Después de una década de instrucción judicial y a unos meses del inicio del juicio por presuntos amaños en el planeamiento urbano de Alicante, uno de los acusados, el empresario ilicitano Ramón Salvador, ha sorprendido a los ocho restantes firmando un pacto con todas las acusaciones: la pública, la particular, que se ejerce en nombre del Ayuntamiento, y la popular que lleva EU.
Un acuerdo en el que a cambio de blindar su pena en tres meses de prisión y 14.500 euros de responsabilidad civil, el promotor se declara culpable de un delito de cohecho al admitir que pagó para que le recalificaran suelo. Jugada lícita, la de la conformidad, pero que coloca en una situación complicada al resto de los encausados que desde el inicio del proceso vienen negando cualquier manipulación torticera del planeamiento. Entre ellos, los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz y los socios del bufete Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, a quienes Salvador encargó una alegación para que un terreno situado en límite del término de Alicante con el de San Vicente recuperara la condición de urbanizable. En esos momentos, precisa el fiscal Felipe Briones, Gutiérrez colaboraba como letrado en la redacción del nuevo plan. La alegación fue estimada aunque de aquella revisión de PGOU se acabó desistiendo tras años de sospechas. El abogado de los socios de Salvetti, Bernardo del Rosal, ya ha pedido a la Audiencia que impugne el acuerdo por la indefensión que provoca al resto de acusados, aunque las posibilidades de que el tribunal lo estime son remotas.
A falta de ver si alguno o el resto de los encausados siguen la estela de Salvador, para lo que será determinante la decisión acerca de la validez de las escuchas y la sentencia del proceso que sobre el presunto amaño de la contrata de las basuras de Orihuela tiene que dictar la sección de Elche, el escenario que se plantea pasa por la celebración de la vista oral para todos con el blindaje de lo pactado para los confesos. Lo que ocurrió en la causa por la dietas de la CAM, en la de la financiación ilegal del PP y lo que sucederá, salvo imprevistos, en el de los negocios de la CAM en el Caribe. Las primeras se saldaron con condenas de las que los confesos fueron los que salieron mejor parados. La tercera se juzga en octubre.
El tsunami del acuerdo de Enrique Ortiz en Gürtel
Una auténtica convulsión supuso el acuerdo que con la Fiscalía logró cerrar el letrado Francisco Ruiz Marco, defensor de Enrique Ortiz en una de las piezas de Gürtel. Una conformidad que no solo libró al empresario de una cárcel segura sino que le convirtió en el primero en admitir la financiación ilegal del PP provocando una cascada de confesiones que fueron determinantes para las condenas con las que se saldó este proceso por corrupción. Arrastrado por este tsunami, hasta Ricardo Costa, quien fuera la mano derecha de Camps en el partido, tiró de la manta después de años negando irregularidades en las cuentas del PP en la Comunidad. Así, tras la confesión en el mismo sentido que Ortiz de la decena de empresarios con los que compartía banquillo, el político entonó el mea culpa Y lo hizo con tal detalle que hasta implicó al mismísimo exjefe del Consell, que en unas semanas va a ser juzgado por estos hechos en la Audiencia Nacional. Mientras tanto Ortiz, a quien inicialmente la Fiscalía le pedía cuatro años de prisión, fue condenado a quince meses sustituibles por multa y el pago de más de cien mil euros.
La «traición» de Crespo en las dietas de la CAM
A menos de 72 horas del comienzo de la vista oral el expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto Crespo se descolgaba con un acuerdo con el fiscal por el que admitía haber percibido ilegalmente 600.000 euros en concepto de unas supuestas dietas. Con ello y la devolución de lo cobrado, el último presidente de la caja se garantizaba que no pisaría la cárcel aunque eso supusiera «vender» al resto de sus compañeros de banquillo, que también lo fueron en la caja. Así, se dio la paradoja de que quien se benefició de los pagos fue condenado a 9 meses de prisión (el fiscal pedía para él cuatro años) mientras el exdirector general Roberto López Abad, el secretario de la entidad y los miembros de la comisión de retribuciones arrastran condenas de entre año y medio y dos años y medio a falta de lo que diga el Supremo.
Ferri y Baldó: casi treinta millones por no ir a prisión
Una vez conocida la cárcel por dentro, donde estuvieron varios meses como preventivos, también los empresarios Juan Ferri y José Baldó han optado por la vía del pacto para solventar sus cuitas con la Justicia. El primer acuerdo lo han rubricado en la causa por los negocios de la CAM en el Caribe, en la que comparten bancada con los exdirectivos López Abad y Daniel Gil, que de momento no se han sumado a esta vía. Los hoteleros han logrado reducir a tres los seis delitos fiscales que les atribuían, se han declarado culpables de otro de administración desleal y, tras pagar casi 30 millones, acudirán en octubre a un juicio al que llegan con la pena acotada: dos años de prisión que harán que no vuelvan a pisarla al menos por esta causa. Aunque aún les queda otra.
