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La cuarta vía

El precio de frutas y verduras debe ajustarse al esfuerzo del agricultor

El Gobierno tiene que dejar de plegarse a las grandes distribuidoras y a la UE, que está más pendiente de subvencionar cultivos no rentables que de impulsar una agricultura potente en el Mediterráneo

Una mujer observa frutas y verduras en un puesto del Mercado Central de Alicante. JOSE NAVARRO

«Es el mercado, amigos». Pues no. La aseveración acuñada en su día por el entonces todopoderoso Rodrigo Rato, repetida después durante las sesiones de los juicios que acabaron con sus huesos en la cárcel, me ha venido estos días a la cabeza tras analizar la precaria situación que viven los agricultores de la provincia, y el resto de sus colegas de toda España, por la crisis de precios en un sector denostado, acorralado, politizado en exceso pero que, no se olviden, es el que pone todos los días en nuestras mesas los productos de la tan cacareada dieta mediterránea defendida hasta la saciedad por los gurús que todo lo saben (en esta ocasión con razón), pero que a la hora de la verdad está contra la cuerdas por la falta de apoyo de base.

Hace unos días, en estas mismas páginas, Cándido y José, agricultores que pasan de los 40 años y que se incorporaron al sector primario de la mano de sus padres cuando a ambos comenzaba a brotarles el acné, nos trasladaban la realidad del mundo agrícola. Cándido lleva varias semanas aplicando la motosierra a parte de sus árboles frutales y viñedos porque los costes de producción duplican el precio que el intermediario le ofrece a pie de bancal. O sea, imposible de aguantar. José, tres cuartas partes de lo mismo. Acaba de dejar en sus olivos 15.000 kilos de aceitunas y se ha ido a trabajar por cuenta ajena para, al menos, contar con un jornal con el que poder comer. Hace tiempo que necesita cambiar el tractor y ya no aguanta más. A ambos les ofrecen los mismos precios que les pagaban a sus padres cuando tenían su edad (entonces en pesetas claro), y ya no pueden soportarlo. Ambos, como todos nosotros, pero para ellos es todavía más duro, ven como un kilo de melocotón por el que les dan 30 céntimos a la sombra del bancal, puede superar luego los dos euros en el pasillo del supermercado, si es en Alicante o hasta el euro por pieza en fruterías de Londres, París o Berlín, a las que Ryanair nos permite llegar con los billetes low cost.

La situación es dramática y esta próxima semana habrá tractorada de los agricultores en el Medio Vinalopó para tratar de que se visibilice un problema que llevan padeciendo desde hace ya diez años, y que poco a poco les ha ido poniendo contra las cuerdas al sumárseles otros palos en la ruedas del carro, como son el bloqueo del trasvases Júcar-Vinalopó, la amenaza al Tajo-Segura, la falta de agua de calidad, la subida del gasóleo y la electricidad, o la práctica desaparición de las subvenciones. La Administración lo sabe, a los políticos se les llena la boca anunciando soluciones que son imposibles como una ley de precios, que impida vender a pérdidas, es decir, que te machaquen los intermediarios, de incierto futuro en la Comisión Europea. Ese estado de estados que abrasa a sus socios con infinidad de directivas, pero que luego permite que terceros países inunden Europa con sus productos hortofrutícolas, como el caso del tomate marroquí.

Algo hay que hacer, sin duda, y también deben de poner de su parte los agricultores, reforzando sus estructura de comercialización. El hecho de que siete u ocho grandes grupos controlen la producción de miles de pequeños agricultores tampoco es sostenible. Y la Generalitat, que subvenciona el 70% de la producción ecológica, también debe poner de su parte en la batalla de los precios presionando a Madrid y, a su manera, a Bruselas, esa plaza a la que semana sí y semana también, se desplazan nuestros cargos públicos. Comerse una naranja en la feria de Berlín está muy bien, pero pelear para que esa «salustiana» que se cotiza a euro la pieza, no se pague a 15 céntimos el kilo al productor, estaría mejor, y ese debe ser el objetivo.

Bruselas, con el gobierno español y la Generalitat de cómplice, ha estado más preocupada en los últimos años de repartir subvenciones a la agricultura continental del interior de España, que por configurar explotaciones agrarias y estructuras de comercialización eficientes y competitivas en el Mediterráneo, y ha mirado siempre hacia otro lado cuando se trataba de velar por las producciones hortofrutícolas mediterráneas. Tampoco se ha preocupado lo más mínimo por la incorporación de agricultores jóvenes y por el relevo generacional. Al sector de la almendra se le ha retirado, por ejemplo, la escasa subvención que recibían los productores más pequeños, contribuyendo también con ello al abandono de este cultivo, si cabe, también muy amenazado por la Xylella. Subvenciones en las que debieran primar el mantenimiento de nuestros paisajes agrarios tradicionales, como es el cultivo del almendro o el viñedo, vital para la industria del turrón y para nuestras bodegas y, por qué, no para el turismo.

Los bajos precios en el mercado, la falta de agua de calidad y la ausencia de relevo generacional en muchas explotaciones agrícolas -el 70% de la agricultura alicantina se cimenta todavía en pequeños productores- ha provocado que la provincia de Alicante haya perdido 30.000 hectáreas en producción en los últimos 15 años, un 13% de la superficie. La situación empieza a ser tan grave que sólo en los últimos doce meses los agricultores han arrancado 1.500 hectáreas de árboles frutales y hortalizas, los cultivos, junto al olivar para aceite, más sensibles a los precios.

Los costes varían dentro de la propia provincia y no es lo mismo producir alcachofa que granada o uva de mesa. Otro factor es el precio de los productos fitosanitarios o los fertilizantes, que se encarecen conforme superan controles de calidad y normas ministeriales y europeas. Así, te encuentras con que los productos que valían siete euros el litro pasan a costar 30. Todo eso se acumula en el coste y nosotros cumplimos con la legislación, pero entran al mercado productos de Marruecos o Latinoamérica que no cumplen la normativa. Es como competir con la economía sumergida pero con los costes cada vez más altos para nosotros.

El aumento de las importaciones de tomate procedentes de Marruecos ha provocado una caída de los precios en el mercado europeo en más de un 43% en los últimos cinco años. Los productores del país magrebí están incumpliendo los acuerdos con la Unión Europea, sobrepasando el contingente asignado y con un precio inferior al estipulado en el acuerdo. Los tomates marroquíes llegan a los mercados europeos prácticamente sin precio. Además, estas circunstancias coinciden en el tiempo con un periodo de descenso de la producción de tomates, uno de los cultivos más importantes de la provincia. La superficie dedicada a este cultivo ha caído en los últimos cuatro años un 50% y la producción un 36,4%.

Resulta urgente plantear una estrategia de creación de valor, no de redistribución del valor generado, en la cual el agricultor perciba una parte mayor del valor añadido de su cosecha gracias a tener canales de venta fortalecidos, lejos de posiciones de dominio, con una marca identificable y con un mercado real y potencial amplio. Esto pasa inexorablemente por una reforma en profundidad de la PAC para eliminar los pagos directos y transferirlos al segundo pilar de pagos condicionados.

El sector agrícola de bajo valor añadido se ha ido manteniendo gracias a los fondos directos de la PAC, esos que no se ven en la provincia de Alicante y a un mecanismo de precios de saldo para los agricultores generando un negocio de márgenes muy estrechos o, directamente, sin margen. La presión de los costes salariales, unida al incremento de los precios energéticos, provoca, por otro lado, que lo que era asumible sea hoy imposible, abocando a las pequeñas explotaciones al cierre y provocando una rebelión de los agricultores. ¿La culpa es del mercado? Pues corrijámoslo y no nos refugiemos en las aseveraciones de personajes a los que mejor no imitar.

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