Una inesperada llamada del ministro Juan Manuel Eguiagaray no solo trastocaría su descanso en el apartamento de la Playa de San Juan, también iba a alterar el futuro de Alicante.
-¿Has leído el periódico? La Unión Europea ha concedido a España dos agencias y nosotros no hemos previsto dónde las vamos a colocar.
Juan Ignacio Moltó, que a principios de los años 90 ocupaba la secretaría de Estado de Industria, tapó el auricular para pedir a su hijo que fuera raudo al quiosco a comprar un ejemplar de El País mientras continuaba escuchando al ministro que, a renglón seguido, pronunció las palabras mágicas.
-Hay que tener en cuenta que debemos buscar emplazamientos fuera de Madrid porque Felipe (González) está hasta los huevos de que todo se quede allí.
Moltó dio un respingo y, al instante, lanzó el órdago:
-Pues yo quiero una de esas agencias para Alicante.
-Bien -respondió el vizcaíno Eguiagaray- pues para Alicante la Oficina de Marcas porque yo quiero que la Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo vaya a Bilbao.
Aquella conversación entre el ministro de Industria y su secretario de Estado sirvió para plantar la semilla, pero para que ésta germinara y Alicante pudiera recoger la cosecha que genera la Oficina de Armonización del Mercado Interior -entonces OAMI, hoy EUIPO- hubo que sortear con habilidad y prudencia múltiples obstáculos, entre ellos la injerencia de Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad madrileña y hombre influyente en los círculos de poder, que se había adelantado comprando terrenos por su feudo a la espera de la primera concesión europea. De ahí que, intencionadamente, Moltó y Eguiagaray no solo guardaran celosamente en secreto sus planes, sino que jugaran al despiste con falsos rumores que apuntaban a Oviedo o Valladolid como futuras sedes de las agencias concedidas por la UE. Se trataba de ganar tiempo mientras se ultimaban los detalles en Bilbao y Alicante para que en el Consejo de Ministros, donde decidía Felipe, solo Felipe, no se alteraran sus planes.
Con las ideas claras, Moltó se apresuró a crear el consorcio OAMI -para lo que contó con la colaboración de Martín Sevilla, Ángel Luna y Antonio Mira-Perceval- y se puso manos a la obra concretando la primera sede de la Agencia de Marcas en un edificio de la avenida Aguilera que estaba destinado a albergar un tanatorio. Se trataba de hacer las cosas y luego contarlas hasta que la concesión, en 1994, se hizo realidad.
La espina que quedó clavada fue comprobar que la llegada de la Agencia no culminó el sueño del secretario de Estado, que, junto con el también político alicantino Luis Berenguer Fuster, anhelaba ver a la OAMI como la piedra angular para vertebrar la provincia empezando con Alicante, Elche y Santa Pola, el famoso triángulo destinado a convertirse en una de las zonas urbanas más importantes del Mediterráneo.
Alicantino de la calle Belando, hijo de Teresa y del profesor de Magisterio Antonio Moltó, Juan Ignacio creció en su ciudad estudiando en el Instituto Jorge Juan, practicando balonmano con el segundo equipo de Obras del Puerto, hockey sobre patines en Montemar y veraneando en Aigües hasta que se trasladó a Valencia para cursar Derecho. Tras licenciarse, y mientras cumplía con las milicias universitarias, el joven abogado decidió preparar oposiciones a la Inspección de Trabajo, que aprobó cuatro años más tarde. Su destino fue Bilbao, donde comenzó a labrar su brillante carrera. A la capital vasca llegó en 1970, durante los años de plomo, estrenando su etapa laboral en medio del estado de excepción instalado hasta la muerte de Franco. En la capital vizcaína compaginó el ejercicio de su labor en la Inspección de Trabajo con la dirección de un hospital dependiente del Ministerio en Baracaldo. Pero el cargo le tendría reservadas misiones más delicadas. En enero de 1972, Txomin Iturbe y Argala, miembros de ETA, secuestran en Abadiano a Lorenzo Zabala Suinaga, secretario del Consejo de Administración de Precicontrol. Los obreros de esta empresa llevaban varias semanas con un conflicto laboral que acabó originando el secuestro a cargo de la banda terrorista. La condición impuesta por el comando etarra para liberar a Zabala y evitar su ejecución pasaba por satisfacer las reivindicaciones laborales de los trabajadores de esta empresa situada entre Éibar y Érmua.
El gobernador de entonces, Fulgencio Coll de San Simón, a la sazón jefe provincial del Movimiento en Vizcaya, buscó entre la plantilla de Inspección de Trabajo a un par de solteros para evitar viudas y huérfanos por si el envenenado encargo de negociar con el comité de empresa de Precicontrol encontrara algún contratiempo, sin importarle que uno de ellos, Moltó, desempeñara su labor fuera de la zona de Éibar, donde estaba radicada la empresa: («No le estoy diciendo que sea competencia suya, le estoy diciendo que lo haga"« ordenó Coll con su habitual talante marcial). Y allí se presentó Juan Ignacio para mediar con el líder del comité de empresa, que no era otro que el párroco de Éibar, un tipo con sotana, alzacuellos y gafas oscuras que el inspector alicantino encasilla en su memoria como lo más parecido a un nazi.
La negociación, sin embargo, tenía el recorrido marcado pues allí se trataba de aceptar lo que ETA exigía (readmisión de despedidos, aumento de salario, etc.), así que la familia de Zabala dio su visto bueno a todas las exigencias y dos días después de perpetrarse el secuestro el empresario fue puesto en libertad.
Un par de años después de ese capítulo, Moltó decide entrar en política como militante de la UGT durante un almuerzo con José Luis Corcuera y Manuel Chaves en el restaurante Aitor de Baracaldo. De ahí da el paso al PSOE, adentrándose co-mo miembro del Consejo General Vasco presidido por Ramón Rubial. En Bilbao, tras la muerte de Franco, intensifica su relación con la política y en su camino se cruza Joaquín Almunia, a quien conoce en una reunión para discutir el decreto de huelga que tiene lugar en el hotel Meliá de Alicante.
En ese tiempo le sobreviene un temor: varios de sus amigos han visto cómo alguno de sus hijos ha caído en las redes abertzales que defienden la violencia terrorista. Ante ello, Moltó, con tres vástagos nacidos en Bilbao, decide salir del País Vasco para evitar idéntico infortunio y pide el traslado a Alicante, donde permanecerá tres años.
El paréntesis en su tierra se cierra con la entrada de Felipe González en el poder. Moltó es nombrado en diciembre del 82 director general del IMAC, y se estrena asumiendo el arbitraje en la primera huelga de Iberia, que resolvió en veinticuatro horas al aplicar un laudo vinculante que resolvía las cuestiones de fondo del conflicto en la compañía de aviación, presidida en aquellos tiempos por Espinosa de los Monteros, padre del actual dirigente de Vox.
Su labor despierta el interés de Almunia, que le recluta para la Inspección de Trabajo con el cargo de director general y posteriormente le encomienda crear el ministerio de Administraciones Públicas nombrándole subsecretario. Por ahí se desempeña compaginando su tarea con la presidencia interina de la Administración Pública y como consejero en Telefónica y el ICO hasta que, en 1993, Juan Manuel Eguiagaray le reclama como secretario de Estado de Industria. En esa nueva función capea conflictos que cayeron sin cesar (Explosivos Riotinto, Suzuki, Seat?), bagaje que le sirve para publicar más de treinta libros. Su carrera política acaba cuando Felipe González dice adiós.
En ese punto, Moltó decide plegar velas y regresa a su puesto de la Inspección de Trabajo, pero en esta ocasión, en Madrid. Hoy vive jubilado en Pozuelo, pero a la menor ocasión emprende viaje hacia Alicante, a su Playa de San Juan, su tierra, donde, sin duda alguna, se puede considerar profeta.
