La escapada familiar de este verano fue a Oporto, una ciudad ideal para disfrutar en cuatro/cinco días tanto de su casco antiguo como de sus alrededores. Por primera vez nos dejamos convencer por los hijos y cambiamos el hotel por un apartamento turístico en el centro, perfectamente equipado y con un «anfitrión» pendiente en todo momento de que nuestra estancia fuera perfecta. Llegamos por la noche -45 minutos de vuelo desde Alicante- y allí estaba el dueño, con las llaves en la mano. Saludos de cortesía, plano con lugares de interés, hasta una botella de vino de obsequio y antes de despedirnos? Por favor, ¿me pueden abonar los treinta de euros de tasa turística? Por supuesto. Mano al bolsillo y tres billetes de diez euros con los que acabábamos de contribuir a alimentar la bolsa de dinero negro de la que se nutre el sector turístico en la acogedora segunda ciudad de Portugal.
El tener que pagar no nos afectó en el viaje ni impidió que probáramos la popular «francesinha», pero aclaremos. Oporto, señores diputados impulsores de la tasa en la Costa Blanca, no es Benidorm. Digamos que puede pasar más por una Barcelona o Madrid, y el perfil de su visitante no es el que viene a una provincia en la que hoteleros, bares y restaurantes, al margen de estar cosidos a impuestos, en muchos casos facturan para sobrevivir. Sobre todo durante un periodo de tiempo (temporada baja) en el que los precios están contaminados por las tarifas bajas del Imserso.
Pues bien, con un sector turístico en el que la rentabilidad cayó un 3,5% durante este verano, temporada en la que se hace caja, según el último balance del «lobby» empresarial Exceltur, y un mes de noviembre en el que, por ejemplo, Benidorm se ha quedado sin 60.000 pernoctaciones del Imserso (dos millones de euros) por el retraso en la puesta en marcha del programa, los socios del presidente Ximo Puig en el Botànic han vuelto a la carga para que el Consell instaure una tasa que grave al sector. No se sabe muy bien si sólo al alojamiento o a todos los subsectores. Nunca terminan de afinar en el planteamiento, pero la propuesta llega en un momento especialmente delicado. España y la Comunidad Valenciana están a las puertas de una desaceleración económica, con una gran incertidumbre sobre cómo impactará en la economía el gobierno salido de las urnas y con un dato revelador. El aeropuerto crecerá este invierno casi tres puntos en relación a la temporada baja 2019/2020. Correcto, no para, pero en el invierno 2018/2018 creció un 10%. Tras unos años de fuertes crecimientos, el sector turístico se frena.
Plantear el cobro de un tasa puede parecer moderno y hasta progre, hasta podemos estar de acuerdo en los beneficios que podría producir el dinero recaudado en el sector, si es que al final esos miles de euros se revirtieran en el turismo, la «cenicienta» de la Administración, pero no parece que sea éste el momento en un escenario de incertidumbre, y sin saber muy bien cómo acabará el Brexit. ¿Alguien se imagina a un turista británico sacudido por la pérdida de valor de la libra frente al euro estar dispuesto a pagar una tasa en la Costa Blanca, cuando en Turquía la dan tres cervezas por el precio de una?
Javier Jiménez, director del master de Dirección de Hoteles de la Universidad de Alicante, aportó el verano pasado un ejemplo significativo en estas mismas páginas. ¿Qué efecto causaría en una familia con dos hijos que al pedir la carta en un restaurante el camarero les soltara que antes de pedir la bebida ya tenían 10 euros apuntados en la cuenta? El equilibro precio-oferta en el sector turístico de la provincia es quizá el más ajustado del Mediterráneo (hablamos de países donde se tienen en cuenta los costes laborales), por lo que pedir un extra al turista puede convertirse en un lastre más. No estamos en tiempos de muchos experimentos, máxime en una actividad donde pesa como una losa el intrusismo, que se nutre además de dinero opaco al control de la Administración.
El empeño de que se apruebe una tasa que grave el alojamiento turístico puede acabar convirtiéndose, además, en una carga de profundidad para los propios contribuyentes-turistas de la Comunidad Valenciana, alicantinos, castellonenses y valencianos que eligen la Costa Blanca para disfrutar de sus vacaciones. Según los datos del INE, los municipios turísticos alicantinos reciben al año cinco millones de turistas autóctonos que representan 16 millones de pernoctaciones hoteleras, por lo que la recaudación se haría a costa su cartera, que alcanzaría los 16 millones de euros, un tercio de la cantidad que recaudaría la Generalitat, a razón de un euro por noche si al final se fijara esa cantidad tal como se viene planteando. El turismo valenciano representa nada menos que el 30% del mercado que visita la Costa Blanca. Una actividad que ya aporta el 13% del PIB y el 14% del empleo, con una recaudación de impuestos de más de 3.000 millones de euros al año. Su contribución a la financiación pública es más que solvente. La medida sería, además, doblemente injusta con los municipios que están especialmente infrafinanciados y que serían los más perjudicados por su entrada en vigor.
El año 2020 arrancará con una gran asignatura pendiente por resolver. En los últimos dos años, la mal llamada economía colaborativa (en el román paladino de Gonzalo de Berceo, alojamiento sumergido o pirata) se ha convertido como una prolongación de los antaño denominados apartamentos alegales. Aquellos con los que el dueño de una segunda residencia en la playa y el portero de la finca se sacaban unos cuartos para pagar el IBI, los gastos de comunidad, o algo más esquivando a Hacienda. Los empresarios que pagan regularmente sus impuestos lo advirtieron, pero el Consell no actuó con firmeza hasta hace un par de años y la bola de nieve se hizo cada vez más grande hasta llegar a que en muchos municipios turísticos de la provincia como, por ejemplo, Alicante, las plazas de alojamiento que escapan al control de la Administración superan ya a las de oferta reglada, la que está sometida a inspecciones casi diarias.
Todo el mundo lo reconoce y la Administración asegura que ha tomado cartas en el asunto pero todo sigue igual. Cuatro grandes plataformas, algunas hasta cotizan en Bolsa, son las que mueven un mercado de alojamiento no regulado y hasta el momento inmune. Un mercado que ingresa miles de euros a costa de Hacienda y de las empresas y que, obviamente, castiga al empleo.
La receta no es mía, es del secretario autonómico de Turismo de Generalitat, Francesc Colomer. La mejor tasa turística sería la obtenida al parar la sangría económica que supone el alojamiento ilegal. Me apunto.
