Las instrucciones de la magistrada al jurado del caso Sala cuando les devolvió el primer veredicto y la situación de indefensión que ha generado a las partes la destrucción del acta rechazada son dos de los argumentos que esgrime la Fiscalía de Alicante para pedir la nulidad del juicio. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tendrá que decidir si anula la vista oral y sienta de nuevo en el banquillo a Miguel López tras su absolución por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Los motivos que esgrime la Fiscalía van en la misma línea a los que plantea el abogado Francisco Ruiz Marco, que ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de la fallecida.
El recurso del Ministerio Público cuestiona la imparcialidad de la magistrada Francisca Bru que hizo valorar al tribunal popular «pruebas de descargo, que habían sido aportadas por la defensa, pero que (...) no tenían ninguna trascendencia». Con la destrucción del veredicto devuelto, el fiscal José Llor incide en que no puede saberse si la motivación que daba el jurado en ese primer dictamen rechazado era o no suficiente, y subraya el «evidente oscurantismo» de la magistrada cuando se negó a entregar el primer este acta.
Como ha confirmado este diario, la noche del 8 de noviembre, día y medio después del final del juicio, la magistrada devolvió al jurado un primer veredicto por falta de motivación que era condenatorio por siete votos a dos. Tras retirarse a deliberar, el tribunal popular cerró treinta horas después un nuevo dictamen de no culpabilidad por seis votos a tres. Al reclamar las acusaciones el primer acta, la única respuesta que recibieron del secretario Manuel Cerdán fue que ésta no figuraba unida a las actuaciones. Al pedir más aclaraciones, el letrado judicial precisó que ese documento era un «borrador» y que fue destruido, lo que impidió conocer los primeros argumentos del jurado.
El fiscal asegura que «esa apreciación no tiene soporte legal alguno» e incide en el recurso en que «la destrucción del acta, incumpliéndose por parte del secretario su deber de custodia, impide (...) que se pueda saber por esta parte y por el tribunal que debe decidirlo, si la devolución del acta fue correcta». En este sentido, el fiscal Llor lamenta que la única constancia que tiene de que el primer veredicto era condenatorio son las noticias publicadas en los medios de comunicación, aunque de las instrucciones de la magistrada a los jurados aquella noche del viernes se desprende que así era. Por este motivo, asegura que reclamar el acta devuelta era «el único medio» que le quedaba para saber si la devolución había sido correcta antes de presentar el recurso ante el TSJ.
El fiscal cita como ejemplo de la supuesta falta de imparcialidad de la magistrada el hecho de que Bru indicara expresamente al jurado que valorara el hecho de que la prueba de la parafina hubiera dado negativa al acusado. Basándose en el dictamen exculpatorio, el fallo aseguraba que no había quedado probado que el acusado se lavara las manos, «teniendo en cuenta que se probó que tuvo tiempo y ocasión para hacerlo y para cambiarse de ropa», dice Llor.
«Sucinta motivación»
«Los jurados pudieron en su primer veredicto no conceder ninguna importancia a algunas de las pruebas de descargo practicadas, porque no tenían entidad para desvirtuar los indicios que había de la culpabilidad del acusado y por eso no consideraron procedente citarlas», sostiene el fiscal. En este sentido, se recuerda que únicamente se le exige al tribunal popular «una sucinta motivación». «Lo que no puede pretender la magistrada presidenta es que el jurado le facilite una motivación tan fundada como podría hacer un tribunal profesional», recalca.
El representante del Ministerio Público considera que, antes de la devolución del primer veredicto, la magistrada tendría que haber celebrado una vista con las partes sin presencia del jurado, entregándoles el acta, y oyendo sus alegaciones sobre las inclusiones y exclusiones que estimaran pertinentes. Un trámite que ni se celebró, ni se dio opción a las acusaciones a poder intervenir, situación que le ha generado «una evidente indefensión».
Bru retira la petición para convocar la junta de jueces que había forzado
La asamblea instada por el colectivo de letrados de la Administración de Justicia ha sido convocada el miércoles
La magistrada Francisca Bru retiró ayer la petición que había presentado el lunes para celebrar una junta de jueces en la que abordar las incidencias del caso Sala y para la que había recogido numerosas firmas de sus compañeros en las distintas salas penales de la Audiencia Provincial.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la magistrada había optado por retirar su petición después de que la junta de fiscales del jueves eludiera pronunciarse sobre la apertura de diligencias de investigación por la destrucción del primer veredicto y optara por estar a lo que se resuelva a través del cauce del recurso presentado al TSJ para pedir la nulidad del juicio. La junta estaba prevista para el martes pero ayer fue desconvocada.
En cambio, sigue adelante la junta de Letrados de la Administración de Justicia que ha sido señalada el miércoles de la semana que viene y que respaldó la práctica totalidad del colectivo, en respuesta a la decisión de la Fiscalía de pedir explicaciones al letrado judicial Manuel Cerdán por la desaparición del veredicto. Los secretarios consideraban «un ataque institucional» a un compañero la posibilidad de que se pudieran abrir diligencias de investigación por el acta.
