La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte no prevé, por ahora, regular el uso de los teléfonos móviles ( smartphones) en las aulas en un momento en el que, según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación publicados por el INE el pasado mes de octubre, el 64,2 % de los niños y niñas valencianos de entre 10 y 15 años dispone de un dispositivo móvil. Es más, según ha podido saber INFORMACION, la conselleria de Educación descarga esta decisión en el Reglamento de Régimen Interno (RII) de cada centro educativo.
No obstante, fuentes cercanas a la cartera que dirige Vicent Marzà, manifiestan que en los últimos años se ha generado un extenso debate sobre hasta qué punto puede resultar beneficioso que el alumnado utilice un teléfono móvil mientras esté en clase y explican que, atendiendo a la autonomía de los centros y a la libertad de cátedra, la regulación de uso de los dispositivos móviles, además de estar incluída en el RRI, debe enmarcarse dentro del Proyecto Educativo del Centro y, por extensión, aprobarse en el Consejo Escolar.
Pero todo esto debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes principios básicos: el uso de los dispositivos móviles puede ser un recurso didáctico muy potente que no debe desaprovecharse en un sistema educativo de calidad; la utilización de smartphones no puede interferir en el desarrollo del aprendizaje y, lo más importante, que estos dispositivos no pueden generar conflictos y deben utilizarse con total respeto hacia las normas de convivencia, a la diversidad y a la intimidad del uso de la imagen personal.
Todo ello , apuntan desde Educación, debe ir acompañado de un plan de formación en las TIC pero adecuado a los diferentes actores de la comunidad educativa: profesorado, familias, AMPA y alumnado.
La Comunidad de Madrid anunció que el próximo curso el uso de móviles en las aulas estará prohibido. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a modificar la normativa autonómica para que se haga efectiva una restricción que afectará a alrededor de 800.000 estudiantes de 1.700 centros públicos y concertados. El cambio normativo impedirá de forma explícita la utilización de teléfonos y otros dispositivos electrónicos en los periodos lectivos, «salvo en aquellos casos que esté expresamente previsto en el proyecto educativo y siempre con fines didácticos». Madrid será así la tercera autonomía después de Galicia y Castilla-La Mancha donde el uso de teléfonos en clase estará prohibido por decreto. Los centros podrán limitar adicionalmente su uso en otros espacios que sean de su competencia.
