30 de octubre de 2019
30.10.2019

«Los contratos debieron tramitarse legalmente mediante un concurso público. No hubo publicidad ni concurrencia»

La sentencia destaca que las ocho facturas fraccionadas se adjudicaron a dos empresas y con solo unos días de diferencia

29.10.2019 | 23:39

n La sentencia del caso Comercio, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, subraya que los contratos debieron «tramitarse legalmente, mediante un concurso público» y no a través de contratos menores, como así se realizaron en la recta final de 2016, en la etapa del tripartito al frente del Consistorio alicantino. «Si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios. No hubo publicidad ni concurrencia», recoge el documento, donde se insiste en que el fraccionamiento de contratos se produjo en dos de los tres bloques señalados por técnicos municipales, aunque tampoco se exime de irregularidades a la tercer agrupación de facturas del área de Comercio.

En el bloque relativo a la Gala de Comercio, los jueces explican que las cuatro facturas emitidas, que suman 32.350 euros, «responden a un único objeto: la gestión de la imagen y difusión de la Gala de los Premios de Comercio 2016» y que además se contrataron con la misma empresa. Además, la sentencia enfatiza en que las cuatro facturas fueron emitidas en un plazo de un mes, y tres de ellas en el mismo día.

Por otro lado, en el bloque relativo a la cartelería y la señalética de dos de los mercados municipales (Benalúa y Babel), los magistrados también destacan que se tramitaron cuatro facturas, por un importe total de 32.900 euros, que se volvieron a contratar con una misma empresa, «teniendo las facturas una diferencia de fechas de sólo diez días».

En el bloque derivado de las actividades de promoción del comercio, los jueces admiten que «no se puede hablar de unidad funcional», aunque insisten en que «eso no quiere decir que se actuara correctamente», dado que «en ninguna de estas contrataciones se solicitó la intervención de ningún técnico de Comercio, ningún técnico quiso hacerse responsable y ningún técnico comprobó que se había prestado el servicio y que el precio era correcto». Eso sí, aunque reconocen que la tramitación del expediente «sólo exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura», en estos contratos concluyen que se «contravino la forma normal de proceder en la concejalía», al no existir ningún expediente previo a la adjudicación. «A partir de 500 euros, se pedían tres presupuestos», según dijeron técnicos del área. La sentencia, firmada el lunes, se facilitó ayer a los condenados.

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