Con incertidumbre y mucha preocupación. Así han seguido los inmigrantes ecuatorianos de Alicante los acontecimientos que a miles de kilómetros están sacudiendo su país. Doce días de protestas que han dejado toques de queda en Quito, la capital, siete muertos y miles de heridos. El trasfondo de las protestas, un paquete de ajustes económicos que incluía el aumento del precio de los carburantes.
«Había días en los que no podíamos hablar con nadie porque había un apagón informativo. Interesaba que el país estuviese incomunicado para que nadie se enterara de lo que estaba pasando», lamenta Delia Rivera, presidenta de la Asociación Intercultural Familiar, que reúne a inmigrantes ecuatorianos en Alicante. Un apagón informativo que los compatriotas desde España «hemos estado tratando de romper, publicando a través de las redes sociales de que nos contaban que estaba ocurriendo».
Protestas en Alicante
Durante el fin de semana, decenas de miembros de esta asociación se han manifestado en las calles de Alicante y Elche para protestar por la situación que atraviesa su país.
La situación ha sido especialmente crítica en Quito, donde reside un sobrino de Rivera. «No podían prácticamente salir de sus casas. El transporte público no funcionaba y pinchaban las ruedas de las bicicletas. Ahora su jefe amenaza con despedirlo por no ir a trabajar», lamenta esta mujer, que ahora pide justicia por los muertos que han dejado estas revueltas. «El presidente debe dimitir y se deben depurar responsabilidades sobre quién ordenó disparar gas lacrimógeno contra la población». A juicio de la responsable de la entidad de inmigrantes hay situaciones que además deben aclararse. «Se está hablando de que en estos días han desaparecido 50 niños, sin que se sepa donde están».
La universidad de la ciudad fue escenario de algunos de los momentos más duros de estas jornadas de protesta. «La gente se refugió allí y hubo infiltrados que se colaron y dispararon bombas lacrimógenas contra la gente, un hecho que pasó totalmente desapercibido». Delia Rivera lamenta además que el conflicto está separando a familias, «porque todos tenemos seres queridos en uno y otro bando».
También en Quito vive la mayor parte de la familia de Jorge Vinicio Cañar, quien regenta un locutorio en Alicante. Estos días para él también han sido un sufrimiento por la distancia y por la falta de información. «Me contaban que todo estaba paralizado y las calles cortadas y sin ningún tipo de seguridad. Las familias preferían quedarse metidos en casa antes que arriesgarse a salir».
Una tregua
La comunidad ecuatoriana respiraba ayer más tranquila después de que el Gobierno de Lenín Moreno derogara en la noche del domingo, tras 12 días de intensas protestas, el paquete de ajustes económicos que incluía una cuestionada subida del precio de la gasolina. Delia Rivera espera que sea el inicio de la vuelta a la normalidad.
Cañar confía, por su parte, en que los acontecimientos de los últimos días sean el punto de inflexión para que su país comience a levantar cabeza. «El país está endeudado y debilitado. No hay empresa privada, la tecnología es cara y no se invierte».
Una situación económica que se ha dejado sentir en la provincia de Alicante, a miles de kilómetros de distancia de Ecuador.
Y es que hasta hace un año el país contaba con un consulado propio en el centro de la ciudad de Alicante, «pero el actual presidente comenzó a aplicar recortes y consideró que Alicante no era una ciudad demasiado grande para contar con un consulado propio y lo suprimió, pese a que recogimos más de un millar de firmas para tratar de impedirlo», afirma Rivera.
