La Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género de Benidorm, de carácter comarcal, carece de sede en la ciudad por lo que, de manera provisional está instalada en Alicante. La razón, la paralización de las obras de ampliación del Palau de Justicia de la capital del turismo de la Costa Blanca. Unas obras que debían haber comenzado en septiembre pasado y que arrancarán previsiblemente en enero, según explican desde la Conselleria de Justicia.
Por el contrario, las también llamadas oficinas comarcales de violencia de género de Alicante, Ibi y Elche sí que están funcionando en los espacios habilitados para ello en cada una de las ciudades. En el caso de Benidorm, la Conselleria de Justicia sí que ha destinado el personal necesario para la unidad, pero las víctimas de malos tratos que denuncien en Benidorm y precisen de un informe pericial sobre su caso tendrán que desplazarse hasta Alicante; es decir, a 44 kilómetros de su ciudad.
Hasta la creación y puesta en funcionamiento de las citadas unidades de violencia de género de Elche, Ibi y Benidorm, que funcionan de manera autónoma desde septiembre, todos los informes periciales que pedían los juzgados de la provincia se centralizaban en Alicante. Algo que resultaba incómodo para las víctimas en cuanto a traslados y, principalmente, tiempo de espera hasta la emisión del informe, de 12 meses de media.
Un periodo, el de un año, que a su vez provocaba que muchas de las víctimas retiraran la denuncia por violencia machista por hartazgo frente a un proceso largo, según explican fuentes del juzgado de Alicante.
Cambio de 360 grados
Al descentralizarse el trabajo de la Unidad de Valoración Forense Integral de la provincia, el cambio en la gestión del servicio da un giro de 360 grados. «Hasta ahora un médico forense y un psicólogo, contratado a tiempo parcial, debían realizar los informes periciales de violencia de género, siempre que así lo pidiera un juez o el fiscal; en cambio, al crearse las oficinas comarcales, en cada unidad habrá un médico forense, un psicólogo y un trabajador social, o sea, 12 personas», según explica Mar Pastor, jefa de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral de Instituto de Medicina Legal de Alicante y coordinadora de las oficinas comarcales.
Al haber más personal se acorta el tiempo para emitir los informes periciales; la demora para recibir el informe pasa de 12 meses a 3; es decir, se reduce en 9 meses. «La calidad de los informes es la misma; se trata de un trabajo exhaustivo en el que un médico forense, un psicólogo y un trabajador social realizan un estudio integral sobre la situación de la víctima desde un punto de vista médico, psiquiátrico, social y familiar», agrega Pastor. Una información clave para mejorar la protección, dado que se analiza el grado de riesgo que corren de sufrir otro episodio de violencia. En cuanto a las unidades comarcales, la de Alicante presta servicio a la capital y a San Vicente del Raspeig; la de Elche, a la propia ciudad y a Orihuela, Torrevieja, y Novelda; la de Ibi, al municipio y a Alcoy, Villena y Elda, y la de Benidorm, a la localidad y a Dénia y a La Vila Joiosa.
