Si algo puede definir esta tercera semana del juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez, la destinada a la exposición ante del jurado de las pruebas periciales, es la bipolaridad. Una dualidad legítima en términos jurídicos pero desquiciante en la práctica. Sobre un mismo hecho, los nueve miembros del tribunal popular que desde el pasado 14 están juzgando a Miguel López por el crimen de su suegra han escuchado una cosa y la contraria. Y lo han hecho de boca de expertos contratados por la acusación y la defensa para, sobre el papel, contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Antes de eso, el jurado tuvo la oportunidad de oir la base de esas conjeturas contrapuestas. La contundente declaración del inspector que dirigió las pesquisas, quien aseguró que no se puede entender el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala sin la participación del sospechoso. Y las no menos categóricas de los agentes de la Policía Científica, quienes concretaron que esta ejecución (en palabras del fiscal) nunca podría ser obra de un sicario pero sí de alguien que tenga conocimientos en armas como, apuntaron los agentes, es el caso del acusado.
El reto del tribunal está ahora en cribar testimonios y valorar datos para acabar discerniendo entre lo cierto y lo incierto.
El tiempo de los disparos y la agonía de la víctima
Relevante para determinar dónde se encontraba el acusado cuando la víctima fue tiroteada es precisar el momento exacto en que se efectuaron los disparos. De haber ocurrido después de las 18.38 horas, cuando las cámaras captan a Miguel López abandonando su negocio, donde se perpetró el crimen, el dato sería claramente exculpatorio. Si fue antes, entre 18.25, cuando María del Carmen llegó a Novocar, y el momento en que un trabajador la encuentra ensangrentada, en torno a las 18.52, las sospechas permanecen intactas. Pero saber a qué hora recibió los dos impactos que acabaron con su vida es imposible.
Así lo afirmaron ante el tribunal dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Alicante. Los únicos que practicaron la autopsia al cadáver (los peritos de parte hicieron su estudio forense sobre fotografías) y quienes coincidieron con el facultativo contratado por la acusación particular, que en nombre de hijo mayor de la víctima ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco, en que el momento en que la mujer fue tiroteada está más cerca de cuando la recibe su yerno, el último que la ve con vida, al que es hallada malherida.
El informe de la defensa, por contra, apunta a que la muerte de la mujer, datada a las 19.05 horas, fue relativamente rápida. Unos diez minutos como mucho desde que fue tiroteada. Una hora que sitúa al acusado lejos de la escena de crimen pero que hace complicado explicar qué hizo María del Carmen dentro de coche durante más de veinte minutos en los que no tocó el móvil, no puso la radio y ni tan siquiera llegó a meter la llave en el contacto.
La conexión fantasma al WhatsApp
Un informe presentado por la defensa, de la que se ocupa el abogado Javier Sánchez-Vera, sostenía que María del Carmen pulsó su WhastApp a las 18.55. 23 horas de ese 9 de diciembre de 2016. Una afirmación que después el perito de Miguel López tuvo que matizar en sede judicial cambiando el «pulsó» por el «se activó» tras desmentir los tiempos esa primera afirmación. Es imposible que la víctima estuviera utilizando la aplicación de mensajería a esa hora cuando 22 segundos antes está registrada la primera llamada al 112 alertando del hallazgo de una mujer ensangrentada. Los informáticos contratados por la acusación explicaron al jurado los registros automáticos que realiza diariamente el sistema operativo del móvil, al que atribuyeron esa conexión fantasma que aparece en el terminal de la víctima.
Roces en un juicio complicado
Es un juicio largo, el que surjan roces entra dentro del guión. Y más en éste, el de mayor duración de los celebrados con jurado popular en Alicante, con cerca de un centenar de testificales y las partes peleando cada detalle sabedoras de lo mucho que hay en juego: desde la absolución a una condena de más de 24 años por el crimen de María del Carmen Martínez. Así está ocurriendo, especialmente entre la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, y las dos acusaciones, la pública que dirige el teniente fiscal José Llor, y la particular, que en nombre del hijo mayor de la víctima ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco.
Rara ha sido la sesión de las trece que ya ha consumido la vista en que las chispas no hayan saltado en el estrado. Situaciones en que las acusaciones se han quejado de un trato desigual respecto al que la magistrada estaba dispensando a la defensa, que lleva el letrado Javier Sánchez-Vera, cuando la juez ha tenido que verbalizar que ella quien dirigía el proceso y que, por tanto, asumía las consecuencias aunque no estuvieran de acuerdo los acusadores.
En una ocasión Bru ha llegado a amenazar con cerrar el micrófono a Ruiz Marco, con quien ha protagonizado los más sonoros enfrentamientos dialécticos, y en una de las últimas jornadas, cuando durante la declaración de un perito comunicó a las acusaciones que le hicieran las indicaciones que estimaran para hacérselas llegar al declarante, el fiscal no pudo evitar soltar: «Pues bueno es saberlo ahora, señoría».
