A la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà no le han faltado normas los últimos cuatro años para tratar de atajar el cobro a los padres de alumnos de cuotas indebidas y generalizadas que se pasan al cobro a los padres como «cuotas voluntarias» por parte de los colegios concertados, subvencionados con fondos públicos.
Tanto el decreto de admisión de alumnos aprobado en el primer curso escolar del Gobierno del Botànic, 2015-16, como la orden sobre el régimen de conciertos educativos de enero de 2019, incluyen en su articulado la prohibición de «cobros indebidos a los padres» -como consta en el decreto-, y del cobro por enseñanzas concertadas «ya sea directa o indirectamente», como reitera la orden de conciertos.
Sin embargo, la primera denuncia formal interpuesta ante Educación por el padre de una alumna en Alicante, contra el pago de la citada «cuota voluntaria» en un centro concertado, ha puesto en evidencia que la conselleria solo actúa a golpe de denuncia, sin un efectivo control a través de la inspección por el cumplimiento de la normativa en vigor.
La patronal de la enseñanza concertada se echó a temblar con la llegada del conseller Marzà al cargo, como miembro del grupo Compromís que había propiciado desde la oposición política la primera fiscalización de las cuentas de los centros concertados. Dicha denuncia desembocó en un informe de la Intervención que advertía del cobro indebido a los padres, lo que «vulnera el principio de gratuidad de la enseñanza» en colegios subvencionados por las arcas públicas, como señala el citado informe de 2013.
Material y servicios de todo tipo se siguen abonando por las familias que escolarizan a sus hijos en centros concertados sin que en la mayoría de los casos quede suficientemente claro que todos estos pagos son «de carácter voluntario», decía el informe. Y ahí seguimos.
Con ese mismo informe de la Intervención en la mano, el conseller Marzà advirtió en su primera intervención pública, hace ahora cinco años, que se había «acabado la barra libre para los colegios concertados». «Que las familias sepan que los centros sostenidos con el dinero de todas y todos deben garantizar la gratuidad de los servicios educativos en todos los casos, sin excepciones», concretó entonces.
La respuesta desde las filas de la patronal de la enseñanza concertada apunta a que en ningún caso se cobra por enseñar, y que otra cosa son las aportaciones que realizan los padres para otro tipo de servicios o actividades complementarias, entre las que incluyen el comedor.
Precisamente en este servicio de menú escolar diario es donde se enmascaran la mayoría de las cuotas extra que se sigue obligando a pagar a los padres bajo el disfraz de una «cuota voluntaria». Es lo que ha destapado con su denuncia un padre en Alicante, que no está dispuesto a pagar por servicios que su hija no utiliza, y a la que el centro concertado había impedido el acceso al comedor mientras el padre no pagara dichos extras que superaban los 800 euros por diez meses.
La conselleria ha intervenido diligentemente y obligado al centro tanto a admitir a la alumna en el comedor, como a «acabar con la irregularidad de cargar en el recibo del comedor las cuotas de aportaciones voluntarias, que nunca pueden ser obligatorias para las familias». ¿Caso resuelto? No lo ve así el padre afectado, que va más allá porque entiende que hay un «chantaje» encubierto por parte de estos centros, y exige a Educación que acabe con esta práctica.
De momento, la conselleria se limita a actuar puntualmente sin llevar a la práctica una auditoría a los centros concertados que ratifique si se han erradicado los extremos detectados por la Intervención hace ya seis años, cuando gobernaba el PP, y que dio lugar a normativas del actual Consell que se quedan en papel mojado si no se supervisan de oficio.
