La ansiada liberalización de la autopista AP-7 va a tener una contrapartida negativa para las arcas de los municipios por los que discurre la vía, que hasta ahora recibían una compensación económica por ello. Durante décadas, la concesionaria de la autopista, Aumar, ha venido pagando a los ayuntamientos un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) especial, en función de los metros de vía que correspondieran a cada término municipal. A partir del próximo 1 de enero, y al pasar la titularidad de la autopista directamente al Estado, los municipios dejarán de recibir este ingreso al no haber razón que lo justifique.
En conjunto, las localidades de la provincia de Alicante por cuyo término municipal discurre la AP-7 dejarán de percibir alrededor de 2 millones de euros. La cantidad varía según el recorrido correspondiente a cada municipio y, como es lógico, los más afectados son los que tienen más metros de autopista, como La Vila Joiosa, Benissa, El Campello y Altea, cuyos términos son atravesados por la AP-7 de un extremo a otro. En el caso del Consistorio vilero la cantidad que pagaba Aumar era de 372.000 euros anuales, según han señalado a este periódico fuentes municipales. En las otras tres localidades la cifra sobrepasa los 250.000 euros, también según han indicado en los últimos días fuentes municipales a este periódico y a «Levante-EMV», cabecera del mismo grupo editorial.
Otras localidades a las que Aumar ha venido pagando una importante compensación son Benidorm, l'Alfàs del Pi, Pedreguer y Gata de Gorgos, con cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 euros al año. También son muy significativos los 89.000 euros de Ondara. El resto de municipios afectados son Sant Joan d'Alacant, Finestrat, La Nucia, Calp, Senija, Beniarbeig, El Verger y Dénia. Algunos de ellos tan sólo cuentan con unos centenares de metros de autopista, como Sant Joan, La Nucia, Beniarbeig y Dénia, pero de todos modos la concesionaria lo ha compensado de forma correspondiente. Así, por ejemplo, el Consistorio nuciero ha venido ingresando 2.696,23 euros por apenas 300 metros de la AP-7 que discurren por su término municipal entre l'Alfàs del Pi y Altea. El único municipio del eje Alicante-València por la costa que no ha recibido nunca esta asignación anual es Teulada, puesto que la autopista no toca su término municipal aunque sí lo atraviese de lado a lado la carretera N-332.
Aumar ya ha notificado a la mayoría de los ayuntamientos afectados que, como es lógico, dejará de pagar por la autopista a partir del 1 de enero. Al de La Vila Joiosa, por ejemplo, lo hizo el pasado 21 de noviembre; también lo ha hecho en Altea, según confirma el portavoz del equipo de gobierno, Diego Zaragozí. Al resto se espera que lo haga a corto plazo, bien de manera directa o bien a través del Catastro. Los municipios esperan compensar esta pérdida de ingresos por otras vías, como en l'Alfàs del Pi, donde se prevé suplir esos 129.000 euros con el IBI de viviendas nuevas que se han dado de alta. Cabe recordar, en cualquier caso, que la gratuidad de la AP-7 es algo demandado de forma casi unánime en la zona afectada y que varios de estos mismos ayuntamientos han mostrado su deseo de que sea una realidad el próximo 1 de enero.
Incertidumbre sobre el aumento del tráfico y los accesos
La autopista absorberá gran parte de los desplazamientos de recorrido medio que ahora mismo se realizan por la N-332
Faltan apenas tres semanas para el acontecimiento histórico de que la AP-7 se convierta en una vía gratuita, 43 años después de que se abriera el primer tramo entre Sant Joan d'Alacant y Altea y 34 desde que se completara el recorrido hasta València. Lo que en origen fue el privilegio de poder desplazarse por una vía rápida se ha convertido con el paso del tiempo en un agravio, sobre todo para los ciudadanos de la Marina Alta y el norte de la Marina Baixa, que no tienen más remedio que pagar peaje en sus desplazamientos si quieren evitar los atascos de la N-332. Entre las incertidumbres que plantea esta demandada medida está el incremento del tráfico que se producirá en la autopista, al que apelan las escasísimas voces en contra de la liberalización como la de la patronal hotelera de Benidorm. Es evidente que la AP-7 absorberá parte del tráfico actual de la carretera, sobre todo los desplazamientos de recorrido medio, pero poco probable que ocurra lo mismo con el de larga distancia, que se encamina preferentemente por Villena o Alcoy.
En el único precedente de supresión de peaje en una autopista que hay, el de la AP-1 en Burgos, el tráfico en la vía de alta capacidad ha crecido casi un 30%, de 17.000 a 22.000 vehículos diarios, que a su vez han desaparecido de la paralela carretera N-I, por la que ahora apenas pasan 3.000 vehículos al día. No obstante, las circunstancias del litoral de Alicante y Valencia son radicalmente diferentes; el tráfico trasvasado de la N-I a la AP-1 ha sido sobre todo de camiones, mientras que por la N-332 circulan pocos vehículos pesados y por lo general hacen desplazamientos de corto o medio recorrido. Y, al mismo tiempo, la población de la Marina o la Safor no puede compararse con la de esta zona de Burgos. Precisamente el volumen demográfico es una de las causas de que en los municipios por los que pasa la AP-7 se reclamen también más accesos a la autopista, que den más fluidez al tráfico y eviten el paso por las travesías que hay en la N-332.
