«Somos responsables la sociedad entera y habrá que ver las medidas que se toman porque está en juego la vida de un menor». El presidente del sindicato docente ANPE, Laureano Bárcena, al hilo del intento de suicidio de un menor por acoso escolar en Mutxamel, insiste en que vienen advirtiendo desde hace tiempo de los índices de «mala convivencia escolar, pese a que los institutos tienen un protocolo de actuación que siguen a rajatabla», por lo que concluye que «las normativas que hay, a día de hoy, no garantizan la buena convivencia escolar».
También desde el STEPV sopesan que los protocolos de convivencia no están bien resueltos, que los mecanismos son demasiado garantistas «y siempre hemos criticado que sea la víctima la que tenga que irse», apunta el delegado en Alicante, Ignasi Amorós. Duda de la efectividad el Previ o Plan por la Convivencia educativa a la vista de lo sucedido en Mutxamel, y por lo mismo apuntan que se debería incidir mucho más en la prevención, «actuando de forma incipiente para detectarlo» y poder evitar hechos tan terribles «que marcan a un menor de por vida».
Opciones
El representante de los directores de Secundaria en la provincia y en la Comunidad, Toni González Picornell, coincide en la necesidad de actuar con mayor contundencia y plantea dos opciones, incidir en el expediente disciplinario del agresor para cambiarle de centro o ejecutar una expulsión prolongada e informar a la inspección. Lamenta que por el bien de la víctima, en el caso de Mutxamel no deberían dejarlo en ese centro aunque sea triste que deba irse él.
Además urge a Educación que dote de profesionales de servicios sociales y de educadores a los institutos porque aunque es consciente de que implica un presupuesto importante, ahora mismo lo considera una prioridad que quizá en una década deje de necesitarse si se ha concienciado la sociedad en general.
José Gil, secretario general de enseñanza de UGT, lamenta igualmente que la orden de alejamiento se circunscriba al exterior del centro, y apunta asimismo que una labor de concienciación previa «evitaría que se invisibilizara el acoso y pode cortarlo de raíz». Desde CSIF añaden que el actual decreto de convivencia «cuenta con mecanismos para garantizar que en caso de acoso se respete a la víctima y se traslade a otro centro al acosador».
