Casi coincidiendo con la presentación en Elche de un libro coordinado por el profesor Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, sobre los cien años de historia de la compañía Riegos de Levante, la más importante del Mediterráneo con 20.000 agricultores que gestionan más de 26.000 hectáreas, el sector agrícola de la provincia ha recibido una de las peores noticias que podría esperar en los últimos dos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado, y nada menos que como vicepresidenta, a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, titular de la política hidráulica, una persona convencida de que la crisis climática acabará con los trasvases, y que desde hace dos años ya, tiempo que lleva al frente de su Ministerio, no ha tenido ni un gesto a favor de la agricultura de la provincia.
Todo lo contrario. En su haber está el cierre del Tajo-Segura para la agricultura, tres meses ya, sin tener una alternativa real para sustituir el agua del Tajo, ni siquiera por la desalada, ya que la macroplanta de Torrevieja continúa sin tener conexión con el 80% de las comunidades de regantes de la provincia, entre ellas la centenaria Riegos de Levante, pero en Madrid nadie quiere saber nada de la subvención de ese nuevo «oro líquido», escudándose en una ambigua directiva europea.
Ribera ha pasado a la historia como la ministra -esperemos que como vicepresidenta rectifique- que no llegó a visitar a los agricultores alicantinos, ni siquiera cuando la gota fría del pasado septiembre destrozó la Vega Baja. Ribera no ha tenido ni un gesto amable para la provincia, lo que no ha impedido, por supuesto, que sea la primera en recibir las felicitaciones y el apoyo del Consell, el mismo que presenta un recurso contra el recorte de Tajo-Segura en la Audiencia Nacional, pero después no presiona políticamente como debiera en Madrid a un Gobierno que en materia hídrica tiene a la provincia contra las cuerdas al haber cerrado el Tajo-Segura y bloqueado el Júcar-Vinalopó. Aquí también harían falta esas dosis de política que el presidente va a aplicar para tratar de resolver el conflicto catalán.
Según recuerdan Joaquín Melgarejo y los coautores del libro en el que se repasa la historia de cien años en el regadío del sur del provincia, la expansión agraria de comienzos del siglo XX requería más recursos hídricos y mayor regularidad en el aprovisionamiento de los mismos, lo que sólo podía conseguirse si se regulaban las aguas superficiales. Por ello nació Riegos de Levante en junio de 1918. La llegada de las aguas del Tajo se produciría por primera vez el 15 de junio de 1979. Hoy se dispone en la provincia de una dotación máxima de unos 85 hm³/año que se regula en el embalse de Crevillent. Sin el agua del Tajo, hoy amenazada, no podría entenderse el desarrollo de una potente industria agroalimentaria de la que no solo se benefician los municipios y familias de Alicante y Murcia, sino también los del resto de una España en la que muchos compatriotas llegaron a la provincia en busca de un futuro imposible sin el agua del Tajo.
Uno los primeros pasos en materia hídrica de la hoy flamante vicepresidenta ya lo anunció como ministra. El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto repartir, vía concesión, toda el agua desalada que está previsto producir en la desaladora de Torrevieja cuando la planta esté a pleno rendimiento. En concreto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto el proceso para que cualquier entidad o persona física pueda solicitar la compra, mediante dicha concesión, de agua desalada para uso agrícola.
A esto se une la solicitud de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, tan estatal como la Confederación, que planea una concesión para recibir 40 hm3 de agua desalada para abastecer a los municipios de Alicante y Murcia. Una petición que hará que, más tarde que pronto, que de los 195 hm3 de agua que requiere todos los años la Mancomunidad para garantizar el abastecimiento, 110 hm3 serán ya de caudal desalado, lo que reducirá a la mitad la dependencia del trasvase del Tajo. El resto del caudal procede del propio río. Obviamente, el aumento de la dependencia del agua desalada repercutirá en el precio a pagar, tanto en el recibo doméstico como en el coste agrícola, aunque de momento las tarifas estén congeladas.
Si bien es cierto que la desaladora de Torrevieja ha duplicado su capacidad tras la obra para aumentar la red eléctrica que le da servicio, lo que ha permitido aumentar el caudal desalado desde 40 a 80 hm3 anuales. La intención del Ministerio para la Transición Ecológica pasa ahora por volver a incrementar su potencial con tal de que la instalación llegue a desalar 120 hm3 anuales, el triple que cuando comenzó a funcionar.
Tanto la obra civil como las conducciones de las instalaciones de captación y vertidos así como las instalaciones de bombeo y distribución del agua de la planta de Torrevieja ya fueron diseñadas y construidas para poder dar servicio a una futura instalación de 120 hm³ anuales, a falta únicamente de los equipos precisos para poder realizar los procesos de desalación.
Hablamos de un caudal, por otro lado, cuya producción multiplica por cuatro el coste energético en relación al necesario para el funcionamiento del trasvase. Por ahí, lo tiene también complicado de explicar la ministra para la Transición Ecológica, pues, hoy por hoy, la desalación no es precisamente una actividad que vaya en sintonía con las iniciativas para luchar contra la emergencia climática, por la no tan verde, aún, procedencia de la mayor parte de la energía que consumimos.
Como Alicante, y menos el sector agrícola, no pinta nada en Madrid, el equipo de la vicepresidenta Ribera tampoco ha optado nunca por ver otras soluciones, y ya no desde el Ebro, que no hubiera sido una mala solución pero que se politizó en exceso. La propia cuenca del Tajo tiene agua de sobra pero, claro, quizá no haya que buscarla en la cabecera donde las lluvias son tan pobres como las que caen sobre el Segura. Pero en el Tajo medio sí, y también en el Duero. ¿Por qué no interconectar estos ríos ya que el Ebro es intocable? ¿Tan complicado resulta sentarse en una mesa y valorar otra alternativas que no sea solo la reutilización del agua depurada, o la barbaridad de reducir cultivos en el Mediterráneo?
En la provincia de Alicante estamos hartos ya de que se nos acuse de despilfarrar el agua o utilizarla para levantar urbanizaciones en la que, tiene guasa, al final la mitad de los vecinos son aquellos que vienen a pasar sus vacaciones, pero ponen el grito en el cielo cada vez que se plantea enviar agua a la provincia. Madrileños, castellano-manchegos, aragoneses que en cuanto tienen oportunidad cogen el AVE o el coche y se plantan en la Costa Blanca a darse un baño. Bienvenidos, como siempre lo han sido, aquí no se va a cerrar ninguna playa, pero un poco de solidaridad no estaría de mas. El jefe del Consell, Ximo Puig, uno de los primeros en aplaudir el ascenso de Ribera, asegura que no va a permitir ningún movimiento que lesione los intereses de los agricultores. Duro tendrá que pelear, y no solo en la Audiencia Nacional.
