La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pilar de la Oliva, y los magistrados Pía Calderón y Juan Francisco Ceres. Es el tribunal colegiado encargado de decidir si ratifica la sentencia que absuelve a Miguel López del crimen de su suegra, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, o si, por el contrario, anula el juicio, tal y como reclaman en sus recursos el teniente fiscal José Llor y el abogado Francisco Ruiz Marco, acusador particular en nombre del hijo mayor de la víctima.

Las acusaciones sostienen que la devolución por falta de motivación del primer veredicto, del que este diario tiene constancia que era condenatorio por siete votos a dos, y las indicaciones «parciales» a los jurados de la presidenta del tribunal popular, la magistrada Francisca Bru, torcieron el fallo a favor de la absolución del acusado de la muerte de María del Carmen Martínez.

Pero los motivos esgrimidos en los recursos presentados ante la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ y la polémica que sacudió el tramo final de este proceso no acaban ahí. Al dictamen de culpabilidad, que después más de treinta horas de deliberaciones se tornó absolutorio por seis votos a tres, no han tenido acceso las partes. Tras ser reclamado por las acusaciones nada más concluir la vista oral, el letrado de la Administración de Justicia Manuel Cerdán respondió en un primer momento que no constaba unido a las actuaciones para agregar. Al pedirle más explicaciones la junta de coordinación de la Fiscalía, relató que se destruyó y que nadie solicitó incorporarlo al procedimiento. En su respuesta a los recursos, la defensa de López, el letrado Javier Sánchez-Vera, incide en que nadie pidió ese veredicto del que, precisa además, no tiene constancia que realmente fuera de culpabilidad.

Pese a solicitarlo el fiscal, el letrado judicial no certificó el resultado de esa primera votación alegando que se refería a algo «que no figura en las actuaciones» ni «existe resolución emitida por la autoridad competente que lo ordene». Por ello, Llor ya ha instado al TSJ a que reclame a Cerdán que certifique ese primer fallo.

De prosperar los recursos, el juicio volvería a celebrarse con un tribunal popular, un magistrado y un secretario judicial diferente.