Revuelta de secretarios judiciales ante la decisión de la Fiscalía de pedir explicaciones por la desaparición del veredicto condenatorio del caso Sala. Una treintena de los más de cincuenta letrados de la Administración de Justicia de Alicante firmaron ayer un escrito para reclamar la convocatoria de una junta extraordinaria a la secretaria coordinadora de Benalúa y máxime responsable de este colectivo, María Dolores Millán, en la que responder a lo que ellos consideran como «un ataque institucional a un compañero», ante la posibilidad de que se abran diligencias de investigación. También piden que se articule un protocolo que clarifique hasta dónde llega la responsabilidad de éstos en la custodia de los documentos judiciales.
La junta de coordinación de fiscales acordó el jueves por unanimidad pedir aclaraciones al secretario judicial del caso Sala, Manuel Cerdán, por el veredicto condenatorio «perdido» y que declaraba culpable a Miguel López de la muerte a tiros de su suegra por siete votos a dos. Un dictamen que la magistrada que presidía el tribunal del jurado, Francisca Bru, rechazó al considerar que no estaba motivado. Tras retirarse de nuevo a deliberar, treinta horas después el tribunal popular emitió otro veredicto de no culpabilidad por seis votos a tres. Desde antes de que se dictara sentencia, la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la fallecida reclamaron el primer dictamen condenatorio para comprobar si estaba motivado. La única respuesta del secretario fue que el acta no estaba unida a las actuaciones. Por este motivo, la junta de coordinación aprobó el jueves pedir aclaraciones. En función de cuál sea la respuesta del letrado judicial y, si sus explicaciones no convencen a la acusación pública, no se descartan otras medidas, como la apertura de diligencias de investigación.
La posibilidad de que se abran estas pesquisas ha causado la indignación entre el colectivo de secretarios, donde treinta de los más de cincuenta letrados judiciales que trabajan en los juzgados de Benalúa firmaron ayer un escrito para reclamar a su coordinadora la convocatoria de una junta en la que dar respuesta a lo que ellos consideran «un ataque institucional» a un compañero y consideran «una amenaza velada» la petición de explicaciones. Secretarios judiciales consultados por este diario precisaron que había compañeros ausentes porque estaban en un curso sobre violencia de género, de lo contrario las firmas recogidas hubieran sido más. Entre los firmantes se encuentra el marido de la magistrada que presidió el tribunal del jurado.
Ante la perspectiva de que uno de sus compañeros pueda ser investigado, los letrados judiciales también han reclamado que en esa junta se aclare hasta dónde llega su responsabilidad en la custodia de documentos, dado que en el caso de que se extravíe alguno relativo a un procedimiento no siempre la responsablidad es del secretario.
Plazos improrrogables
Junto a la petición de aclaraciones sobre el veredicto perdido, desde la Fiscalía, también se reclamó a la magistrada Francisca Bru que suspendiera el plazo para que las acusaciones presentaran sus recursos a la sentencia absolutoria. A las pocas horas de presentar la solicitud, Bru la rechazó alegando que ésta «no ha lugar» y que los plazos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal «son improrrogables», concluyendo que la prórroga solicitada no tiene justificación legal.
El Ministerio Público había reclamado la paralización a la espera de cuál era la respuesta del secretario porque consideraba que de ella dependía parte del recurso para plantear al Tribunal Superior de Justicia la anulación del juicio. Aunque la decisión de la magistrada no es firme y contra ella cabe recurso, desde el Ministerio Público se descartó ayer esta posibilidad y se aseguró que se cumpliría el plazo previsto.
Lo que el fiscal José Llor ha reclamado a Cerdán
El Ministerio Público pide al letrado que certifique si el dictamen desaparecido declaró culpable a Miguel López
La Fiscalía formalizó ayer la petición de explicaciones al secretario judicial del caso Sala, Manuel Cerdán, para averiguar qué ha pasado con el veredicto desaparecido en el que el jurado declaraba culpable a Miguel López por siete votos a dos del asesinato de su suegra. El fiscal insiste en que estas aclaraciones tienen «trascendencia procesal» a los efectos del recurso que se va a interponer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Ministerio Público ha reclamado que se aclare por qué ese acta no se unió a las actuaciones, ni tampoco la copia que la portavoz del jurado entregó en ese primer momento a la magistrada.
En el caso de que estos documentos sigan sin aparecer, se pregunta si se produjo alguna otra incidencia. Del mismo modo, en el escrito del fiscal se cuestiona si en relación con ese dictamen ocurrió algo más «significativo» además que lo que se ve en la grabación de la vista en la que se produjo la devolución.
El Ministerio Público reclama una copia del acta del secretario de esa sesión, que se produjo a puerta cerrada y solo para las partes. En el caso de que en ese documento no apareciera el resultado formal de la primera votación del jurado, la que fue rechazada, se pide un certificado de la votación. El fiscal José Llor considera que la información solicitada es«relevante» y que «no ha de ser secreto para las partes».
Información no reservada
El representante del Ministerio Público insiste en que «lo que se pide es el resultado del conjunto de la votación, no lo que votó cada miembro del jurado, ni las deliberaciones al respecto», por lo es una información que no es reservada.
La Fiscalía recuerda que de la Ley del Jurado «se deduce» que, tras las deliberaciones de un tribunal popular, se extiende un acta y de ella se da una copia al magistrado para su lectura en audiencia pública por el portavoz, salvo que se proceda a su devolución.
En la vista en la que la magistrada Francisca Bru rechazó el primer dictamen por falta de motivación, el fiscal recuerda que tanto él como la acusación particular expresaron su protesta por la decisión y que no se dio a las partes la oportunidad de solicitar las exclusiones o inclusiones pertinentes.
El Ministerio Público recuerda al secretario judicial que es el responsable de dar fe de los hechos procesales relevantes mediante las oportunas actas y diligencias y de él depende la custodia de los documentos judiciales.
