El próximo 31 de diciembre los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante perderán a casi un tercio de su plantilla, en concreto 67 personas, cuya nómina se paga a través de una subvención de la Conselleria de Igualdad. Una buena parte de estos profesionales se encargan de tramitar las ayudas de la Ley de la Dependencia o de la Renta Valenciana de Inclusión, prestaciones que en estos momentos sufren un importante atasco, con miles de expedientes por tramitar en los centros sociales de la ciudad y demoras de más de un año para las familias. Sólo de la Renta Valenciana de Inclusión, fuentes del Ayuntamiento señalan que hay 1.560 expedientes en instrucción y otros 860 en Valencia, a la espera de que se dé luz verde a las ayudas. Hay personas que ya esperan más de 16 meses para cobrar, según denuncia la plataforma Marea Roja. En cuanto a las ayudas de la dependencia, las demoras alcanzan ya los dos años, según se informa a las familias que acuden a los centros sociales. Otra derivada de esta situación es que los trabajadores que cesarán su actividad el próximo 31 de diciembre están dejando de dar citas, por lo que el retraso para una primera valoración de personas en situación de riesgo se está disparando.
La subvención de la Conselleria de Igualdad para pagar a estos profesionales se va renovando año a año. «El problema es que la subvención finaliza el 31 de diciembre y su renovación no es automática. Hasta que la del siguiente año se materializa pueden pasar varios meses», señala Julia Llopis, concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante. Llopis pone como ejemplo el caso de este año que termina. «El dinero no llegó hasta el mes de junio». Asegura que es imposible por parte del Ayuntamiento adelantar este dinero para evitar que los trabajadores se vayan al paro. «Si se tratara de una o dos personas, no pasaba nada, pero estamos hablando de casi 70 contratos». La plantilla afectada por esta situación está formada por 7 psicólogos, 25 trabajadores sociales, 6 educadores sociales, 9 técnicos de inserción, 6 monitores y 14 administrativos y auxiliares. Además de tramitar los expedientes de dependientes y de las familias en situación de pobreza, estas personas trabajan también con programas de menores, mayores y acción comunitaria. La trasferencia que realiza la Generalitat para contratar a esta plantilla asciende a 4,4 millones de euros.
Desde la Conselleria de Igualdad aseguran que el dinero para 2020 «está ya consignado en los presupuestos» y que trabajan «en un marco estable de financiación» para que esta subvención sea plurianual. Sin embargo, no concretan cuándo llegará el dinero a las arcas del Ayuntamiento de Alicante. «El proceso de apertura del presupuesto lleva sus trámites y no se permite liberar el dinero de manera inmediata». Fuentes del departamento de Oltra señalan que todos los ayuntamientos están en idéntica situación y aseguran que en otros municipios los consistorios adelantan el dinero para pagar a los trabajadores sociales hasta que llega la subvención de la conselleria. Por su parte, la edil Julia Llopis lamenta que los servicios sociales van a perder a buena parte de la plantilla en un momento en el que se había logrado agilizar bastante la tramitación de expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión. «Todo se va a ver ralentizado a partir de ahora», advierte Llopis.
El pasado mes de octubre, Mónica Oltra y Julia Llopis se reunieron para abordar la situación en la que se encontraban los servicios sociales. De aquella reunión salió el compromiso de Oltra de reforzar los equipos de trabajadores en las grandes ciudades.
Con el cambio de Gobierno en el año 2015, la Conselleria de Igualdad decidió confiar a los ayuntamientos algunos trámites que hasta ahora se hacían desde Valencia. Primero fue la valoración de las personas en situación de dependencia y más recientemente la tramitación de las rentas para personas en situación de pobreza, para lo que se han reforzado los equipos base de los Ayuntamientos con cargo a la Generalitat. «Asumimos ese nuevo trabajo, pero el problema es que las ayudas no llegan ni en tiempo ni en forma», lamenta Llopis.
La edil de Acción Social critica también el planteamiento que se ha hecho de la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que a su juicio está provocando una avalancha de solicitudes. «Se ha abierto mucho la mano al conceder una ayuda por tres años y en la que ni siquiera se hace un seguimiento de cada caso. Es una barbaridad». Llopis augura que «a la conselleria le va a explotar en la cara esta situación» y asegura que esta renta «está provocando un efecto llamada de personas de otras comunidades autónomas y eso se nota en la cantidad de niños que estamos matriculando fuera de plazo».
