Manuel Navarro, director general del ciclo de agua de la multinacional Acciona, gestora, entre otras, de la desaladora de Torrevieja, lo dejó nítido en un coloquio celebrado hace unos días en las instalaciones de INFORMACIÓN. El 85% del agua que se bebe en los hogares de la provincia es desalada y no pasa nada. Ni el arroz está salado, ni los cocidos sientan mal, ni a los alicantinos se nos está cayendo más el pelo, ni se nos está poniendo la cabeza como si fuera un escaparate iluminado con luces de neón. La crisis climática aprieta en forma de reducción de las lluvias, tanto en la provincia como en la cabecera del Tajo y, ahora mismo, abrir el grifo y que salga agua en nuestras casas, industrias, bares, hoteles y restaurantes está garantizado y, además de calidad y a un precio asequible para los hogares como lo demuestra que por mil litros de se pague en alta un euro. ¿Alguien puede hablar de mayor rentabilidad? Es decir, de un tiempo a esta parte el agua desalada se ha ido incorporando a nuestros hogares y no ha pasado nada. Ni las desaladoras son la centrales nucleares del mar, ni la salmuera resulta ya un problema si se trata bien y no se devuelve al mar de forma concentrada, algo que se ha ido logrando desde que se abrieran las primeras plantas.
La reducción de las lluvias es un hecho en la franja mediterránea y, por lo tanto, ha llegado la hora de que el agua deje de ser una argumento para la batalla política, para lograr más o menos votos y debe llegarse a la conciliación, el diálogo y la solidaridad con los agricultores, los grandes damnificados por la crisis climática, proveedores de las frutas y hortalizas que llevamos a nuestras mesas, y que son los que sí tienen verdaderos problemas para poder producir sus cultivos solo con el agua desalada.
Nadie duda, afortunadamente, de que en la provincia no cabe otra que aprovechar todos lo recursos hídricos disponibles (desalación, agua subterránea, trasvases y reutilización), pero hay que ser conscientes de que unos tienen fecha de caducidad, como son los grandes trasvases (Madrid no quiere abrir el debate de la reorganización de los recursos en el Duero, el Tajo y el Ebro), y la extracción de caudales a 500 metros de profundidad de acuíferos sobreexplotados como en el Medio Vinalopó o con nitratos como en las Marinas avanza sin control. Una coyuntura en la que hoy la desalación del agua del mar aparece, por tanto, como un recurso inagotable, y una alternativa viable y segura para el abastecimiento urbano, y que permite liberar caudales para otros usos como el agrícola o el abastecimiento de poblaciones de la provincia a kilómetros del mar, cuyo suministro con agua desalada es impensable desde el punto de vista económico.
Va siendo hora pues de que en la provincia de Alicante desaparezcan los Reinos de Taifas hídricos y se imponga el sentido común al tener la certeza de que las fuentes tradicionales (trasvases y pozos) comienzan a tener los años contados, pese a quien le pese.
¿Y cómo empezar a solucionarlo? Con argumentos y regulación. Fijando precios más justos, liberando caudales para los agricultores (no desalación sin mas), aprovechando las infraestructuras disponibles (el hecho de que la desaladora de Mutxamel no se active es, sencillamente, un escándalo), y convenciendo a los alcaldes, con pedagogía, pero también con normas de obligado cumplimiento, de que tan importante como pagar las fiestas patronales o inaugurar un parque es tener en perfectas condiciones la red de abastecimiento para que en pleno siglo XXI no sigamos en algunos municipios con pérdidas del 50% en la tuberías aunque no se ven. Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Abastecimiento de Agua Potable lo dijo claro en Alicante. España necesita actuar con urgencia en la mejora de su red de saneamiento. Y hablando de saneamiento y/o depuración, inconcebible que en la provincia de Alicante se sigan echando al mar todos los años 200 hm3 de agua residual depurada porque no reúne condiciones para su reutilización. Trasvases, por supuesto, pero las soluciones también están en casa.
Aprovechar al máximo lo que ya tenemos. Nos hemos cansado de repetir que la estrategia puesta en marcha por el Gobierno para la ejecución del Júcar-Vinalopó no fue la correcta. Cambiar el trazado contra la opinión de los usuarios que tenían que recibir el agua y sin aportar razones convincentes sobre la decisión fue un error. Plantear una batalla contra a la Junta Central de Usuarios a la que nunca se ha reconocido la representación, que la tiene, de los futuros usuarios del agua, un acto de soberbia. Rechazar cualquier tipo de diálogo con los regantes alegando, en ocasiones, la imposibilidad del mismo por las denuncias presentadas en el Juzgado, cuando la propia Confederación del Júcar mantiene litigios históricos, por ejemplo con Castilla-La Mancha, rozó el cinismo.
¿Y la Generalitat? El PP supo administrar perfectamente en su día el lío en el que se metió solito el PSOE hasta que cayó lastrado por los casos de corrupción, pero tampoco hizo nada cuando gobernó en Madrid. Hoy, el trasvase ha entrado en una fase entre surrealista y tragicómica. El Consell, sin peso en Madrid, construye unas infraestructuras para repartir el agua que no existe o no quieren que exista. Y, como siempre, el tiempo sigue corriendo en contra de Alicante. En mayo de 2020 se cumplirán 600 años de la primera petición de agua de Elche a Villena. Cuatrocientos millones de euros costó construir la conducción, bloqueada hoy por Hacienda y Transición Ecológica. No demonicemos la desalación, pero tampoco nos olvidemos de lo otro.
