16 de enero de 2020
16.01.2020

Los vecinos alegan contra la ampliación de la fábrica portuaria de betún asfáltico

La Plataforma por un Puerto Sostenible reclama el traslado de esa instalación a un polígono industrial "al ser una actividad peligrosa y contaminante" y alerta de riesgo de accidente

16.01.2020 | 19:43
Imagen de archivo de la actividad de graneles en el Puerto de Alicante

Los colectivos que integran la Plataforma por un Puerto Sostenible han presentado varias alegaciones en contra de la concesión para la ampliación de la fábrica petroquímica de betún asfáltico y emulsiones bituminosas catiónicas en el muelle 17 del Puerto de Alicante, promovida por la empresa Ditecpesa ante la Autoridad Portuaria.

Los vecinos alegan contra la consideración, por parte de la empresa y la Autoridad Portuaria, de que esta actividad es de tipo comercial, ya que de acuerdo al proyecto técnico presentado por la empresa se trata de una fábrica de conversión de materia prima derivada del petróleo (betún base) en otros compuestos como el betún asfáltico y las emulsiones bituminosas, mediante procesos y maquinaria de carácter industrial, y utilizando como fuente de energía la quema de gasoil y gasóleo.

"Consideramos que no cumple con la normativa ambiental aplicable al no disponer de los instrumentos ambientales y las debidas autorizaciones necesarias para una actividad industrial que manipula sustancias peligrosas para la salud y para el medio ambiente a menos de 900 metros de un espacio marino protegido y de barrios densamente poblados".

Dichas autorizaciones son la Licencia Ambiental, la Autorización de Emisiones a la Atmósfera, la Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Integración Paisajística, la Autorización para la Producción y Tratamiento de Residuos Peligrosos y la autorización específica exigible para una actividad muy contaminante que se desarrolla en las proximidades de un espacio protegido por la Comisión Europea (LIC marino de Tabarca) incluido en la Red europea Natura 2000.

"Esta actividad, que utiliza productos tan peligrosos para la seguridad y la salud pública y ambiental, como derivados del petróleo (betún base, nafta de petróleo, e importantes cantidades de gasóleo y gasoil) y sustancias químicas como las aminas, el ácido clorhídrico, aceites fluxantes, goma vulcanizada, etc., no cuenta con los protocolos e informes de seguridad exigibles por la normativa que regula la gestión de los posibles riesgos de accidentes graves por el manejo de sustancias químicas peligrosas", indican en un comunicado.

Consideran especialmente preocupante el denominado por esta normativa el efecto dominó, que se produce por el
aumento exponencial del riesgo debido a la concatenación de actividades que manejan sustancias peligrosas. "Nos referimos a que en este mismo muelle 17 se lleva a cabo la actividad de carga y descarga de productos químicos y minerales (graneles pulverulentos), una fábrica de abonos químicos, y estando prevista, a escasos 100 metros, la instalación de seis macrodepósitos de almacenaje de alrededor de100.000 toneladas de combustibles líquidos. Esto supone un alto riesgo de explosión e incendio en un puerto urbano al estar ubicado en el eje central de nuestra ciudad. La posibilidad de accidentes graves es real tal y como hemos comprobado con la reciente explosión ocurrida en Tarragona que ha provocado efectos destructivos hasta 10 kilómetros de distancia del foco, con víctimas mortales, daños materiales y alarma entre la población. La PPS considera inaceptable la aceptación de estas actividades
peligrosas y contaminantes en una ciudad turística y comercial, y con densos barrios poblados en sus inmediaciones", señalan.

La Plataforma solicita a la Autoridad Portuaria el traslado de esta fábrica de betún asfáltico a un polígono
industrial fuera del ámbito portuario
debido a los condicionantes urbanísticos, económicos, medioambientales y de seguridad anteriormente expuestos. "Si la Autoridad Portuaria tramita de forma favorable esta concesión, está vulnerando la Ley de Puertos del Estado y la Orden del Ministerio deFomento 911/19 por la que se aprueba la Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Alicante, que considera este Puerto como comercial y permitiendo solo los usos comerciales, náutico-pesqueros y náutico-deportivos y los complementarios de los anteriores, e introduciendo un nuevo uso de interacción Puerto-ciudad".

"No están permitidos en ningún caso los usos industriales en el Puerto de Alicante. Valoramos que también se incumple la Ley de Puertos del Estado en sus artículos 71 y 72, donde se especifica que no se podrán otorgar concesiones a usos portuarios no compatibles con su objeto concesional y exige que las concesiones otorgadas no
compatibles (como es el caso de esta instalación industrial) sean revocadas o anuladas".

Los colectivos también alegan que este proyecto "no es coherente" con la situación de emergencia climática declarada en la Comunidad Valenciana, "que el estudio geotécnico aportado se redactó hace casi 12 años y refiriéndose a un proyecto distinto al presentado en la actualidad, que el estudio acústico también fue redactado hace 10 años y basándose en una normativa ya obsoleta, que la evaluación del impacto olfatométrico y del impacto acústico se basa en un falso alejamiento de la actividad, ya que obvia que en su proximidad existen centros escolares y barrios densamente poblados; y finalmente que no se aporta ningún estudio del impacto del aumento del tráfico teniendo en cuenta la previsión de un considerable aumento de la producción por la ampliación de las instalaciones".

Por todo ello, la Plataforma rechaza esta solicitud de concesión por ampliación de la fábrica petroquímica de betún
asfáltico en el muelle 17, que se suma a las actividades ya existentes de carga y descarga de graneles tóxicos al
aire libre y la planta de fabricación de abonos químicos, y al proyecto de instalación, almacenaje y distribución
de alrededor de 100.000 toneladas de gasolinas y gasóleos. El conjunto supone la consolidación de un polígono
industrial en el Puerto urbano de Alicante que acarrea un grave riesgo para la salud pública y de seguridad de la
población, para el medio ambiente y para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

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