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El juez obliga al Ayuntamiento a tomar medidas contra el ruido del ocio en el centro de Alicante

El equipo de gobierno acata la sentencia que considera probado que en el entorno de Castaños se superan los niveles sonoros que permite la ley

La calle Castaños está incluida en la zona que el Ayuntamiento tiene que declarar acústicamente saturada por mandato judicial. Héctor Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante tendrá que adoptar medidas para paliar el ruido derivado de la actividad del ocio en el Centro Tradicional al ganar los vecinos el juicio por vulneración de derechos fundamentales celebrado en el Juzgado de lo Contencioso 4, que le condena a iniciar el procedimiento administrativo de zona acústicamente saturada. La sentencia considera probado que en un perímetro de once calles en el entorno de Castaños se superan los niveles sonoros que permite la legislación, quebrantando el derecho a la integridad física y moral, y a la inviolabilidad del domicilio que protege la Constitución.

El equipo de gobierno municipal, formado por PP y Cs, descartó ayer presentar recurso en el plazo de 15 días que da el juzgado. El acatamiento de la sentencia no le impidió arremeter contra el tripartito que gobernó Alicante el pasado mandato, acusándole de agravar el problema al no tomar ninguna medida correctora en tres años. La asociación demandante mostró su satisfacción por «las posibilidades que nos da la sentencia de que se solucione un grave problema tras 15 años de lucha». Así como por el hecho de que la justicia les haya dado la razón «que siempre nos ha quitado el Ayuntamiento». En este sentido, recordaron el fracaso de las dos mociones presentadas al pleno pidiendo la zona de saturación acústica. La más reciente en 2017, por iniciativa de Guanyar Alacant, que fracasó con los votos de PP y PSOE en contra de que se tomaran medidas contra el ruido. Con anterioridad lo intentaron infructuosamente en 2013, cuando gobernaba la popular Sonia Castedo. El otro actor en este proceso, la Asociación de Locales de Ocio de Alicante (Alroa), recordó ayer que el sector da sustento a muchas familias y auguró que la sentencia acarreará el cierre de locales y pérdida de empleo en una zona «en la que es difícil distinguir entre restauración y ocio».

En su resolución, la juez María Begoña Calvet condena al Ayuntamiento a tramitar el expediente para declarar zona acústicamente saturada el área comprendida por las calles Castaños, San Ildefonso, López Torregrosa, Artilleros, Rambla Méndez Núñez, Pascual Pérez, Teatro, Álvarez Soto, Bailén,Gerona y San Francisco; y a «establecer limitaciones y medidas para la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa y recomendados por la Organización Mundial de la Salud tanto para el ambiente interior como exterior de las viviendas».

La declaración contempla medidas como el establecimiento de horarios restringidos para las actividades responsables de la contaminación acústica; suspensión de la concesión de licencias; prohibición o limitación horaria de las autorizaciones para instalar mesas y sillas en la vía pública; y zonas o vías en las que no puedan circular determinados vehículos de motor o con restricciones horarias.

El equipo de gobierno se comprometió ayer a iniciar de inmediato los trabajos para crear la zona acústicamente saturada que ordena la juez. La propuesta que elabore tendrá que someterse a exposición pública durante 30 días para que se puedan presentar alegaciones. Seguidamente la Conselleria de Medio Ambiente emitirá un informe vinculante y en otro mes como máximo el pleno municipal deberá aprobar la resolución. En octubre, para contrarrestar el juicio, el Ayuntamiento anunció el recorte de veladores de hasta un 10% en Castaños y San Ildefonso, y la prohibición de nuevos pubs y discotecas en el Centro Tradicional.

A la hora de fallar a favor de los vecinos, la juez se apoya en dos informes sobre las emisiones sonoras registradas en las calles del centro. El primero fue encargado por los vecinos en 2014 a una consultora especializada. El segundo es de este año, y lo hizo un perito independiente, un ingeniero industrial designado por la propia juez, que analizó los registros captados durante un año en la red municipal de sonómetros instalados en ese perímetro de calles, que revelaron que se rebasaron los 65 decibelios por la noche en 972 ocasiones. La normativa no permite que se superen los 45 decibelios por la noche y 55 por el día.

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