La comisión municipal Puerto-Ciudad echó a andar este miércoles, cuatro meses después de que los grupos la aprobasen por unanimidad en el pleno del pasado mes de octubre. Y empezó a rodar con dos objetivos prioritarios sobre la mesa y una duda en el ambiente.
Los grupos señalaron el controvertido proyecto de macrodepósitos en el puerto -pendiente de autorización- y el movimiento de graneles (con la construcción de la ya acordada nave cerrada) como los principales asuntos pendientes, los retos más inmediatos. Mientras, por otro lado, acordaron invitar a la Autoridad Portuaria a participar en las próximas reuniones del órgano municipal.
Lo hicieron, eso sí, con cierto recelo, ya que la institución presidida por Juan Antonio Gisbert no se mostró a favor de participar en el Consejo Puerto-Ciudad que impulsó el Ayuntamiento durante el pasado mandato. De hecho, a finales de 2018, con el PP ya al frente de la Alcaldía de Alicante, la Autoridad Portuaria declinó participar en las reuniones del órgano municipal: «Ya indicamos en las alegaciones [al Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo local Puerto-Ciudad de Alicante] que gran parte de los asuntos que se pretendía atribuir a ese consejo local eran competencia exclusiva del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, en el que el Ayuntamiento está representado; por lo que declinaba, en caso de crearse, integrarse en ese consejo local».
En esta ocasión, a preguntas de este diario, la respuesta fueron largas a su presencia en el órgano municipal impulsado por el PSOE y apoyado por el resto de grupos: «La Autoridad Portuaria no tiene conocimiento oficial de la existencia de una comisión Puerto-Ciudad, ni de sus componentes y funciones. En consecuencia, no está en condiciones de manifestarse al respecto».
Primera votación
La invitación formal a la Autoridad Portuaria la puso sobre la mesa el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, uno de los supervivientes del pasado mandato con presencia en la comisión. A ella se sumó Unidas Podemos, quien propuso además invitar a colectivos sociales afectados por las decisiones del Puerto. Los socialistas, por su parte, insistieron en el que la comisión (al margen de a quien se invite) debe ser un «espacio para los grupos municipales para conseguir una voz unánime que trasladar al Puerto».
El principal escollo en la sesión constitutiva de la comisión se produjo a la hora de decidir la periodicidad. En resumen, la izquierda pretendía que las convocatorias fueran más continuas (mensuales) y el bipartito (trimestrales), espaciarlas más en el tiempo. Al final, se votó y salió adelante la propuesta intermedia del PSOE, al sumarse Unidas Podemos, Compromís y también Vox. Así, la comisión se reunirá al menos cada dos meses, aunque puede hacer sesiones extraordinarias si se producen asuntos urgentes a tratar. En la próxima sesión, está previsto que el presidente haga un informe de situación, en el que se prevé poner negro sobre blanco los principales asuntos entre la ciudad y el Puerto, con los macrodepósitos al frente.
La oposición reclama el informe jurídico que compromete al Consell
Los grupos de la oposición reclamaron al bipartito conocer el informe jurídico que confirma que la Conselleria de Transición Ecológica, dirigida por la ilicitana Mireia Mollà, debe dar el visto bueno ambiental al proyecto que pretende construir macrodepósitos de combustible en suelo portuario. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), aseguró que el Ayuntamiento remitió el escrito jurídico a la conselleria a finales de la pasada semana. La primera sesión, la constitutiva de la comisión Puerto-Ciudad, se cerró sin apenas avances: sólo se reclamó un informe de situación al presidente, junto al informe jurídico, y se acordó la periodicidad.
