El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, anunció ayer movilizaciones «en continuo» y aseguró que buscarán fórmulas para dejar de pagar el «tasazo» que abonan todos los meses como contraprestación por el agua del acueducto, como respuesta al «ataque» que supone el trasvase «cero» para regadío en los meses de noviembre y diciembre. Sensiblemente afectado, Luis Jiménez señaló no entendía cómo «el Gobierno ha podido dar ese paso adelante. Es muy duro». Junto a él, José Andújar, vicepresidente el Sindicato y regante de Almoradí, quien subrayó que, «solo en el cerebro de la ministra Teresa Ribera puede haber un hueco para pensar que la Vega Baja contamina el Mar Menor».
Acompañado por los representantes de los regantes del trasvase de Alicante y Almería, Lucas Jiménez criticó que la decisión «unilateral» del Ministerio para la Transición Ecológica contraviene las recomendaciones de los técnicos y se basa en información «falsa», al tiempo que trata de «culpabilizar a toda la agricultura levantina de las tres provincias de los problemas del Mar Menor».
Jiménez reiteró que «no vamos a pagar el pato de lo que está pasando en el Mar Menor», señaló el presidente del Sindicato, quien avanzó que habrá movilizaciones «sí o sí», pero todavía no han determinado cuáles serán por no tomar decisiones «en caliente». Adoptarán estas medidas tras someterlas al consenso de la Asamblea del Sindicato que tendrá hoy y en una próxima reunión del Círculo por el Agua, en el que están representados empresarios de Alicante y Murcia.
Tasazo
Como primera medida, Jiménez afirmó que los regantes dejarán de pagar el denominado «tasazo» que supone un coste mensual de un millón de euros aproximadamente -unos 13 millones anuales, para lo cual van a inventar «fórmulas de impago». El Ministerio para la Transición Ecológica les exige el abono de esta por el mantenimiento de la infraestructura, circule o no circule agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, entidad ilicitana que gestiona el agua de riego para 26.000 hectáreas, señaló ayer, por su parte, que «considero que es una agresión directa hacia los agricultores alicantinos. No hay ninguna explicación ni argumento motivado. No nos dejan más alternativa que defendernos de este ataque directo que pretende desviar la atención ciudadana de la falta de asunción de responsabilidades en el campo medioambiental». Berenguer anticipó que «desde la asamblea del Sindicato Central del Tajo-Segura y desde el Círculo por el Agua se tomarán decisiones proporcionales a la gravedad de esta actuación del Ministerio».
El vicepresidente del SCRATS y presidente de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, apuntó que la explicación que ha dado el Ministerio «no la entiende ni la ministra». O sea, que se toma a la cuenca del Segura en su conjunto por los efectos del mar Menor, y dices tú, qué cerebro habrá pensado que toda la cuenca del Segura los efectos van al mar Menor», se preguntó Andújar.
«El Gobierno está empecinado en darnos un final de año verdaderamente amargo. Estamos ante un trasvase cero que significa pura y llanamente una decisión política desvergonzadamente falsa y que aparte intenta culpabilizar a toda la agricultura de Murcia, Alicante y Almería de un problema ambiental como es el mar Menor», sentenció.
«Siento hoy pesar por unos magníficos técnicos que tiene le ministerio para la Transición Ecológica que están siendo menospreciados por sus jefes», añadió, y apuntó que esos técnicos decían que había 108 hectómetros cúbicos de agua para trasvasarnos en un semestre, y «de momento llevamos cero. Nadie puede demostrar que dejando a la agricultura de Alicante, de Murcia y de Almería en secano vaya a mejorar la situación del mar Menor». incidió, y advirtió que tal medida «pone en jaque a todo el sector primario, que en recientes tiempos de crisis ha mantenido esta economía regional y lo pone en jaque precisamente cuando se anuncian tiempos de recesión».
Caudales ecológicos
Los regantes del Tajo-Segura han presentado esta semana en Madrid un informe (Estudios de caudales ecológicos mínimos en el Río Tajo en el tramo Aranjuez-Talavera de la Reina) en Madrid en el que reclaman al Gobierno que no toque los caudales ecológicos del Tajo porque cualquier elevación acabará con el ya castigado trasvase.
El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura advierte de que cualquier modificación al alza de los caudales ecológicos del río en Aranjuez, Almoguera, Talavera y Toledo secaría los embalses de Entrepeñas y Buendía, principales «afluentes» del río y estratégicos para el trasvase Tajo-Segura. El informe señala que los caudales actuales son suficientes y garantizan la salud del Tajo. El estudio está hecho con los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo y contrarrestan las peticiones hechas por el gobierno de Castilla-La Mancha. Si se aumenta el caudal, entre los perjudicados estarían los propios municipios ribereños de Castilla-La Mancha. El informe revela que por Almoguera y Aranjuez circulan ya 6 m3/segundo de caudal y por Toledo y Talavera, 11,88 y 12 m3/segundo respectivamente, cuando lo legal en ambos casos es de 10 m3/segundo.
