Tras horas de negociaciones a varias bandas, de idas y venidas entre concejales de los grupos municipales, todos los representantes del Ayuntamiento de Alicante, dejando a un lado a los dos concejales de Vox, han conseguido pactar una declaración institucional en contra de la violencia de género, que se debatirá este jueves en el pleno ordinario del mes de noviembre.
El pacto ha llegado cuando los grupos municipales del PP, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y Compromís han aceptado firmar el documento previamente aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El escrito con la declaración institucional ha sido hoy firmado por los portavoces de los cinco partidos y se presentará este miércoles ante la Secretaría del Pleno como modificación de las anteriormente presentadas para que sea debatido como propuesta conjunta de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Compromís.
La polémica surgió hace una semana, cuando se registraron dos documentos sobre el mismo asunto. Los populares redactaron un documento que facilitaron al resto de grupos municipales con la intención de que fuera una declaración institucional conjunta. Ese texto, sin consideraciones política de calado, incluía ocho acuerdos. Entre ellos, "un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género", el compromiso de "hacer de la prevención contra la violencia de género y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías" y también de "facilitar, a través de los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia de género; y en cuanto que entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilizo el cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamo publicitario". Por otro lado, los populares también proponen instar al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana, junto a la Consellería de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a "desarrollar la legislación necesaria para incluir como violencia de género todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de Estambul" y a «intensificar las tareas de formación de los miembros de la judicatura y que revisen los protocolos de actuación», entre otras cuestiones.
Estos puntos recogidos en la declaración institucional promovida por el Ejecutivo local de Barcala no satisfacían a la izquierda. En concreto, al PSOE y Podemos -previsibles socios en el Gobierno central- que pretendían defender un texto alternativo, más político y en el que se pone en el punto de mira a los ultras de Vox, socios del PP y Ciudadanos en ejecutivos autonómicos como el madrileño.
En el punto tercero de la declaración de la izquierda, serviría para «expresar el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación», en una alusión directa a la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal.
Además, en la línea de las habituales críticas de los ultras de Vox, el documento del PSOE y Podemos también apuesta por «respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de la mujer que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de las mujeres». El resto de puntos, en líneas generales, van en el camino marcado previamente por el PP.
Con esta iniciativa, que surgió del PSOE y a la que posteriormente se sumó Podemos, la izquierda pretende forzar al bipartito de derechas, formado por el PP y Cs, a que se posicionen contra la postura de la ultraderecha en la lucha contra la violencia de género. Compromís, que firmó inicialmente el texto del PP, ha retirado su apoyo con la idea de llegar con una declaración pactada entre los grupos (salvo con Vox) a la sesión plenaria del próximo jueves.
Nuevo documento
En el nuevo documento, que reproduce el pactado en la FVMP, se "manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y hará un acto público en señal de homenaje y de reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores", se insta "al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el Convenio de Estambul", se exige "al Gobierno del Estado el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la normativa", se declara el "compromiso de hacer, de la prevención contra las violencias machistas y la desigualdad, una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías", se declara Alicante "término municipal espacio contra la trata de personas, y por eso dentro de las competencias, se desarrollarán compañas para que esta grave violación de los derechos humanos desaparezca, proporcionaremos ayuda a las mujeres objeto de la trata y haremos campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia. Nos comprometemos a dar formación al funcionariado local, desde la policía al trabajo social, para poder actuar correctamente".
