n «La amenaza de acudir a la Fiscalía ha surtido efecto con los alcaldes de Orihuela y Oliva» para que contesten a los requerimientos del Síndic, afirmó ayer Ángel Luna. «Acudir a la Fiscalía ante la falta de respuesta a los requerimientos es una vía que está ahí y se puede utilizar si queremos que la institución sea de utilidad», expuso el Síndic de Greuges.
Además, recordó que los alcaldes que no contestan a las peticiones de la Sindicatura pueden incurrir en un delito de desobediencia que podría derivar en una pena de inhabilitación.
Preguntado en el Foro Alicante por si llevaría a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, también a la Fiscalía, Luna aseguró que tras sus críticas en la presentación de la Memoria Anual del Síndic en las Cortes de los más de cien expedientes que la conselleria había dejado de contestar, «en estos momentos la conselleria sí está contestando». Sobre Oltra versó otra de las preguntas de los asistentes. En este caso, sobre si Luna creía que la consellera debía dimitir de su cargo tras las acusaciones contra ella por el caso de abuso sexual a una menor en un centro tutelado por parte de su exmarido. «Esa decisión no es de mi competencia», zanjó.
En cuanto al plurilingüismo, el Síndic explicó que «sobre los temas sub iudice no puedo pronunciarme -el decreto sobre las lenguas de la administración está en el Tribunal Supremo-». «Pero sí puedo decir que hay una queja abierta presentada por diputados de Cs por la aplicación de la ley de plurilingüismo en Educación», dijo. En este sentido, el Síndic ha solicitado un informe a la conselleria sobre la aplicación de la ley y cómo está implementándose. Y otro al Defensor del Pueblo porque «esta ley se aprobó estando Rajoy de presidente y no está recurrida. He preguntado si alguien la recurrió en el Defensor del Pueblo». «Todavía pueden recurrir al Constitucional quienes no quieren que se aplique», invitó. «Se critica genéricamente pero no hay denuncias por vulneración de derechos», apostilló.
El Síndic opina que sí debe existir la exigencia del requisito lingüístico para los funcionarios que están de cara al público. «Si somos una comunidad bilingüe que tiene reconocidas como lenguas oficiales el castellano y el valenciano es evidente que cada ciudadano puede dirigirse a la administración en la lengua que quiera y el expediente debe continuarse en la lengua en la que se haya iniciado», concluyó.
Por otra parte, Luna quiso dejar claro que «existe una obligación de dar respuesta por escrito a los ciudadanos que presentan una petición al ayuntamiento». Y abundó en que «todavía es más sangrante cuando es un concejal de la oposición el que pide un informe». «Los ediles tienen derecho a acceder a toda la documentación municipal y los alcaldes no pueden excusarse en la ley de Protección de Datos para no facilitarla», apuntó Luna. «Si después se realiza un mal uso de esa información, que se aplique la ley de Protección de Datos», añadió.
«Este tema pone de manifiesto graves carencias en las convicciones y los valores democráticos de muchos titulares de poderes públicos que piensan que la institución es suya y los papeles también», concluyó ayer el Síndic de Greuges.
