El actual responsable del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales ha revelado hoy, durante la cuarta sesión de la comisión municipal que investiga el cumplimiento del contrato, que el Ayuntamiento de Alicante tiene bloqueados los pagos (las certificaciones mensuales) desde el pasado mes de noviembre. Así, el Consistorio alicantino adeuda a la UTE (formada por Clece y Fissa) más de dos millones de euros, incluyendo las mensualidades de noviembre, diciembre y la de enero, que todavía no ha sido remitida para su cobro.
El funcionario, el primero en comparecer en la sesión de esta mañana, ha reconocido que no ha firmado aún las certificaciones ante la posible existencia de incumplimientos de contrato, sobre los que alertó una inspectora que fue recientemente cesada de su cargo y enviada a otro puesto en el organigrama municipal. A su llegada al cargo, en diciembre, el funcionario asegura que se vio "presionado" para firmar las certificaciones de septiembre y octubre ante las presiones de la empresa, que amenazó con promover una protesta de los trabajadores en la plaza del Ayuntamiento. "Viendo la gravedad de la situación, certifiqué septiembre y octubre porque no tenía datos. A mediados de diciembre, la inspectora me entrega una serie de actas, en las que supuestamente se alerta de deficiencias en el servicio. A partir de ese momento, ya no certifico más mensualidades. Le dirigí un escrito a la UTE y ahora he recibido la respuesta", ha señalado el funcionario, quien admite que actualmente las inspecciones al servicio se hacen a la demanda, es decir, tras quejas de los centros.
Con todo, el técnico ha reconocido que no se está cumpliendo la prestación de las horas recogidas en el pliego de condiciones, aunque ha defendido que los colegios están "limpios y atendidos". A su juicio, las principales discrepancias en el cumplimiento son "casos puntuales y anecdóticas". También ha admitido que es "complejísimo" poder sancionar a la empresa a través de deducciones mensuales. "Es de una gran complejidad, es inabordable", ha añadido.
"Trabas constantes"
A continuación ha sido turno para la inspectora que alertó de las supuestas irregularidades y que fue apartada del cargo. La inspectora municipal ha acusado a la UTE de poner "trabas constantes al control" desde el Ayuntamiento, al no facilitarle la información sobre el servicio necesaria para su labor de inspección. "La empresa no me daba información para dificultar las inspecciones. Para mí el contrato es mi Biblia. Se me aparta porque a la empresa no le gusta mi trabajo y tampoco tengo el apoyo del Ayuntamiento, aunque nadie me dijo que lo estaba haciendo mal", ha afirmado la inspectora.
Tras su comparecencia, la sesión ha finalizado con el testimonio de otro inspector, responsable ahora de colegios y también de instalaciones deportivas. Para el funcionario, el servicio se presta de manera correcta en los centros escolares, aunque ha admitido que la falta de personal en el área dificulta la labor de inspección. "Las quejas que nos puedan llegar se solucionan en un máximo de 48 horas, yo no entiendo a la inspectora [que sí alerta de irregularidades]", ha añadido el funcionario, quien en cambio ha defendido que su labor no es controlar la prestación de las horas por parte de la empresa. En la sesión anterior quedó patente que la UTE no tiene instalados los mecanismos biométricos de control a los que obliga el pliego de condiciones, y que también formaban parte de la oferta hecha por la licitadora que logró imponerse en el contrato.
En la sesión de hoy, los socialistas han subrayado que la UTE ha aportado una serie de documentación con fecha 7 de febrero de 2020 en la que se "puede comprobar como en los listados hay personas repetidas con distinto horario simultáneo en el mismo centro, como se cargan en torno a las 2.700 horas mensuales por personal directivo de la empresa". Además, ese listado aporta "apenas 300 trabajadores de los más de 400 con los que debía contar la UTE y además a fecha 5 de febrero solo quedan de alta 50 trabajadores, 66 en todo 2020 han estado de alta". Desde la empresa, por su parte, niegan que exista únicamente esa cifra de trabajadores, señalando que "a cierre de enero había más de 400 operarios dados de alta".
Para la próxima sesión, los grupos han acordado pedir la comparecencia de la responsable del contrato que aún no ha acudido a la comisión (que se encuentra de baja), del primer responsable del contrato (que ha solicitado acudir de nuevo), junto al responsable de la UTE.
