La provincia de Alicante cuenta con un solo inspector de Medio Ambiente para controlar los niveles de contaminación entre más de 200 instalaciones industriales. En un momento de emergencia mundial por los problemas derivados del calentamiento climático, solo hay una responsable para realizar todas las inspecciones de la provincia. Según confirmaron fuentes de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, esta plaza se cubrió en abril de 2019. Estuvo vacante durante tres años por jubilación del anterior responsable pero es tal el volumen de trabajo que resulta totalmente insuficiente para hacer frente a todo lo que hay que inspeccionar, según alertan colectivos sociales y ecologistas.
La función de la inspección es controlar las emisiones a la atmósfera de empresas con un elevado potencial contaminador y aplicar medidas disciplinarias contra las mercantiles que incumplan la legislación vigente. El tipo de instalaciones que tienen que ser sometidas a inspección en la provincia son sobre todo granjas de pollos y cerdos, industrias textiles, cementeras y centros de tratamiento de residuos. En toda la Comunidad son seis inspectores para 550 instalaciones, entre ellas también industrias químicas, minerales y de combustión.
El propio director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, remitió en 2017 un informe a Función Pública y Presupuestos de la Generalitat en el que advertía que «muchos expedientes sancionadores abiertos no se pueden resolver en tiempo y forma, lo que provoca su caducidad».
Los inspectores revisan las instalaciones con autorizaciones ambientales integradas (como las granjas), y de emisiones a la atmósfera, (plantas de residuos, de tratamiento, como la que está en Fontcalent, vertederos, cementeras...). En 2018 la plantilla se reforzó con 15 personas para hacer informes pero los ecologistas critican que este personal es provisional y no pueden hacer trabajos cualificados como los que se precisan.
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, considera «gravísimo» el incumplimiento del plan anual de inspecciones ambientales. «Si no hay, las empresas hacen lo que quieren porque no se sienten observadas por la autoridad ambiental. Todo se relaja si no se hacen inspecciones que controlen el cumplimiento de las autorizaciones. En medio ambiente esto es criminal porque puede haber muchos incumplimientos que pongan en peligro la salud humana». «¿Cómo protegen a la población de la contaminación ambiental? ¿Controlan a las refinerías o las cementeras? No, y si no hay control...», afirma Arribas. Según un informe de Aena, la huella de carbono de toda su red de aeropuertos fue de 242.789 toneladas equivalentes de CO2 en 2018, una contaminación que equipararon a la de una fábrica de cemento grande.
En 2017 (aún no está la memoria de 2018 y menos la de 2019) solo se inspeccionaron un 7% de las instalaciones previstas en la Comunidad por la falta de técnicos. En la memoria del Consell se indica que se revisaron 14 plantas, frente las 190 previstas. Las instalaciones se dividen por su peligrosidad: las refinerías deben ser revisadas cada año, mientras que las cementeras, por ejemplo, cada dos; mientras que también las hay que solo necesitan un control trianual. «Cada instalación tiene un plan determinado por directivas europeas pero no lo cumplen», insiste Arribas en referencia a la Conselleria que dirige Mireia Mollà (Compromís).
«Estos bajos resultados son debidos al elevado ratio que se da en la Comunidad en cuanto al número de instalaciones por inspectores», señala la propia administración en el Diario Oficial.
En 2017 solo había tres inspectores para más de 550 plantas a revisar, un equipo que aumentó a cinco personas en 2018. En la Comunidad de Madrid y en Cataluña la proporción es de seis plantas por inspector frente a una ratio de 160 en la Comunidad Valenciana. Un déficit de personal «que hace materialmente imposible cumplir con los objetivos de inspección programados, lo que significa que la Generalitat vulnera los requirimientos de la directiva europea de emisiones», afirman los ecologistas.
La mayoría de inspecciones son presenciales e incluyen el análisis de las emisiones al aire, residuos o vertidos, pero también las hay documentales, sin presencia física del inspector. En 2017 se revisaron documentalmente 32 instalaciones con autorización ambiental integrada, «no habiendo sido posible dedicarle más tiempo al programa de inspección debido a los escasos recursos personales disponibles», indica la misma Conselleria en la resolución por la que se aprueba el programa de inspección en materia de calidad ambiental y prevención de la contaminación durante 2018, que es el último publicado en el DOGV, donde también se hacen públicos los balances de las inspecciones realizadas.
«El plan no se cumple ni al 20%. El trabajo de los inspectores en muchos casos es muy deficiente», señala Arribas. «Una instalación complicada como una cementera requiere que se revise la instalación y toda la documentación y eso puede llevar dos o tres días, y en el caso de una granja un día. Algunas son francamente deficientes. Muchas veces es una inspección visual de las instalaciones, muy somera, son poca gente y no tienen tiempo. Van de cabeza. Es totalmente contradictorio que una Conselleria se llame de Emergencia Climática y Transición Ecológica y no haya un control de las instalaciones industriales en condiciones».
Controles en coordinación con el Seprona, la Policía y los ayuntamientos
Controles en coordinación con el Seprona, la Policía y los ayuntamientosEn su memoria de 2018, la propia Conselleria señala que no se ha podido dedicar más tiempo a revisar documentalmente instalaciones porque «los escasos recursos disponibles» también se han utilizado en la tramitación de los informes realizados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona); el grupo de Medio Ambiente de la Unidad de Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, los agentes medioambientales de la Conselleria de Agricultura, y las policías municipales, que se remiten a la Subdirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para su valoración, «a las que se ha dado cumplida respuesta». En 2017 se tramitaron 1.746 denuncias, de ellas 372 en la provincia de Alicante. La mayoría, cerca de 700, por la Policía Nacional; 304 por el Seprona; 57 de agentes medioambientales; 55 de ayuntamientos; 82 de particulares y 43 procedentes de otros organismo. En 2018 se tramitaron hasta noviembre 900 expedientes, la mayoría de ellos relacionados con la gestión de residuos y la calidad de las emisiones a la atmósfera, de los que casi 200 acabaron en sanción. Los datos de 2019 están pendientes de publicar.
