Cuando las voces que anuncian una nueva crisis económica se oyen cada vez con más intensidad, un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza revela que en el 26% de la población en la Comunidad Valenciana vive en situación de pobreza, 1,2 millones de personas, lo que extrapolado a la provincia de Alicante representa a cerca de 470.000 personas.

Lejos de reducirse, esta tasa se incrementa levemente respecto al año anterior (25,6%) y prácticamente iguala el valor del año 2014, que fue el más alto de la década, según destacan los responsables de este informe. El empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres está detrás de estas cifras. «En un ambiente de recuperación económica, a los hombres no les ha sido tan complicado salir de la crisis como a las mujeres, que continúan accediendo a los puestos laborales más precarios», señala Nuria Tendeiro, coordinadora técnica de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la Comunidad Valenciana. También las familias monoparentales sufren un mayor riesgo de pobreza, «y actualmente el 80% de estas familias están encabezadas por mujeres». Por último entre las personas que cobran pensiones de viudedad han aumentado las cifras de pobreza y Tendeiro recuerda que la mayor parte de las perceptoras de estas pensiones son mujeres.

Los datos empleados por esta entidad para su informe proceden de la denominada tasa Arope, empleada por la Unión Europea desde hace unos años para medir el riesgo de pobreza. Se considera que una persona es pobre si se cumple al menos una de tres situaciones: personas que viven con bajos ingresos, personas que sufren privación material severa (4 de los 9 items definidos) o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo).

La privación material hace referencia a que, por ejemplo, la familia no puede permitirse un teléfono, un televisor, una comida de carne o pescado al menos dos días a la semana o mantener la casa con una temperatura adecuada.

Aunque en el último año la tasa Arope ha mejorado para el conjunto de la Comunidad Valenciana, los responsables de este estudio alertan de que aún está por encima de la media estatal en 4,1 puntos y sigue siendo un 10% más alta que cuando se originó la crisis en 2008. «Esto nos indica que tenemos una pobreza estructural muy fuerte y es preocupante», señala Tendeiro, quien añade que el incremento del 3,5% del PIB valenciano en esta última década «no ha resultado suficiente para reducir la tasa Arope».

Las buenas noticias vienen por el hecho de que en el último año se ha reducido la tasa de pobreza severa, es decir de aquellas personas que cobran las rentas más bajas y que suponen el 5,8% de la población, cuando el año anterior esta cifra era del 9,3%. Con todo, la Comunidad Valenciana aún tiene unas 287.000 personas que ingresan en sus hogares menos de 370 euros al mes por unidad de consumo, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades diarias.

El informe también analiza la evolución de las pensiones en el último año. En la Comunidad Valenciana, unas 342.000 personas, 25.000 más que el año anterior, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no estar bajo el umbral de pobreza. Es decir, el 34,7% de todas las pensiones y, si se consideran sólo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 42%, tienen un importe inferior al umbral de pobreza.

Pobreza entre los niños

Los datos de ese informe se suman a otro que publicó recientemente la organización Save the Children, en este caso referidos a la pobreza entre los niños. La ONG alerta de que un 39% de los menores de 16 años en la provincia de Alicante se encuentran en situación de pobreza. Detrás de estas cifras se esconden 113.745 niños cuyas familias tienen serias dificultades para hacer frente a los gastos más básicos de alimentación, ropa o educación. Los índices de pobreza son además peores en la provincia de Alicante que en el resto de la Comunidad Valenciana y, lejos de mejorar con la supuesta recuperación económica han empeorado. En el año 2013, en lo más hondo de la recesión económica, Cruz Roja cifraba en 90.000 los niños que necesitaban ayuda por estar en riesgo de exclusión.