda, una norma «muy ambiciosa que establecía la vivienda como un derecho subjetivo y establecía que en cuanto un ciudadano solicitaba una vivienda la Generalitat, a los seis meses, tenía que ponerla a su disposición o una ayuda pública sustitutiva». «Lo que se ha puestom en marcha un mecanismo de evasión de los derechos», afirmó, ante las trabas que se encuentran estas personas en riesgo de exclusión.

Para Luna, «la única arma del Síndic es el reproche público al denunciar que una administración actúa mal y por eso necesita como aliados a los medios de comunicación». En esta defensa de los «derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos», el que fuera histórico socialista asume que «voy a acabar con muchos menos amigos de los que tenía al entrar» a dirigir la Sindicatura de Greuges. Pero dijo tener claro que «para los más desfavorecidos y más vulnerables, el Síndic es su último recurso» para hacer cumplir sus derechos.

Ángel Luna también exigió al Consell el desarrollo de una Estrtegia Valenciana para la Infancia y la Adolescencia porque «una sociedad que no cuida a sus menores tiene mal futuro», señaló a los asistentes al Foro.

«La amenaza de acudir a la Fiscalía ha surtido efecto con el alcalde de Orihuela»

El Síndic recuerda que los alcaldes que no contestan a los requerimientos pueden incurrir en un delito de desobediencia

«La amenaza de acudir a la Fiscalía ha surtido efecto con los alcaldes de Orihuela y Oliva» para que contesten a los requerimientos del Síndic, afirmó ayer Ángel Luna. «Acudir a la Fiscalía ante la falta de respuesta a los requerimientos es una vía que está ahí y se puede utilizar si queremos que la institución sea de utilidad», expuso el Síndic de Greuges.

Además, recordó que los alcaldes que no contestan a las peticiones de la Sindicatura pueden incurrir en un delito de desobediencia que podría derivar en una pena de inhabilitación.

Preguntado en el Foro Alicante por si llevaría a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, también a la Fiscalía, Luna aseguró que tras sus críticas en la presentación de la Memoria Anual del Síndic en las Cortes de los más de cien expedientes que la conselleria había dejado de contestar, «en estos momentos la conselleria sí está contestando». Sobre Oltra versó otra de las preguntas de los asistentes. En este caso, sobre si Luna creía que la consellera debía dimitir de su cargo tras las acusaciones contra ella por el caso de abuso sexual a una menor en un centro tutelado por parte de su exmarido. «Esa decisión no es de mi competencia», zanjó.

En cuanto al plurilingüismo, el Síndic explicó que «sobre los temas sub iudice no puedo pronunciarme -el decreto sobre las lenguas de la administración está en el Tribunal Supremo-». «Pero sí puedo decir que hay una queja abierta presentada por diputados de Cs por la aplicación de la ley de plurilingüismo en Educación», dijo. En este sentido, el Síndic ha solicitado un informe a la conselleria sobre la aplicación de la ley y cómo está implementándose. Y otro al Defensor del Pueblo porque «esta ley se aprobó estando Rajoy de presidente y no está recurrida. He preguntado si alguien la recurrió en el Defensor del Pueblo». «Todavía pueden recurrir al Constitucional quienes no quieren que se aplique», invitó. «Se critica genéricamente pero no hay denuncias por vulneración de derechos», apostilló.

El Síndic opina que sí debe existir la exigencia del requisito lingüístico para los funcionarios que están de cara al público. «Si somos una comunidad bilingüe que tiene reconocidas como lenguas oficiales el castellano y el valenciano es evidente que cada ciudadano puede dirigirse a la administración en la lengua que quiera y el expediente debe continuarse en la lengua en la que se haya iniciado», concluyó.

Por otra parte, Luna quiso dejar claro que «existe una obligación de dar respuesta por escrito a los ciudadanos que presentan una petición al ayuntamiento». Y abundó en que «todavía es más sangrante cuando es un concejal de la oposición el que pide un informe». «Los ediles tienen derecho a acceder a toda la documentación municipal y los alcaldes no pueden excusarse en la ley de Protección de Datos para no facilitarla», apuntó Luna. «Si después se realiza un mal uso de esa información, que se aplique la ley de Protección de Datos», añadió.

«Este tema pone de manifiesto graves carencias en las convicciones y los valores democráticos de muchos titulares de poderes públicos que piensan que la institución es suya y los papeles también», concluyó ayer el Síndic de Greuges.