La Audiencia ha emplazado a las acusaciones de la pieza del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a precisar los pinchazos telefónicos practicados por los investigadores policiales de la Udef que pretenden incluir en el juicio como elementos probatorios. Este requerimiento se ha hecho al margen de que esos audios puedan ser impugnados por la defensa por supuesta indefensión en el arranque de la vista, que sigue pendiente de señalamiento.
En concreto, la presidenta del tribunal de la Sección Tercera que enjuiciará los hechos, Montserrat Navarro, ha dictado una providencia por la que da un plazo de un mes a la Fiscalía Anticorrupción, a la representación legal del Ayuntamiento de Alicante y al letrado de EU para que concreten cuáles son esos audios específicos que pretenden que se escuchen en el juicio, entre el conjunto de grabaciones captadas por los investigadores de la Policía Nacional.
Se trata de las conversaciones registradas tras la intervención de los teléfonos de los principales procesados, practicada con motivo de la segunda fase de la operación Brugal, entre 2008 y 2010.
Alperi y Castedo
La causa se sigue contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, a quienes Anticorrupción considera responsables de los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias por, supuestamente, haber facilitado información sobre el nuevo Plan General de Alicante al promotor Enrique Ortiz cuando todavía no era pública.
A cambio, habrían recibido presuntas dádivas, entre las que figurarían viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta, la entrega de un vehículo y diversas sumas de dinero en metálico.
Además de los dos expolíticos, también se sentarán en el banquillo de los acusados el propio constructor y los abogados socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez, entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas de diez años de prisión para los dos exalcaldes y otros ocho años de privación de libertad para Ortiz. La representación legal del Ayuntamiento, por su parte, solicita 4 años para los dos exmunícipes y 5 para el promotor. Por último, EU pide 10 años para Alperi y Castedo y 13 para el empresario.
El juicio, que sigue pendiente de señalamiento, podría celebrarse en la segunda mitad del año 2020, según fuentes judiciales. De hecho, la providencia dictada ahora de las escuchas resulta determinante para concretar el número de sesiones que serán necesarias para un juicio que se antoja especialmente largo por el número de testimonios y pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas.
La causa del PGOU es una de las piezas separadas del Brugal más relevantes desde el punto de vista mediático y se suma a las de las basuras de Orihuela y la Vega Baja, así como a las irregularidades en la recogida de residuos de otras poblaciones de la misma comarca y de otras más lejanas, como Calp.
