Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los ayuntamientos exigen más flexibilidad en el gasto al sumar casi 1.600 millones en los bancos

Los alcaldes de la provincia reclaman al Gobierno cambios en la ley para poder invertir el dinero que acumulan en depósitos que triplican ya la deuda viva, y por los que temen que las entidades financieras empiecen a cobrarles

Los municipios acumulan en los bancos casi 1.600 millones, el triple de lo que deben

Los millones que los ayuntamientos de la provincia guardan en los bancos triplican la deuda que acumulan, según los últimos datos del Banco de España. Un escenario que nada se parece al que se vivía cinco años atrás, cuando la deuda municipal duplicaba el dinero de los depósitos de las administraciones locales alicantinas. Esta situación, sin embargo, no satisface del todo a los ayuntamientos, ya que pese a la evidente mejora de las finanzas no se les permite aumentar los servicios o destinar más dinero a inversiones en general. Y todo por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, que obliga a las entidades municipales a destinar los ingresos que superen lo previsto en el Presupuesto a reducir la deuda, al pago de obligaciones pendientes (facturas en los cajones) y a la realización de inversiones financieramente sostenibles. Y a nada más. Unos casos que no son suficientes, que son excesivamente restrictivos, para los responsables municipales, que han iniciado un frente común contra el Gobierno central para que «levante la mano», para que amplíe los casos a los que se pueda destinar el superávit de las cuentas.

En concreto, las entidades locales alicantinas sumaban a finales de 2018 (último informe con ambas cifras) casi 1.300 millones de euros en los bancos y menos de 400 millones de deuda viva. Y todo apunta a que la diferencia entre ambas cantidades se ampliará, y no poco, a finales de este 2019, ya que el dinero ingresado en las entidades financieras, a nombre de los ayuntamientos de la provincia, creció en más de 300 millones en los primeros seis meses de este año.

Esta situación se da en los dos principales ayuntamientos de la provincia. En Alicante, la deuda ha pasado de 139 millones (en 2014) a poco más de 25 millones (en 2018). La cifra se prevé que baje hasta los 17,5 millones a finales de este año, según fuentes municipales. En cambio, el dinero que el Ayuntamiento acumula en los bancos se ha duplicado en este tiempo, pasando de 15 a los actuales 33 millones de euros. En Elche, el escenario es similar. En la capital del Baix Vinalopó la deuda ha pasado de los 135 millones de euros (en 2014) a los 45,5 millones (de 2018), aunque espera reducir la cifra hasta los 27,8 millones a finales de este año. El dinero en las entidades financieras, en cambio, ha experimentado la evolución contraria: de 9,5 millones de euros (en 2014) a los más de 52 millones que acumulan.

Este dinero que según el Banco de España asciende a 1.600 millones sumando el reunido por todos los ayuntamientos de la provincia, además, se ha convertido en una preocupación para los ayuntamientos. Y no sólo porque únicamente puedan destinarlo a tres supuestos (reducir deuda, pagar obligaciones pendientes e impulsar inversiones financieramente sostenibles), sino porque hay entidades bancarias que ya han avisado de que empezarán a cobrarles por acumular esas millonarias cantidades en los bancos. «Ya se les está cobrando a las grandes empresas y todo puede pasar con los ayuntamientos. A nosotros nos cuesta dinero tener esos millones en el Banco de España», señalaban ayer desde una de las principales entidades bancarias.

Penalizar

Desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, los técnicos dan por hecho que los millones que el Consistorio guarda en los bancos ante la imposibilidad de destinarlos, por ejemplo, a inversiones en general o a ampliar el gasto corriente, empezará a costar dinero a los ciudadanos. «Actualmente, con las condiciones existentes en el mercado, poco margen de maniobra les queda a los ayuntamientos, pues las entidades financieras están comunicando que se va a penalizar el mantenimiento de saldos en cuentas corrientes y además no ofrecen posibilidad de rentabilizar los mismos en condiciones seguras», explican desde el área municipal alicantina.

Ante esta situación, el alcalde de Alicante apuesta por que el Gobierno central permita también a los ayuntamientos saneados que inviertan ese excedente en un «gasto corriente sostenible», que podría ser plurianual. «Por ejemplo, respecto al Plan General, querríamos poder destinar durante cuatro años parte de ese dinero a los estudios necesarios para llevar a cabo la revisión del documento. Es decir, destinar el superávit a varios ejercicios. Esta propuesta mantendría medidas de control, pero supondría una flexibilización. La liquidez desproporcionada no beneficia a nadie», señala el popular Barcala. En una línea similar se muestran en Elche. La concejala de Hacienda, la socialista Patricia Macià, también apuesta por destinar parte del superávit a gasto corriente. «Ahora que las entidades locales están más saneadas, se nos sigue ahogando con las mismas medidas o criterios que cuando estábamos mal, no lo entendemos. No podemos destinar tanto dinero a la deuda cuando hacen falta servicios», añade la edil de Hacienda.

Los ayuntamientos pretenden forzar, una vez haya gobierno en España, una modificación de la ley para que se flexibilicen los mecanismos de control.

La Sindicatura y el Colegio de Economistas, a favor de la flexibilidad

La Sindicatura de Comptes y el Colegio de Economistas ven con buenos ojos que se flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero siempre que se mantengan un control sobre los ayuntamientos para evitar los desmanes previos a la crisis. En concreto, Antonio Mira-Perceval, Síndic de Comptes, subraya que la situación financiera de las entidades locales es «mucho mejor» que hace uno años, aunque sin olvidar que hay ayuntamientos que todavía atraviesan un momento complicado. «Tener recursos tampoco es malo por si las cosas en el futuro no van tan bien. Entiendo que los ayuntamientos pidan un mayor margen de maniobra, pero siempre teniendo en cuenta que la economía tiene sus ciclos», señala Mira-Perceval. Por su parte, el tesorero del Colegio de Economistas, Carmelo Rives, aboga también por una flexibilización de los mecanismos de control de los ayuntamientos para así estimular la economía: «Ahora que se está ralentizando, ayudaría a poner dinero en circulación, a impulsar la economía».

Compartir el artículo

stats