La junta de coordinación de la Fiscalía de Alicante acordó ayer por unanimidad pedir al secretario judicial del caso Sala, Manuel Cerdán, que explique dónde está el veredicto de culpabilidad rechazado por la juez en el proceso por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, según fuentes autorizadas del Ministerio Público. El requerimiento, en el que también se pedirá aclarar por qué el documento no se unió a las actuaciones, se presentará formalmente a lo largo de esta mañana. En función de la respuesta del letrado de la Administración de Justicia y, si estas explicaciones no convencen a la acusación pública, no se descarta adoptar otras medidas. Entre ellas, la apertura de diligencias de investigación para seguir profundizando en las circunstancias de la polémica desaparición de este acta.

Mientras llega la contestación, se va a solicitar también que se suspenda el plazo para recurrir la sentencia absolutoria a Miguel López, que vence en unos días. Los fiscales estudiaron además en la junta algunos de los posibles motivos a alegar para pedir la nulidad del juicio cuando se apele el fallo ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Entre ellos, junto a las circunstancias de la desaparición de ese primer veredicto condenatorio por siete a dos, se valoró las instrucciones que la presidenta del tribunal, Francisca Bru, dio al jurado antes de retirarse a deliberar. En esa sesión, la magistrada les indicó que «más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel» o que «muchos crímenes se quedan sin resolver».

La junta de coordinación adoptó el acuerdo por unanimidad tras dos horas de reunión en las que se abordaron las líneas de actuación ante la desaparición del acta. Esta junta, en la que se unifican criterios y que acostumbra a reunirse para casos de trascendencia social en los que intervenga el Ministerio Público, está integrada por el fiscal jefe, Jorge Rabasa, el teniente fiscal y encargado del caso Sala, José Llor, así como todos los fiscales jefes de área y los decanos.

Nada más concluir el juicio y antes de que se dictara la sentencia, tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la fallecida, reclamaron al secretario judicial que les entregara una copia del primer veredicto para valorar si estaba o no suficientemente motivado. La magistrada rechazó ese dictamen argumentando que los jurados no habían valorado, entre otros aspectos, los contraindicios. La única respuesta que se recibió por parte de Cerdán era que dicho documento no consta unido a las actuaciones, sin ninguna otra explicación más.

Aclarar qué es lo que ha ocurrido con esa primera resolución es básico para determinar los siguientes pasos de las acusaciones ante el recurso en el TSJ. Las fuentes antes citadas explicaron que, si el veredicto condenatorio apareciera y se considerara, en contra de los que sostuvo la juez, que estaba bien argumentado por parte del jurado, en lugar de pedir la nulidad del juicio, lo que obligaría a repetirlo, se plantea pedir al TSJ que obligue a dictar una nueva sentencia basándose en los argumentos de ese primer veredicto, es decir, condenatoria. El jurado, en un segundo dictamen, declaró no culpable a Miguel López del asesinato de su suegra por seis votos a tres.

«No es un borrador»

La junta de coordinación no comparte la opinión del corredactor de la Ley del Jurado, Vicente Gimeno Sendra, quien considera ese primer acta «un borrador», por lo defiende que no había necesidad de guardarlo. El criterio de los fiscales es que ese documento es un acta judicial, por lo que tiene que conservarse, sin que existan precedentes legales para poder llamarlo «borrador». En la vista de la devolución, la propia magistrada se referió al documento como «acta».

En la junta se recordó lo ocurrido durante el juicio por el caso Brugal en Elche, donde la letrada de la Administración de Justicia comunicó en un primer momento a las partes que habían desaparecido los CDs originales que reclamaban las defensas con las conversaciones grabadas por el empresario Ángel Fenoll a políticos de la Vega Baja y que dieron origen a esta macrocausa de corrupción. Los discos fueron localizados una semana después.

El acta desaparecida declaraba culpable a Miguel López por siete votos a tres del asesinato de su suegra. En una vista a puerta cerrada ante las partes, la magistrada les devolvió el veredicto para que subsanaran una de serie de deficiencias, argumentando que no estaba lo suficientemente motivado. Esto provocó las protestas tanto de la Fiscalía como de la acusación particular alegando que los jurados no tenían que valorar aquellos hechos que no consideraban probados. Los nueve miembros del tribunal se retiraron a deliberar y treinta horas después, emitieron otra resolución declarando a Miguel López no culpable por seis votos a tres. La sentencia declaraba probado que un «varón desconocido» mató de dos disparos en la cabeza a María del Carmen Martínez a las 18.55 horas del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche en el negocio de automoción que regentaba su yerno.