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Trasvases, depuración y desalación marcarán la estrategia contra la sequía en la Diputación

Carlos Mazón incorpora a los catedráticos de la UA Antonio Gil Olcina y Antonio Rico para fijar las prioridades hídricas de la provincia - El Gobierno certifica en el BOE el cierre del Tajo a la agricultura

De izda a derecha, Antonio Rico, Antonio Gil Olcina, Carlos Mazón y Ana Serna, diputada de Ciclo Hídrico.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha llegado a un acuerdo con los catedráticos de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina -emérito- y Antonio Rico, presidente del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, para que se incorporen a la institución como asesores para elaborar la nueva estrategia para la defensa del agua de la provincia. Una línea de trabajo marcada por una defensa cerrada de los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó, en un momento en el que se encuentran más amenazados que nunca. Uno por los recortes para la agricultura, y el otro por la falta de acuerdo entre los regantes y el Gobierno, que les reclama un pago adicional de 70 millones de euros. Además, la reutilización del agua depurada -como ejemplo el Consorcio de la Marina Baixa-, la desalación y el ahorro completarán las patas de la mesa donde se decidirán las acciones para combatir la sequía, primer problema ambiental de la provincia de Alicante.

Antonio Gil Olcina y Antonio Rico denuncian la excesiva «bandera política» que se ha enarbolado para agitar el problema del agua, apuestan por el trasvase del Tajo pero reestructurando primero los recursos en la cuenca cedente, por el aumento de reutilización del agua residual depurada mejorando las plantas y, por supuesto, no menosprecian la desalinización del mar, «pero para abastecimiento e industrias. Los agricultores no pueden pagarla», apuntó ayer Gil Olcina.

El rector honorífico de la Universidad de Alicante recordó, en este sentido, que «resulta inaceptable que España siga entregando todos los años a Portugal 9.000 hm³ de agua en el embalse de Cedillo, cuando por convenio solo tendría que enviar 2.700 hm³. Arreglando esa transferencia se solucionaría nuestro problema y el de la propia Castilla-La Mancha».

Mazón ultima la firma del convenio de colaboración para impulsar el acuerdo, que servirá para ver en profundidad las necesidades de los 141 municipios de la provincia así como para preparar, entre otros, la gran efeméride del próximo año, la celebración del 600 aniversario de la primera petición de agua del Júcar desde la provincia. El fichaje de ambos expertos se suma al resto de iniciativas que coordina Ana Serna, diputada de Ciclo Hídrico, para relanzar la Mesa del Agua, a la que se van a incorporar las diputaciones de Almería y Murcia.

Mazón subrayó ayer que para la institución es un «orgullo que relevantes figuras de la talla académica de Antonio Gil Olcina y Antonio Rico se integren e impulsen este proyecto. Se trata de los mejores profesionales que tenemos en la provincia para afrontar el reto de optimizar nuestros recursos hídricos y, por los tanto, Olcina y Rico van a convertirse en los asesores de cabecera de la Presidencia de la Diputación en la estrategia provincial del agua».

El convenio recogerá también una serie de acciones, estudios, proyecciones y estrategias del agua en la provincia de Alicante, tanto con el trasvase Tajo-Segura como con el del Júcar-Vinalopó «de tal manera que encontremos soluciones integrales para optimizar nuestros recursos hídricos y para difundir la cultura e historia del agua desde el punto de vista patrimonial y de la tradición en cada uno de los municipios, especialmente en la Vega Baja», concretó el presidente.

Antonio Gil Olcina y Antonio Rico consideran que el gran fallo que se ha cometido con la provincia en materia hídrica ha sido el menosprecio histórico a los regantes «cuando desde principios del siglo dos autoridades como Indalecio Prieto, ministro socialista de Obras Públicas en la II República, y el ingeniero Lorenzo Pardo coincidieron que Alicante, Murcia y Almería eran por condiciones lumínicas y térmicas ideales para desarrollar una agricultura competitiva». Ambos expertos subrayan que «el gran problema ha sido y es la politización del asunto».

Mazón incorpora a estos expertos en una semana especialmente dura para los intereses hídricos de la provincia. Ayer, el Ministerio para la Transición Ecológica consumó el cierre del trasvase del Tajo para la agricultura publicando en el BOE la orden que regula el trasvase de solo 7,5 hm3 para abastecimiento este diciembre. Movimiento que esperaba el Consell para presentar un recurso por la vía de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional.

Para Antonio Gil Olcina, «incluso desde el más acendrado eufemismo, la infundada, irreflexiva y sumamente dañina medida de suspender las transferencias del acueducto Tajo-Segura no puede ser calificada sino de dislate y despropósito». Gil Olcina, subrayó, no obstante, que «con todo, junto al serio perjuicio material, quizá lo peor de la resolución sea el implícito desprecio y absoluta falta de respeto a los regantes del Sureste Ibérico, quienes, por su denodado esfuerzo e impar gestión hídrica, son acreedores de singular cualificación al agua que ahora se les niega».

El exrector de la Universidad de Alicante recordó, al respecto, «dos opiniones sumamente cualificadas: la primera del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, que, al considerar particularmente aptas para riego estas tierras por sus regímenes lumínico y térmico, añadía que era aquí donde se encontraban las tradiciones más vivas, las instituciones de riego más firmes, las prácticas más sabias, la mayor y más generalizada experiencia».

«Y, por lo que hace a la intencionalidad y sesgo de la decisión, me viene a la memoria una línea del escrito con que Indalecio Prieto, a la sazón ministro de Obras Públicas, remitió, en 1933, a las Cortes Constituyentes el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que al encarecer la condición de asunto de Estado propia del agua, afirmó que «nada más estéril que atalayarlo en el mezquino montículo que puede levantar la bandería política».

Por otro lado, la falta de buenos sistemas de depuración es otro de los problemas graves para contrarrestar la falta de agua en la provincia, según estos expertos. En la provincia se depuran todos los años 120 hm3, de los que 55 hm3 se utilizan en el campo y 29,5 hm3 se vierten a los cauces en lo que se considera reutilización indirecta. Los alicantinos pagan al año unos 75 millones de euros correspondientes al canon de saneamiento que se creó en 1992 en el recibo del agua para financiar la construcción y funcionamiento de las depuradoras. El caudal que entra en las plantas equivaldría, con un buen sistema de depuración, a cinco meses del hoy cerrado Tajo-Segura.

Según un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía, el coste para mejorar la calidad del agua depurada sería de 0,25 euros por metro cúbico. Es decir, que en la provincia de Alicante se necesitaría invertir unos 17 millones de euros, un tercio de lo que el Consell destina al plan para modernizar las depuradoras.

En la mayoría de los casos, las plantas carecen del sistema de desalación del agua que, si bien sale de la planta sin el contenido bacteriológico con el que llega, mantiene un alto contenido en sal, lo que la hace inviable para la agricultura. Los agricultores recelan de estos caudales debido a que no siempre tienen la calidad exigida por sus clientes, sobre todo para los productos que se exportan y que se venden a los grandes hipermercados de España y el resto de Europa, que tienen sus propios sistemas de control. La aparición de cualquier coliforme puede arruinar una explotación agrícola al cerrarse el mercado.

Antonio Rico, advierte, en este sentido, de que «en los últimos años se ha detectado que el agua que llega a las depuradoras está muy cargada de sales y no todas las plantas están preparadas para tanta presión, sobre todo en la costa, que es donde más agua residual se genera». Rico considera necesario que las plantas incorporen un sistema de ultrafiltración para eliminar todo tipo de bacterias y el terciario avanzado para desalar el agua y así poderlo utilizar en la agricultura. ¿Quién lo paga? Rico lo tiene claro. «Deben colaborar los abastecimientos». Y, además, recuerda que «el caudal regenerado no es tampoco viable para todos los cultivos».

Perfil de Antonio Gil Olcina

Antonio Gil Olcina, nacido en Lorca, es catedrático de universidad y ha sido, entres otros cargos, rector de la Universidad de Alicante y director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y de la revista Investigaciones Geográficas. Es más, Gil Olcina, que con veintipocos años ya trabajaba como rector de la Universidad de La Laguna (Tenerife), está considerado como uno de los pioneros en la creación el actual Campus de San Vicente, del que es ferviente defensor, como lo demostró cuando plantó cara al entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, cuando segregó la Facultad de Medicina. Sus doscientas cincuenta publicaciones, doscientas de ellas a título individual, versan sobre climas de España, cambio climático, aguaceros copiosos e intensos, región climática del sureste ibérico, regímenes fluviales, alteración de los mismos por el hombre, usos del agua, propiedad de aguas perennes, actuaciones hidráulicas, y planificación hidrológica, así como sobre geografía histórica. Fue Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, Premio Nacional «Fin de Carrera», y ha dirigido y participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales; asimismo ha intervenido repetidas veces como ponente en congresos y simposios españoles y extranjeros. Uno de las mentes más lúcidas al abordar el problema hídrico.

Perfil de Antonio Rico Amorós

Antonio Rico nació en Novelda. Es licenciado en Geografía y doctor en Geografía por la Universidad de Alicante, con sendos Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado, así como en el Máster en Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante y agricultor ocasional por la rama familiar. Es el actual director del Instituto Interuniversitario de la Universidad de Alicante desde noviembre de 2015. Ha sido director del Programa de Doctorado Interuniversitario con Mención de Calidad «Problemas actuales del territorio valenciano y técnicas de análisis», de las Universidades de Alicante y València, durante los cursos académicos 2007-08, 2008-09 y 2009-10. En la actualidad forma parte de la Comisión Académica del Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, que organizan el Instituto I. de Geografía y la Facultad de Filosofía y Letras y de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Empresa, Economía y Sociedad, de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. Con más de un centenar de publicaciones, su labor investigadora se ha centrado en cuestiones relativas a usos agrícolas y urbanos del agua, sobreexplotación de acuíferos, estructuras agrarias, riesgos climáticos (sequías e inundaciones), ordenación del territorio y planificación estratégica, espacios de montaña y Política Agraria Comunitaria. Un auténtico referente.

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