El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha remitido sendos escritos a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Segura y el Júcar, Mario Urrea y Manuel Alcalde, instándoles a que actualicen con urgencia los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la provincia, así como la revisión de los datos. Mazón exige una puesta al día de toda la cartografía incorporando los nuevos caudales máximos en las ramblas y ejes fluviales de la provincia. La iniciativa llega tras haber sufrido las consecuencias de la desoladora gota fría que azotó la Vega Baja en septiembre y «ante la alta probabilidad de que los valores técnicos hoy vigentes sobre inundaciones se hayan quedado desfasados y en estos momento no sean correctos», según el presidente de la Diputación.
María Gómez, alcaldesa de Almoradí, uno de los municipios más castigados por la gota fría, y diputada de Hacienda, subraya que «nuestro objetivo es que los datos del Ministerio se ajusten lo mejor posible a la realidad de las inundaciones y, además, también sería conveniente que esos planes de prevención tuvieran partidas presupuestarias para obras de prevención contemplando los escenarios más extremos, que es lo que pensamos sucedió en septiembre».
Mazón sostiene que, según toda la información disponible hasta el momento, el episodio de lluvias torrenciales de la gota fría del pasado mes de septiembre, con las graves inundaciones que asolaron buena parte del territorio de la provincia de Alicante, ha tenido un carácter excepcional, con precipitaciones de volumen e intensidad extraordinariamente elevadas.
Excepcionalidad
Esta excepcionalidad ha podido afectar, según el presidente de la Diputación, a las previsiones técnicas «sobre lluvias extremas en nuestra provincia, de forma que las estimaciones de volúmenes e intensidades de tormentas para diferentes periodos de retorno son, a fecha de hoy, probablemente más elevadas que las que había antes de estos episodios. Es muy probable que los caudales máximos de diseño, empleados, por ejemplo, para dimensionar las infraestructuras, o para la delimitación de los mapas de inundación, se hayan visto también modificados al alza con respecto a sus valores anteriores».
En consecuencia, para los técnicos de la Diputación existe una alta probabilidad de que los valores técnicos hoy vigentes sobre inundaciones (caudales, niveles del agua, mapas de riesgo, peligrosidad,) se hayan quedado desfasados y, en estos momentos, sean técnicamente incorrectos.
«Esta circunstancia tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de la ordenación del territorio, pues la cartografía oficial de peligrosidad y riesgo de inundación es la base para ordenar usos del suelo en las áreas inundables y su consideración en el planeamiento urbanístico de los municipios afectados», subraya Mazón.
En la provincia de Alicante esta circunstancia afecta de forma directa a comarcas enteras como la Vega Baja, donde se produjeron gravísimas inundaciones que requieren actuar de manera coordinada a la escala global de toda la Vega, más allá de los límites municipales, y donde es urgente actualizar y revisar los mapas de inundación a la luz de la experiencia pasada. En otras comarcas, las precipitaciones han tenido también un carácter excepcional por lo que la actualización y revisión resulta necesaria para toda la provincia.
A los efectos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, «deben realizarse las oportunas advertencias respecto a la provisionalidad de sus determinaciones, máxime si se produce su inscripción en el Registro Central de Cartografía a los efectos de la consideración legal de estos mapas como cartografía oficial dentro del Sistema Cartográfico Nacional».
Por otra parte, y puesto que los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son la base para los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), la Diputación reclama proceder a la revisión de estos planes en las cuencas del Segura y el Júcar, de manera que incorporen la nueva información hoy disponible. «No resulta razonable emprender actuaciones contempladas en el vigente PGRI sin tener en cuenta las posibles modificaciones en su concepción y dimensionamiento que tendrán que llevarse a cabo a la vista de esta nueva información», asevera Mazón.
Por otro lado, la Diputación exige la revisión urgente del actual y vigente PGRI, redefinir las actuaciones, y establecer una relación de prioridades y compromisos presupuestarios firmes para su financiación. Este catálogo de actuaciones debería incluir, según los técnicos, su grado actual de desarrollo, datos básicos y funcionalidad prevista, posible viabilidad económico-ambiental, costes y beneficios esperados, financiación, Administración competente, y posible actualización de todo ello. Con todo ello deben realizarse las consignaciones presupuestarias que proceda, debidamente priorizadas. De no ser así, todas las medidas del plan que pudieran comportar costes importantes -como las relativas a infraestructuras de defensa- carecerían de garantías reales para su ejecución.
La CHS está ejecutando, por su parte, por un importe de 46,6 millones de euros las obras de emergencia para restaurar los cauces y reparar infraestructuras tras la gota fría. Los trabajos consisten en la estabilización de las motas del río Segura y la adecuación del cauce a su estado previo. En las ramblas, se recuperará la capacidad hidráulica; y también se actuará en los canales del postrasvase, que se vieron seriamente dañados por las lluvias.
