UTE Limpal, adjudicataria de la limpieza de colegios y dependencias municipales, defiende su gestión al frente del servicio durante los dos últimos años pese a las irregularidades sobre las que han alertado funcionarios del Ayuntamiento, que a su vez han sido apartados de sus cargos en los últimos meses. Y lo hace a sólo una semana de que finalice el contrato, ya que no habrá prórroga. A través de un comunicado, la unión de las empresas Clece y Fissa asegura que pueden «garantizar que los centros escolares se encuentran en perfectas condiciones de limpieza y salubridad», a la vez que añaden que realizan trabajos de «manera exhaustiva, por encima de lo estipulado en los pliegos de condiciones, tales como mayor número de desatascos y actuaciones de desinsectación».

Respecto a las irregularidades señaladas por técnicos e inspectores, además de por directores de los propios colegios, la UTE afirma que «las incidencias acaecidas con motivo de la puesta en marcha de un servicio de gran complejidad quedaron subsanadas de manera inmediata». Y no sólo eso, sino que aseguran que «en la actualidad no existe ningún informe técnico municipal que recoja incumplimiento alguno». Sobre el control de la plantilla, la adjudicataria del contrato prosigue que «se ha procedido a la instalación de un sistema automático de fichaje», aunque admite que no funciona: «Se han producido una serie de problemas derivados de las infraestructuras informáticas existentes». Por el momento, según su comunicado, se ficha de manera manual.

En alusión a las 65.000 horas durante el primer año de contrato que no se realizaron, según el relato del responsable del contrato que compareció el pasado viernes ante la comisión municipal creada por el Pleno para fiscalizar el servicio, la empresa asegura que a día de hoy «existe un exceso de horas prestadas respecto de la oferta».

Las dos empresas recuerdan que el próximo lunes, 10 de febrero, finaliza el contrato. Al respecto, alegan que no han solicitado en tiempo y forma la prórroga por motivos que «desequilibran económicamente el contrato, entre los que se encuentra la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional y el incremento del índice de absentismo de la plantilla».