El equipo de gobierno, compuesto por PP y Ciudadanos, por un lado, y la extrema derecha por otro, presentarán sendas declaraciones institucionales para eliminar las barreras legales y facilitar a los padres la elección de la lengua vehicular de sus hijos en los colegios.

El equipo de Gobierno planteará en el próximo pleno la derogación de los artículos de la Ley de La Generalitat por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, "que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanzas del Valenciano".

Las portavoces del Partido Popular, María del Carmen de España, y Ciudadanos, María del Carmen Sánchez, han firmado este escrito en el que se indica que los preceptos legales actuales "lejos de contemplar la diversidad cultural y la riqueza del idioma lo único que persigue es la consecución de hacer primar la lengua valenciana sobre el resto de lenguas, no sólo las vehiculares en el Estado español, sino también de otras lenguas extranjeras dando una falsa apariencia de proyección global que nada tiene que ver con la realidad”.

Asimismo, los grupos municipales han hecho hincapié en el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos: "El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un modelo único en valenciano y acabar con el derecho de las zonas castellano hablantes”, han asegurado las portavoces.

En esta misma línea, el equipo de gobierno reclamará al pleno del Ayuntamiento que inste al Consell de la Generalitat Valenciana a derogar los artículos que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanzas del Valenciano, "garantizando el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos de acuerdo a la singularidad del territorio en el que se reside".

Con este medida la derecha también plantea aprobar los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación (en la que al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia, oferten líneas en castellano) los resultados académicos y una consulta vinculante a todas las familias.

El apoyo de la ultra derecha

Por su parte Vox también presentará una Declaración Insitucional similar. Sin embargo, en esta ocasión VOX va un paso más allá y pedirá "a las Cortes Valencianas la derogación de la Ley de uso y enseñanza del valenciano (de 1983) y, subsidiariamente, que Alicante deje de ser considerado como municipio valenciano-parlante como así viene determinado en el artículo 35 de la propia Ley.

El portavoz de la agrupación de extrema derecha, Mario Ortolá, ha asegurado que dicha ley "ataca directamente a la libertad de las familias alicantinas al obviar la realidad de una capital como es Alicante y que su lengua predominante es el castellano".

Asimismo, Ortolá ha acusado al Partido Popular como el PSOE de proporcionar "la base jurídica suficiente para arrinconar el castellano e imponer el valenciano como lengua principal en la educación sin escuchar a las familias".