Como si fueran socios bien avenidos, PP y Ciudadanos han conseguido cuadrar el Presupuesto municipal para 2020 pese a la exigencia de última hora del Ministerio de Hacienda, que reclamó recientemente al Ayuntamiento de Alicante la devolución de 2,4 millones de euros por liquidaciones de 2017 de las aportaciones que hace el Estado. De esa cantidad, 1,9 millones debían incluirse en las cuentas del próximo año. Ese contratiempo retrasó aún más la elaboración de los Presupuestos, que el alcalde se había comprometido a aprobar antes de finalizar este 2019. Imposible.
Para cuadrar el presupuesto tras la exigencia de Hacienda, los socios de gobierno han pactado repartirse el «marrón», recortando en partidas presupuestarias relativas a concejalías de ambos partidos, para que así nadie cargase exclusivamente con el problema generado por la reclamación ministerial, correspondiente a la liquidación de 2017 de las aportaciones que hace el Estado a través de la participación municipal en la cesión de tributos del Estado y del fondo complementario de financiación, según explicó en su día la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, quien criticó al Gobierno central por hacer «oídos sordos» a la petición de los ayuntamientos. «El agujero que producen los 2.400.000 euros a las cuentas municipales se podría haber evitado compensándolo con las nuevas aportaciones desde Madrid, pero la falta de Presupuestos Generales del Estado nos impide acceder a esos fondos y nos va a obligar a consignarlos en las cuentas locales de 2020 ya que el Ministerio de Hacienda ha rechazado paralizar la reclamación económica que están exigiendo a todos los ayuntamientos de España».
La reclamación de Hacienda ha obligado a «minorar los ingresos previstos y por tanto a hacer una revisión de las cuentas para encajar esta importante cantidad económica con disminuciones de gasto en las partidas que componen el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante de 2020».
Este nuevo traspié en la elaboración de los Presupuestos municipales ha agudizado aún más, al menos dos semanas, el retraso acumulado por el gobierno municipal en la redacción del borrador. Antes de conocer la reclamación de Hacienda, el regidor ya había admitido que el pleno se tendría que retrasar hasta enero.
Sin avances de inicio
Fuentes del bipartito señalaron ayer que la ronda de contactos con la oposición se pospone también para el próximo año, aunque todavía no hay fecha concreta. Esos cuatro grupos (PSOE, Podemos, Compromís y Vox) ya mantuvieron una primera toma de contacto con el alcalde, Luis Barcala (PP), y con la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), aunque no hubo avances ya que el gobierno no puso ningún documento sobre la mesa, se limitó a preguntar las intenciones de los grupos de cara a la negociación oficial. El ejecutivo local necesita que la oposición en bloque no vote en contra de las cuentas para poder aprobarlas. Es decir, le basta con la abstención de un grupo. Todas las miradas apuntan hacia Vox, aunque Ciudadanos espera aprobar los Presupuestos gracias al PSOE, en ese intento de volver al centro del tablero político.
La formación ultra ya ha puesto sus cartas boca arriba, y no han sido bien recibidas por los naranja. Vox condicionó su voto en el Pleno de Presupuesto a que se elimine el área LGTBI, por «discriminatoria», y el dinero destinado a la Concejalía de Cooperación, que actualmente asciende a 430.000 euros, ambas en manos de Ciudadanos, que ya ha anunciado que esas partidas son inamovibles. No se tocarán aunque de ellas dependa el futuro de las cuentas, o eso han asegurado desde la formación encabezada por la vicealcalesa Sánchez. Otras imposiciones de Vox son dar un mayor protagonismo al área de Familia, enmarcada en Acción Social, y más dinero para seguridad, más plantilla policial y una patrulla más para las partidas rurales.
