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Reivindicaciones

Frente común de las farmacias rurales para reclamar ayudas y evitar su desaparición

Las boticas de las localidades más pequeñas de la Comunidad crean una asociación para reclamar al Consell y al Gobierno que se les considere un servicio básico contra la despoblación y se les apoye para poder seguir

Dos usuarias de la farmacia de Penàguila, atendidas por la boticaria. Juani Ruz

Las farmacias rurales de la Comunidad Valenciana se han unido para exigir a las administraciones medidas que garanticen su viabilidad económica y, con ello, su continuidad. Los profesionales al frente de estas oficinas han creado una asociación de ámbito autonómico con la que pretenden instar a la Generalitat y al Gobierno central a que se les dote de unas condiciones especiales que les permitan seguir funcionando. La entidad está ya conformada, a falta tan sólo de publicarse de manera oficial su constitución para que eche a andar.

El desarrollo de esta asociación responde a la problemática que padecen las farmacias rurales por la poca población a la que atienden, especialmente las consideradas de viabilidad económica comprometida (VEC). Tal y como explicó este periódico hace algunas semanas, estas boticas se enfrentan a un permanente riesgo de asfixia financiera porque deben afrontar los mismos costes de funcionamiento que las de grandes poblaciones con unos ingresos mucho más bajos, y también padecen agravios como no poder cerrar en ningún momento por ser las únicas oficinas existentes en sus localidades, lo que entre otras cosas impide a sus titulares disfrutar de vacaciones o incluso tomarse bajas laborales.

En la provincia hay 58 farmacias rurales, ubicadas en localidades de menos de 1.500 habitantes, 16 de las cuales son VEC, todas ellas situadas en municipios con menos de 300 vecinos de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa y la Marina Alta, a excepción de una que se encuentra en la costa sur de Dénia. Asimismo, en la provincia de Valencia hay 21 boticas calificadas como VEC, principalmente en las comarcas de la Vall d'Albaida y Los Serranos, mientras que en Castellón son 36, casi todas en pequeños municipios de las comarcas interiores de Els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén, el Alto Mijares y el Alto Palancia.

Así, en el conjunto de la Comunidad hay 73 farmacias cuya existencia resulta vital para los vecinos de las localidades donde se ubican, pero que necesitan una ayuda para subsistir. Aquí radica una de las principales reivindicaciones de la asociación que acaba de crearse, en la cual no sólo estarán representadas las VEC pero en la que conformarán un grupo específico: la actualización anual de la compensación que reciben. El llamado «índice corrector» no se ha revisado desde 2011, por lo que los farmacéuticos exigen que suba en relación al índice de precios al consumo (IPC) de cada año, o buscar la fórmula para incrementar la partida presupuestaria de la que sale esta ayuda. En este sentido, hay que tener además en cuenta que luego deben declarar a Hacienda el 20% de esa ayuda, algo que también instan a revisar. Además, solicitan que los titulares de éstas y de las demás oficinas con una facturación menor de 200.000 euros anuales tengan una bonificación en las cuotas de autónomo.

Un servicio básico

Los farmacéuticos rurales consideran imprescindible que sean considerados un servicio básico para frenar la despoblación y que, en consecuencia, se adopten diversas medidas para evitar su desaparición. Entre otras, convenios para que se exima a los profesionales del pago de alquileres de locales y de los suministros de luz y agua, así como subvenciones para material informático y la instalación de los programas que utiliza el sector. También se pide que la legislación incluya diligencias especiales en cuanto a la relación de estas farmacias con los almacenes de distribución de medicamentos, de manera que exista más flexibilidad en cuanto a la entrega de productos, así como a su devolución en caso de no venderse; hay que recordar, en este sentido, que para estas boticas es más fácil acumular excedentes, al ser las ventas bajas por la poca población.

Otras demandas van ligadas a las condiciones del trabajo, por la ya citada imposibilidad de cerrar por descanso o incluso por bajas, al no haber más que una farmacia en la localidad. Así, una de las propuestas iniciales de la nueva asociación es la de tener un mínimo de días de vacaciones remuneradas o, en su defecto, un sistema rotatorio de descansos entre varias farmacias que estén próximas entre sí. También, en casos en los que la persona titular de la botica tenga que acogerse a una baja, se pide la asignación de ayudas para poder contratar a un farmacéutico sustituto, algo que hoy por hoy es imposible para la práctica totalidad de estas oficinas. Además, se solicita una remuneración para el servicio obligatorio de guardias.

Los boticarios rurales recuerdan también que en muchos casos son el único servicio sanitario existente en una localidad, por el reducido horario de consulta médica. Por ello, insisten en la necesidad de que la administración tenga en cuenta su papel social.

Proposición no de ley de Compromís en las Cortes para que la Generalitat atienda las demandas de las farmacias

El diputado Carles Esteve resalta la necesidad de «dar un marco estable» a unas boticas que «fijan población» en las zonas rurales

Las Cortes Valencianas debatirán el próximo 13 de febrero una proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado de Compromís Carles Esteve, que insta a la Generalitat a tomar en consideración las reivindicaciones de los farmacéuticos rurales de la Comunidad y a tomar medidas para garantizar la viabilidad económica de estos establecimientos. En declaraciones a este periódico, el parlamentario estima necesario que el servicio farmacéutico «se integre en las estrategias de desarrollo del medio rural», entendiendo que «las farmacias fijan población» en estas zonas. Por ello, apuesta por que se pongan en marcha «mecanismos de compensación económica directa».

En su PNL, Esteve recuerda que la farmacia, si bien el sistema «la define claramente como establecimiento privado», al mismo tiempo « le reconoce el interés público como establecimiento sanitario». Además, hace hincapié en que «no son pocas las iniciativas públicas en las que las oficinas de farmacia colaboran activamente, más allá de su función principal de dispensación de medicamentos. Y dentro de esta realidad, hay que advertir la situación particular de las farmacias integradas en entornos rurales, especialmente en el interior, donde se sufre un proceso de despoblación». Así, incide en que «en muchos municipios, la oficina de farmacia se constituye en el principal servicio sanitario, dadas las dificultades de mantener servicios de atención primaria continuada».

Ante esto, el diputado sostiene que «hay que impulsar mecanismos para garantizar la viabilidad económica y la dignidad laboral de estas personas», ya que «se trata de profesionales prestando un servicio público como es la dispensación de medicamentos, y por las circunstancias y regulación de la farmacia rural no pueden ni tener vacaciones, teniendo derecho al descanso». Por este motivo insiste en la obligación de tener en cuenta, por ejemplo, «medidas de rotación y de cobertura del servicio para garantizar los derechos laborales de estas personas». Para Esteve, «hay que generar un marco más estable» para estas farmacias, que «dan más servicios de los que les están reconocidos a fecha de hoy».

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