Aunque huye de los focos mediáticos, el interventor del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, pocas veces ha pasado inadvertido desde que hace quince años accedió al alto cargo durante la etapa de Luis Díaz Alperi (PP) al frente del gobierno local.
Ahora tampoco lo está haciendo, al ser señalado en público (y sobre todo en privado) por el gobierno liderado por Luis Barcala (PP) al «bloquear», con la ley por delante, recientes promesas electorales de los populares, como mejoras salariales a los trabajadores municipales o un aumento del servicio de autobús urbano, además de poner trabas a la ampliación de la plantilla con funcionarios interinos. También ha paralizado, de momento, los Presupuestos de 2020, al advertir errores en el borrador elevado por el bipartito a Intervención. Decisiones, éstas y otras del día a día, que tienen hartos a concejales que le acusan de paralizar la gestión, de querer gobernar el Ayuntamiento desde su despacho. Y eso que, a lo sumo, se trata de ediles que llevan apenas dos años con responsabilidades de gobierno. En este tiempo, Guardiola va camino de convertirse, para ellos, en un villano. También lo ha sido para los últimos gobiernos locales, y siendo de distinto color. Ya no es nada nuevo para el habilitado nacional. Para otros, sin embargo, es un héroe, por su implacable actitud, por no plegarse a presiones políticas, por exigir escrupulosas tramitaciones para dar el visto bueno y permitir la gestión de gobierno local.
Pese a las críticas actuales, algunas de ellas vertidas en sesiones del Pleno de Alicante, el principal momento mediático del actual interventor coincidió con la decisión de la entonces alcaldesa, Sonia Castedo (PP), de apartarlo del cargo, rebajándole la categoría profesional a tesorero municipal. Antes de ser defenestrado, Guardiola había cuestionado pagos al empresario Enrique Ortiz -también encausado en el Brugal- y la viabilidad del plan de ajuste que impulsó la regidora para conseguir un crédito de 50 millones de euros del Gobierno para pagar facturas pendientes.
Ahí, en una subescala en el organigrama de Intervención, pasó dos años y medio (de diciembre de 2012 a julio de 2015), entre agrias críticas de la entonces oposición municipal (integrada por el PSOE, EU y UPyD). Cuando el tripartito de izquierdas llegó al poder tras las elecciones municipales del 24-M, revertió de inmediato la decisión de la dirigente popular, desistiendo previamente del recurso judicial interpuesto por el Consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSCV) durante el anterior mandato tras una sentencia judicial que daba la razón al interventor, exigiendo su readmisión y el pago de la diferencia salarial. Y todo porque el decreto de cese fue firmado por el concejal de Recursos Humanos, Juan Seva (PP), cuando es competencia exclusiva de la Junta de Gobierno. En ese proceso judicial, que se prolongó durante año y medio, Guardiola contó con el respaldo del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local.
Con la vuelta de Guardiola al despacho más noble del área fiscalizadora del Ayuntamiento, el tripartito cumplió con una de sus promesas del pleno de investidura.
Pronto se arrepintieron, aunque nunca lo reconocieron en público. En este caso, como sucede ahora, por la implacable actitud de Guardiola en la tramitación, devolviendo las veces que haga falta un expediente hasta considerar que se ajusta a la ley. También fue inflexible con el paquete de facturas por valor de 190.000 euros que derivaron en el Caso Comercio, que finalmente obligó a dimitir al socialista Gabriel Echávarri. Entonces, el interventor forzó a anular las facturas y a pagarlas con un reconocimiento extrajudicial de créditos.
En ese caso se evidenció, una vez más en el Ayuntamiento, la lucha entre funcionarios, con la disparidad de criterio entre el jefe de Servicios Jurídicos, Manuel Cordón, y el propio interventor, que poco después protagonizó otro sonado choque con el gerente del Patronato de Vivienda, Gaspar Mayor, cuando también alertó de irregularidades que no llegaron a más. Hoy, Guardiola, valencianoparlante de la Marina Baixa y aficionado a la bicicleta y al «running», sigue en el centro del foco mediático. Las apuestas en el Ayuntamiento ya están abiertas: ¿Completará el mandato que finaliza en 2023 o habrá cambios al frente del área de fiscalización?
