El concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), reconoció ayer que no se ha impuesto ninguna sanción hasta la fecha a la adjudicataria del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales pese a los reiterados informes técnicos que alertan de posibles irregularidades en la prestación del servicio durante los últimos años en Alicante. El edil González respondió así a preguntas de la oposición durante la primera sesión de la comisión impulsada por el Pleno para controlar un servicio que presta la UTE formada por Clece y Fissa.
El órgano municipal, que arrancó ayer con casi cuatro meses de retraso desde su aprobación en Pleno, acordó que comparezcan en las próximas semanas los responsables municipales del contrato (desde el jefe de servicio hasta los inspectores) para arrojar luz ante las posibles irregularidades. La próxima sesión será el 31 de enero, y en ella está previsto que acuda el jefe de servicio y los tres responsables del contrato. Además, se pidió desde la izquierda que comparezcan los responsables de la UTE, portavoces de los usuarios (en alusión a directores de los centros educativos públicos), además del anterior concejal responsable del contrato, el popular Israel Cortés.
Al principio de la sesión, los grupos de la oposición recibieron parte del expediente del polémico contrato, aunque los socialistas reclamaron los documentos relativos a los pagos a la concesionaria, tras conocerse continuos informes que revelan posibles irregularidades en la prestación del servicio firmados por una inspectora, que fue trasladada a otra área, y por un técnico, que dejó de ser el responsable del contrato. Respecto a la «purga» de la inspectora, el ejecutivo argumentó que su cambio en el organigrama municipal respondía a una «reestructuración», cuando en el expediente figura un documento en el que el jefe de servicio explica que el traslado de la inspectora responde «a los problemas de convivencia profesional» que genera a la «representación de la UTE, creando un ambiente de trabajo que no contribuye a favorecer una mayor eficacia en la prestación», además de a otros técnicos e inspectores municipales.
El presidente de la comisión, el popular José Ramón González, señaló que desde el equipo de gobierno pretenden «trabajar con total transparencia y colaboración para poder solucionar aquellas posibles deficiencias o incumplimientos que se hayan producido en la contrata de limpieza de los centros escolares». El contrato finaliza el próximo mes de febrero y todavía no ha salido a licitación el nuevo contrato, que se encuentra ya en Contratación, según fuentes de Infraestructuras. Con esos tiempos, todo apunta a que el gobierno tendrá que buscar una solución para que el servicio se siga prestando. Desde los grupos de izquierdas criticaron ayer la demora en la convocatoria de la primera sesión, junto a la falta de parte del expediente. Mientras, desde Vox alertaron del interés del bipartito de hacer coincidir la comisión sobre la limpieza con las negociaciones del Presupuesto.
