La Conselleria de Medio Ambiente tiene un solo inspector en la provincia de Alicante para revisar las emisiones contaminantes y aplicar medidas disciplinarias en más de 200 instalaciones industriales, frente a los cuatro que hay en Valencia, donde se concentra el control medioambiental de las industrias. También hay un solo técnico, según confirmaron desde la Conselleria de Medio Ambiente, en la provincia de Castellón, que tiene una importante industria azulejera y cerámica que supervisar, a la que el Consell equipara con Alicante, pese a que ésta tiene numerosas fábricas textiles, granjas porcinas y avícolas, centros de tratamiento de residuos, cementeras, fábricas de aluminio e instalaciones portuarias que generan una actividad mucho mayor.
Colectivos ecologistas y sociales estiman en menos del 20% la tasa de cumplimiento de las inspecciones, una relajación en los controles por parte de la autoridad que relacionan con un mayor riesgo para la salud humana. El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, atribuyó ayer este déficit de personal a las restricciones a la contratación que impuso en 2012 el exministro de Hacienda con el PP, Cristobal Montoro.
«Todos los años hacemos una previsión de refuerzo. Estamos esperando a que deroguen la ley de racionalidad de la Administración que se aprobó en 2013. No solo reforzaremos Alicante sino las tres provincias. Lo primero es pedir que se creen más plazas y luego que se doten. En Alicante había una que estaba vacante y se cubrió», recordó, en referencia al puesto de inspección que ocupa una funcionaria desde abril de 2019. Esta plaza estuvo vacante durante tres años por jubilación del anterior responsable.
Según el director general de Calidad Ambiental, en Valencia están los servicios centrales, que dan cobertura a toda la Comunidad mientras que las territoriales (Alicante y Castellón) tienen uno en cada una. «El hecho de que los servicios centrales estén en Valencia no quiere decir que sean solo para su provincia. Históricamente, las plazas de las territoriales han estado más tiempo vacantes, y aquí (en Valencia) se ha podido reforzar para las inspecciones de autorización ambiental integradas (como las granjas y fábricas), que se llevan desde servicios centrales aunque las territoriales elaboren informes para esos expedientes».
Piquer también precisó que la Policía Autonómica y los agentes medio ambientales hacen tareas de inspección. «No es solo tarea de los funcionarios con plaza. El resto son agentes autorizados y realizan estas inspecciones. Incluso el Seprona de la Guardia Civil, aunque no dependan de la Generalitat».
La inspección también tiene que controlar las emisiones a la atmósfera de empresas con un elevado potencial contaminador, como cementeras y plantas de residuos, y aplicar medidas disciplinarias contra las mercantiles que incumplan la legislación vigente. El tipo de instalaciones que tienen que ser sometidas a inspección en la provincia son sobre todo granjas de pollos y cerdos, industrias textiles, cementeras y centros de tratamiento de residuos, en total unas 200. En toda la Comunidad Valenciana son seis inspectores para 550 instalaciones, entre ellas industrias químicas, minerales y de combustión.
En 2017 solo había tres inspectores, equipo que aumentó a cinco personas en 2018 y en una más en 2019 con la incorporación de la inspectora de la territorial de Alicante. En Madrid y en Cataluña la proporción es de seis plantas por inspector frente a 160 en la Comunidad.
Un déficit de plantilla «que hace materialmente imposible cumplir los objetivos de inspección programados, lo que significa que la Generalitat vulnera los requirimientos de la directiva europea de emisiones», dijo Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.
Expedientes que prescriben por la falta de medios para aplicar la norma
Ecologistas y colectivos vecinales urgen soluciones al incumplimiento de la legislación en plena crisis climática
Colectivos ecologistas y vecinales reclaman un esfuerzo para encontrar soluciones al incumplimiento de la normativa en un momento de crisis climática como el actual y piden que se refuercen las plantillas para evitar que prescriban los expedientes sancionadores a instalaciones industriales contaminantes por la falta de medios para realizar estos controles.
«Es imposible que realmente pueda haber un control medioambiental. Hay expedientes y sanciones que prescriben porque no se pueden abordar todas. Tendría que haber una norma y una inspección para todas las instalaciones, para evitar cualquier tipo de atentado ambiental», explicaron desde estos colectivos, que abundaron en que «al final, por incapacidad real práctica, realmente se queda todo en nada. Estamos en un momento en el que hay que hacer un esfuerzo por tener un control, no solo hay que legislar sobre medio ambiente. Se puede tener una legislación avanzada pero si no hay una inspección fuerte capaz de hacer un seguimiento sancionador, será una legislación incumplida por falta de medios y hay que solucionarlo».
Aparte de las instalaciones industriales, la Plataforma por un Puerto Sostenible reclama que no solo inspeccione las instalaciones portuarias la Policía Autonómica. «Estaría bien que se hiciera un seguimiento del Puerto, que está haciendo muchas operaciones industriales pese a ser comercial». Desde la plataforma, José Santamaría dijo que han comunicado a la Dirección General de Medio Ambiente «graves incumplimientos» de la actividad de graneles.
