Gabriel Echávarri, alcalde socialista de Alicante entre junio de 2015 y abril de 2018, volverá a comparecer el miércoles ante un tribunal de la Audiencia provincial acusado de un delito de prevaricación apenas dos meses y medio después de que desfilara por este mismo escenario para ser juzgado por idéntico cargo.
Un proceso por fraccionar contratos que se saldó con ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, sentencia que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, y a la que se sumaría, de así estimarlo el tribunal, los diez que el fiscal le reclama ahora por haber despedido a la cuñada del actual regidor, Luis Barcala, como venganza porque éste había llevado a la Fiscalía precisamente el tema del troceo de los contratos. Dos procedimientos penales que acabaron provocando la dimisión de Echávarri como alcalde y el fin de su carrera política.
Pero si el pasado 30 de septiembre dos exasesores de Echávarri, que también fueron condenados por las irregularidades en los contratos, le acompañaron en el banquillo de los acusados, el próximo miércoles, cuanto está previsto que arranque la vista oral por el despido de Catalina Rodríguez, el exalcalde estará solo.
El fiscal sostiene en su relato que el 18 de abril de 2017 Echávarri decidió despedir a la cuñada de Barcala, que estaba contratada como interina en el Ayuntamiento de Alicante, «como represalia por la denuncia que esa misma mañana se había interpuesto contra él en la Fiscalía por parte del PP. Para ello se puso en contacto con el entonces concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, «indicándole que tenía que cesar de forma inmediata a una funcionaria interina que identifica como la cuñada de Barcala diciéndole que como el edil se encontraba fuera de Alicante, él se encargaría de todo».
Y así lo hizo, según sostiene el fiscal. Al día siguiente llamó a un técnico de la concejalía «dándole la orden de preparar el proyecto de decreto para el cese de dicha funcionaria sin que existiese ningún expediente en tramitación para la regulación de la totalidad de los funcionarios interinos y sin indicarle al técnico la causa por la que debía ser cesada».
Según las comprobaciones realizadas por los técnicos de Recursos Humanos, Catalina Rodríguez «había sido seleccionada el 8 de noviembre de 2010 con ocasión de la puesta en marcha del MACA (Museo de Arta Contemporáneo de Alicante) y las Cigarreras, y en esos momentos se dedicaba a preparar exposiciones en el Centro de las Artes y en la Lonja del Pescado».
Para cumplir la orden del entonces alcalde, los técnicos elaboraron un proyecto de decreto «en el que se cesaba a la funcionaria interina por haberse cumplido el objetivo para el que había sido contratada (...) sin que dieran relevancia al hecho de que desde el 4 de diciembre de 2015, meses después de la toma de posesión del alcalde y de su equipo de gobierno, por la Concejalía de Cultura se había comunicado a la de Recursos Humanos el cambio de destino de Catalina Rodríguez» por necesidades de trabajo. De hecho, según consta en el escrito de la acusación pública, desde Cultura se informó que nunca se había comunicado ni a la Alcaldía ni a ninguna otra instancia del Ayuntamiento que dicha funcionaria no era necesaria. Y añadía «que no podía renunciar a una técnica de museos, por interina que fuera, so pena de incurrir en irresponsabilidad por dejar sin servicio a los centros culturales municipales». El exedil de Cultura Daniel Simón está citado como testigo para respaldar estas afirmaciones.
El fiscal no hace mención a la publicación que el propio Echávarri colgó en su muro de Faceboock, en la que admitía que la denuncia del PP sobre los contratos había acelerado el despido de la cuñada de Barcala, pero si concreta que, en contra de lo que el exregidor le dijo al edil de Recursos Humanos para que firmara el despido, no existía un expediente que lo avalara ni un informe de la Concejalía de Cultura en este mismo sentido. Ni, como también sostuvo el exregidor, se refería expresamente a esta mujer un requerimiento del Síndico de Agravios del 11 de octubre de 2016 sobre la conveniencia de sustituir «cuando fuera posible» a los funcionarios interinos por funcionarios de carrera, «sino, en general, a todos».
El fiscal precisa que Catalina Rodríguez, que fue readmitida casi de inmediato a petición del Pleno y sigue trabajando en el Ayuntamiento, «formaba parte de un grupo de funcionarios interinos sin cargo a plaza de los que ella fue la única despedida».
