De media, una hora para cada palabra: casi 24 horas para un comunicado que se limita a dos frases, con un total de 24 palabras. Ni una más ni una menos. Y medidas: para no decir nada, para no «pillarse» los dedos. Para salir del paso, y ya. Para cubrir el expediente. Como si se tratase de un desconocido, como si no abordasen una dura resolución judicial contra el líder del partido durante seis años (de 2012 a 2018) y la persona que devolvió las centenarias siglas al frente de la Alcaldía tras una travesía por el desierto de dos décadas.
El PSOE de Alicante tardó casi un día entero en romper su silencio tras conocerse la sentencia que condena al exalcalde de Alicante y ex secretario general del PSOE en la capital alicantina, Gabriel Echávarri, a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público (en realidad, para ser alcalde o concejal) por, según la resolución judicial de la Audiencia Provincial, un delito continuado de prevaricación al fraccionar «de forma reiterada y deliberada» contratos en la Concejalía de Comercio a finales de 2016, durante el gobierno del tripartito de izquierdas.
El «comunicado» en realidad fue un mensaje reenviado a través de la aplicación WhatsApp por el portavoz de la Ejecutiva local, Sergio Ramón, al ser preguntado por el resultado de la reunión de la dirección socialista celebrada a última hora del pasado martes en sesión extraordinaria (aunque inicialmente era solo para resolver cometidos de ámbito doméstico del partido como la campaña o el pleno municipal previsto para hoy). El mensaje constaba de solo dos puntos, uno resuelto en diez palabras y otro, en catorce, precedido de un texto a modo de introducción: «En la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva Municipal, encabezada por el secretario general Miguel Millana, se han tomado los siguientes acuerdos». En el primer punto, se señalaba que «el PSOE no valora las decisiones judiciales, simplemente las respeta». En el segundo, se añadía: «Al ser una sentencia que no es firme no da lugar a más valoraciones». Un comunicado vacío: ni de apoyo a Echávarri, que fue el cabeza visible del partido hasta hace año y medio (y tanto antes como ahora bajo el manejo externo de Ángel Franco), ni de censura al que fuera alcalde y ex secretario general de los socialistas. El partido despachó la sentencia, que también afecta al anterior portavoz de la Ejecutiva, exconcejal y exjefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, con un comunicado plano. De trámite. «Un comunicado por decir algo», como decían ayer socialistas indignados con el contenido del mensaje que fue enviado a las 11.30 horas de ayer. Una hora después, de un día antes (12.30 horas del martes), este diario adelantó la sentencia de la Audiencia Provincial contra Echávarri y dos de sus asesores en su etapa como alcalde de Alicante.
Un día después de conocerse la resolución, el exalcalde siguió firme en su silencio (como anunció el primer día del juicio). Desde su entorno más próximo se insistió ayer en que la sentencia no va a cambiar el día a día de Echávarri, que dejó el cargo en abril de 2018. «Su etapa en política ya estaba cerrada, así que no afecta a su vida. Él está tranquilo, se esperaba esta resolución de la Audiencia, y confiado en que se demuestre su inocencia en otras instancias judiciales», apuntó ayer su entorno, que resaltó el número de apoyos recibidos por el socialista, a nivel privado, tras conocerse la sentencia.
Las polémicas del PSOE y sus comunicados sobre Echávarri, sin embargo, no son nuevos. Al revés, más bien recientes. Hace poco más de un mes, a finales de septiembre, el actual secretario general, ejerciendo su papel de marioneta de Franco, hizo dos valoraciones propias, enfrentadas, en apenas tres horas sobre la decisión del ahora alcalde, el popular Luis Barcala, de abandonar la acusación particular contra Echávarri en el «caso Comercio». El exsenador, una vez más, evidenció la falta de liderazgo del secretario general socialista, a quien obligó a rectificar sus palabras contra Barcala tras consultar al exalcalde alicantino.
Millana está, sobre el papel, al frente de un partido sin líder orgánico en la práctica y que además deambula por el Ayuntamiento, pese a contar con tantos como concejales como el PP (y cuatro más que el otro partido del gobierno local, Cs), pero que no logra liderar la oposición, pese a que dispone de tres miembros más que el resto de grupos juntos (en alusión a Podemos, Compromís y Vox).
Un grupo que tampoco ha querido posicionarse sobre la sentencia de Echávarri, y que vive dividido en dos, según cuentan fuentes internas: por un lado, el encabezado por el portavoz, Francesc Sanguino, en el que se integra Trini Amorós (que suena como posible relevo al frente del grupo si finalmente el que fuera alcaldable busca nuevos aires, de un corte más cultural, tras las generales del 10-N) y Llanos Cano, que se integró dentro de la cuota mínima reservada a Sanguino en una lista electoral llena de imposiciones. En el otro se sitúa la mayoría del resto de ediles, incluido un Millana con un escaso predicamento dentro del grupo pese a ser un veterano político, que llegó a ser conseller con Joan Lerma en los años ochenta.
Las defensas preparan los recursos para presentarlos ante el TSJ antes del 14-N
Las defensas de los tres condenados en el «caso Comercio» tienen una fecha en mente: el próximo jueves 14 de noviembre (aunque técnicamente, serían las 15 horas del día 15). Ésa es el plazo límite para presentar los recursos a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que se comunicó el pasado martes a los tres acusados en el proceso judicial. Tanto la defensa del exalcalde Gabriel Echávarri, que ejerce el abogado José Díaz, como la defensa de los exasesores Pedro de Gea y Lalo Díez, a través del letrado Fernando Cazorla, trabajan en la preparación de los respectivos recursos ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Según la sentencia, las defensas tienen un plazo de diez días hábiles para recurrir una sentencia condenatoria que supone, de no modificarse en instancias superiores, ocho años y medio de inhabilitación para Echávarri y De Gea y de siete años para Díez por el fraccionamiento «deliberado» de contratos en la Concejalía de Comercio a finales de 2016. Las respectivas defensas, que comparten despacho en Alicante, buscarán revertir la sentencia en la primera instancia a la que pueden recurrir, el TSJ.
