La reciente denuncia formal ante Educación de un padre de una alumna de Alicante contra un centro concertado por el cobro indebido de cuotas encubiertas, bajo la denominación de «cuotas voluntarias» en el servicio del comedor ha llevado a la Confederación de padres de alumnos «Gonzalo Anaya», mayoritaria en los colegios públicos, a reclamar de la Conselleria de Educación que lleve a cabo una auditoría de estos colegios subvencionados con fondos públicos para evitar «cualquier tipo de segregación por motivos económicos».
Aunque la conselleria ha intervenido ya en este caso concreto y ha obligado al colegio Sagrados Corazones de Alicante a readmitir en el comedor a la niña y a acabar con los cobros irregulares disfrazados como «cuotas voluntarias», tal y como le hizo llegar la inspección educativa al titular del citado centro concertado, el colectivo de padres insta a Educación a «diagnosticar cuotas y aportaciones en los centros educativos», como señala la presidenta de la confederación de padres, Silvia Centelles.«Se debe controlar cualquier tipo de cobro a las familias porque atenta contra el principio constitucional de la gratuidad de la educación», añade.
Los representanes de los padres de alumnos añaden que la práctica «extendida» de «exigir cuotas o aportaciones» a las familias en este tipo de centros es, «además de ilegal, un elemento de selección de alumnado, y provoca segregación escolar en función del nivel socioeconómico de las familias».
La confederación mayoritaria de las AMPA de centros públicos, en la que está integrada la FAPA provincial Enric Valor, sugiere a la conselleria que utilice el servicio de la inspección educativa para llevar a cabo un control pormenorizado sobre ese tipo de prácticas. De hecho, el padre denunciante advirtió en declaraciones a este diario que seguirá adelante con su denuncia para que se abra una investigación, con el objetivo de erradicar lo que califica como «chantaje» a las familias.
En su caso, a su hija se le había excluido del comedor escolar mientras no abonara una cuota que incluía servicios extra que la niña no utiliza, como la escuela matinera antes de empezar las clases o las extraescolares en el tiempo de comedor. «El cobro a las familias es una praxis muy extendida y es irregular», insiste la presidenta de la confederación de padres de los centros públicos al tiempo que aboga por «la transparencia y la fiscalización, porque es fundamental».
Silvia Centelles concluye, en nombre de los padres, con la exigencia de que se transmitan a los equipos directivos «órdenes claras para evitar estos cargos a las familias y a las AMPA», y sostiene que «la única garantía para ello es contar con una red exclusiva de centros de titularidad pública. Cualquier otro tipo de gestión de la educación es un negocio que no permite el cumplimiento de este derecho universal», lamenta.
