Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Por mantener a interinos irregulares

Echávarri dice que echó a la cuñada de Barcala por «miedo» a denuncias

El exalcalde niega que el despido de la interina fuera por «venganza» tras la decisión del PP de llevar el fraccionamiento ante la Fiscalía

Echávarri dice que echó a la cuñada de Barcala por «miedo» a denuncias

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Y lo hizo, cuatro meses después del juicio del Caso Comercio, para declarar como acusado por presunta prevaricación por el despido de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Alicante, que era la cuñada del entonces portavoz municipal del PP (en la oposición) y hoy alcalde, Luis Barcala.

Frente a su silencio ante el fiscal Felipe Briones durante el juicio del caso Comercio, en su declaración de ayer en la que sí contestó a las preguntas de un Ministerio Público que le pide diez años de inhabilitación para cargo público, Echávarri intentó enfatizar que el cese de Catalina Rodríguez (que acabó en readmisión a petición del Pleno) era «legal», como defendieron después los técnicos municipales que fueron ayer citados como testigos, y alegó que había dos o tres interinos en una situación «manifiestamente irregular» (sin cargo a plaza y sin ocupar el puesto para el que fueron contratados, entre las que se encontraba la cuñada de Barcala) y que por «alguien había que empezar».

También explicó que la decisión precipitada de despedir a Catalina Rodríguez (hermana de la mujer de Barcala), que fue contratada en 2010 para la apertura del MACA y las Cigarreras y que cuando fue cesada desempeñaba su labor en la sala de exposiciones de la Lonja, se debió a su «miedo» ante otras posibles denuncias judiciales, justo después de que el PP llevara a Fiscalía el fraccionamiento de contratos en Comercio. «No fue una venganza. La denuncia [del PP] aceleró [el despido] porque tenía miedo a que me pusieran otras denuncias. Me asusté y me confundí, porque al final se vinculó el cese con una venganza. Lo que era una medida justa se convirtió en lo que no parecía», justificó ayer Echávarri, en alusión a posibles acciones legales de la oposición e incluso de vecinos por mantener irregularmente a interinos en el Ayuntamiento.

Arranca el juicio contra Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala

Arranca el juicio contra Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala

Respeto a las prisas para echar a la cuñada de Barcala de su puesto, Echávarri las admitió, pero a medias. Es cierto, según declaró, que la denuncia del PP ante Fiscalía (que se certificó en Semana Santa) precipitó el cese de la funcionaria (como así reconoció el socialista en un mensaje publicado esos días en su perfil privado de Facebook), pero subrayó que la firma del decreto no se produjo hasta que el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez (PSOE), volvió de sus vacaciones.

Esta versión la puntualizaron los técnicos. Sobre todo, la abogada municipal Ana Barrachina, que desveló que fue ella quien alertó a Echávarri que él, como alcalde, no podía firmar el despido en ausencia del edil responsable, y que de producirse en esos días lo tenía que certificar el primer teniente de alcalde, en alusión a Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Sobre esas prisas insistió el fiscal José Llor en sus preguntas, al igual que en cuestiones como por qué el socialista apuntó solo hacia la cuñada de Barcala cuando había otros interinos en la misma situación que Catalina Rodríguez.

El fiscal, en un tenso interrogatorio al exalcalde, también se afanó en cuestionar que Echávarri conociera la situación laboral de la despedida sin antes consultar a Recursos Humanos, donde figuran los expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento. En su estrategia, el representante el Ministerio Fiscal también puso el foco en la readmisión de la cuñada tras la decisión del Pleno, que subrayó que «no era vinculante».

En las declaraciones de los testigos (dos trabajadores y el entonces edil de Recursos Humanos y una empleada de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento), se insistió en que el despido era legal, ya que la funcionaria interina no ocupaba un puesto con cargo a plaza y ya no desempeñaba las funciones para las que fue contratada siete años antes, y también en que las formas empleadas por Echávarri no fueron las «normales». De hecho, el técnico Savino Pardines evidenció que los «ceses puntuales son extraños» en el Consistorio alicantino y destacó las «prisas y la vehemencia» del alcalde para acelerar el despido.

Hoy prosigue el juicio con tres testigos más: la cuñada de Barcala, Catalina Rodríguez; el entonces edil de Cultura, Daniel Simón (EU), y otra técnico municipal.

Compartir el artículo

stats