La mayor frecuencia de los temporales que azotan la provincia por el cambio climático está disparando las reclamaciones a las aseguradoras por daños en inmuebles, sobre todo en el litoral. Mutua de Propietarios, compañía de seguros especialista en España en comunidades de propietarios (fundada en 1835), tramitó en 2019 un total de 901 siniestros causados por temporales en la provincia, ocho veces más que en 2012, cuando gestionaron 111 reclamaciones de comunidades vecinales. Los partes se multiplicaron a consecuencia sobre todo de la DANA que asoló la Vega Bajala DANA que asoló la Vega Baja, pero los datos confirman la realidad de la que advierten los expertos: que el crecimiento del mar con las borrascas deja a las claras la debilidad de la primera línea de costa.
En el arranque de la última década las reclamaciones de las comunidades de propietarios por daños derivados de los temporales estaban entre 100 y 200 anuales, pero en 2017 llegaron a las 766. De la borrasca Gloria las aseguradoras registrarán incidencias durante semanas: hasta el jueves sumaban 58. José Luis Marín, director técnico y de siniestros de Mutua de Propietarios, señala que «la escasez de inversiones preventivas para conservar los edificios residenciales ha provocado que, actualmente, el parque edificado español se encuentre en una situación problemática que se agrava con el envejecimiento natural de los inmuebles y con los desastres naturales como la borrasca Gloria. Teniendo en cuenta que cerca del 80% del ahorro de las familias españolas está invertido en inmuebles, ponemos el foco en ofrecer soluciones concretas para proteger y ayudar en la mejora del mantenimiento y la funcionalidad de los activos inmobiliarios de las familias, en la accesibilidad y sostenibilidad de los edificios».
Para que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo de la indemnización de un siniestro causado por un temporal, la base es tener contratada una póliza de seguros, sin la cual no hay cobertura, explica José Joaquín Sánchez, director territorial de Levante de Mutua. Solo una declaración de zona catastrófica posibilita acceder a ayudas si no existe un seguro. Lo habitual, cuando hay póliza y se produce un temporal, es que las aseguradoras se hagan cargo de los daños por filtraciones de la lluvia por techos y el Consorcio por inundaciones (a nivel de suelo). Sobre el aumento de siniestros relacionados con la climatología en los últimos años, Sánchez señala que «la gente debe concienciarse y sensibilizarse para hacer las rehabilitaciones y mantenimientos necesarios» en la edificaciones.
Preocupación
Juan Carlos Clement, del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, admite que entre los propietarios de viviendas en primera línea de costa hay una creciente preocupación por el incremento de los fenómenos adversos. Como ejemplo, citó Arenales del Sol (Elche). «Ven que el mar está ganando mucho más espacio y que tienen un problema». Clement destacó, a título colegial, el aumento de la formación en arquitectura, ingeniería y en tramitación de seguros con el Consorcio y las aseguradoras a que está obligando a los administradores de fincas la frecuencia de los temporales en la provincia, así como a adaptar los edificios poco a poco. Clement aconseja tener los seguros al día para que los propietarios se eviten un desembolso.
El hecho de que estos episodios se estén produciendo con mayor frecuencia supone «un problema grave», advierte el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. «Hace tres años (enero 2017. Ahora se ha repetido con efectos similares o peores.
El daño económico que se registra obliga a pensar en una solución a corto plazo». Olcina cree que el problema es que el espacio de riesgo frente a oleajes importantes (olas superiores a 5 metros) está ocupado por viviendas, comercios o restaurantes. «De seguir la tendencia de recurrencia de temporales que se está produciendo en la última década, van a tener pérdidas económicas una y otra vez».
Cartografía de riesgo
El catedrático considera urgente la elaboración de una cartografía de riesgo de implantaciones (viviendas, equipamientos) en primera linea de costa para tomar medidas. En el caso de las edificaciones, si son concesiones administrativas, opina que debería revisarse la Ley de Costas de 2013 que las prolongó durante 75 años sin pensar en los efectos del cambio climático en el litoral. «Y si son viviendas en suelo urbano, no cabe otra solución que realizar obras de defensa o pensar en fórmulas de canje de terrenos para evitar el riesgo si peligra la vida de las personas».
Ecologistas en Acción reclama a los ayuntamientos la elaboración de planes de adaptación y mitigación del cambio climático. En cuanto al espacio de costa afectado, el portavoz del colectivo, Carlos Arribas, apuesta por ayudas a los propietarios de casas al borde del litoral para que puedan abandonarlas y en último término construir barreras de cemento para contener el mar, como en Holanda, una solución que estima mucho más cara.
